La Asociación de Industriales de la Mesa de Otay (AIMO) señaló que, aunque el reciente incremento al salario mínimo en la frontera mexicana es socialmente justificable, su impacto será limitado si no se acompaña de una estrategia integral para impulsar la productividad y el crecimiento económico del país.

El presidente de la organización, Lic. José Luis Contreras Valenzuela, explicó que el aumento del 5% para la región fronteriza, menor al 13% aplicado en el resto del país, responde a los avances en recuperación del poder adquisitivo que ha tenido la zona en los últimos años. Con ello, el salario mínimo en la frontera llegará a 487 pesos diarios, equivalentes a 2.8 canastas básicas, una cifra que el empresario considera razonable.

“El sector empresarial no se opone al alza salarial, pero preocupa la falta de apoyo del sector público para acompañar estos cambios”, afirmó Contreras. Añadió que, en realidad, las empresas absorben estos incrementos, y no son un logro del gobierno. Además, destacó que la informalidad laboral en la región alcanza ya el 55% de la población ocupada.

El líder industrial advirtió que, aunque el aumento salarial sea manejable en el corto plazo, existen otras reformas laborales como la reducción de la jornada laboral a 40 horas que incrementan los costos operativos y presionan a una economía que aún no genera suficientes empleos para su población en crecimiento. 

Actualmente, se estima que México generará alrededor de 480 mil empleos este año, muy por debajo de la demanda natural de un millón, situación que refleja un rezago estructural que se arrastra desde hace años, agravado por la escasa inversión en infraestructura, tecnología y capital humano.

Contreras también señaló que, en los últimos seis años, la productividad del país ha caído más de 7% anual, según datos de la OCDE, mientras que los salarios continúan en aumento en una economía que apenas crece por debajo del 1%. Añadió que las recientes reformas laborales y fiscales tienen un fuerte componente recaudatorio, elevando en promedio en un 47% el costo de la unidad de trabajo, sin que esto necesariamente beneficie directamente a los empleados.

Finalmente, el dirigente industrial hizo un llamado a replantear la política pública a nivel nacional, priorizando la inversión en educación, ciencia, tecnología y formación de capital humano. Asimismo, propuso un redireccionamiento del gasto social hacia actividades productivas que impulsen el valor agregado, el empleo y el crecimiento sostenido del país.

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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana reconoció que el reciente ajuste al salario mínimo para la zona fronteriza es una decisión responsable y equilibrada. El incremento del 5%, cercano a la inflación, permitirá dar un respiro a las empresas, sin frenar la recuperación económica ni la generación de empleo.

El presidente del CCE Tijuana, C.P. Roberto Lyle Fritch, explicó que esta medida refleja que las voces del sector empresarial fueron escuchadas tras diversas reuniones en Ciudad de México con legisladores federales, donde se expusieron los riesgos de continuar con aumentos abruptos.

“Presentamos argumentos sólidos sobre la importancia de estabilizar el salario mínimo en la frontera, considerando que ya se habían logrado los objetivos de recuperación del poder adquisitivo; afortunadamente se escuchó al sector productivo y se tomó una decisión que permitirá fortalecer nuestra economía”, expresó.

El líder empresarial recordó que, en siete años, el salario mínimo en la zona fronteriza registró un incremento acumulado del 375%, lo que no solo permitió recuperar el poder de compra, sino también superar la meta de cubrir 2.5 canastas básicas, un umbral que históricamente se buscaba alcanzar.

No obstante, aclaró que mantener ese ritmo de aumentos comenzaba a afectar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas unidades económicas, muchas de las cuales operan con márgenes reducidos y no pueden absorber incrementos abruptos.

Lyle Fritch destacó que cada aumento salarial también eleva proporcionalmente las prestaciones y cargas sociales, como el aguinaldo, vacaciones, seguridad social, Infonavit y Afore, por lo que era fundamental evitar presiones adicionales que pudieran seguir provocando cierres o transiciones a la informalidad.

Respecto al incremento del 13% aprobado para el interior de la República, el dirigente comentó que la diferenciación salarial sigue siendo necesaria para equilibrar las condiciones regionales y evitar desventajas competitivas para las empresas de la frontera, que ya operan con costos más elevados.

Además, subrayó que el nuevo ajuste permitirá planear con mayor certeza el año 2026, mientras se fortalecen estrategias para impulsar la productividad y crecimiento económico en sectores clave de la región.

Finalmente, reiteró que el CCE Tijuana mantendrá el diálogo con las autoridades federales para asegurar que las decisiones laborales y económicas continúen tomándose con base en criterios técnicos, de consenso y de protección al sector productivo.

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El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un incremento del 13 por ciento al salario mínimo general para 2026, con lo que pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios, equivalente a 9 mil 582.47 pesos mensuales. El aumento forma parte del plan federal para que el salario mínimo permita acceder a 2.5 canastas básicas, una meta trazada hacia el año 2030.

El incremento fue resultado de un consenso entre el sector empresarial, obrero y el gobierno federal. El secretario del Trabajo, Marth Bolaños, detalló que este ajuste representa un nuevo avance en el poder adquisitivo de las y los trabajadores.

Incremento en la frontera norte

Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será de 5 por ciento, de modo que el salario mínimo diario pasará de 419.88 a 440.87 pesos, cifra que representa un ingreso mensual de 13 mil 409.80 pesos.

Bolaños señaló que este ajuste permite cumplir parcialmente la meta de alcanzar el equivalente a 2.5 canastas básicas para las familias trabajadoras de la región.

El gobierno federal destacó que, con este incremento, el salario mínimo habrá recuperado 154.2 por ciento de su poder adquisitivo durante los gobiernos de la Cuarta Transformación, alcanzando su nivel más alto desde 1980.

En comparación, el último aumento aplicado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue del 12 por ciento en enero de 2025, cuando el salario pasó de 248.93 a 278.80 pesos.

“No provocará inflación”: Sheinbaum

La presidenta Sheinbaum agradeció al sector empresarial por lograr un acuerdo unánime e insistió en que el aumento no generará presiones inflacionarias, como históricamente se argumentó.

“Durante años se dijo que no podía subir el salario mínimo porque iba a provocar inflación y que ya no habría inversión. Hoy tenemos récord de inversión extranjera, no ha habido inflación y el salario mínimo ha aumentado 154 por ciento desde 2018”, señaló.

Explicó que tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México monitorean la tendencia inflacionaria y coincidió en tres puntos fundamentales sobre el aumento:

• Incrementar el salario mejora la productividad.
• La Constitución establece que el aumento debe ser superior a la inflación.
• El ajuste se define en mesas de trabajo con empresarios y sindicatos, no de manera unilateral.

Sheinbaum afirmó que este nuevo incremento permitirá seguir mejorando la calidad de vida de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad económica del país.

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La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana dio el banderazo oficial a El Buen Fin en Plaza Río.

El evento, encabezado por Olivaldo Paz Gómez, presidente de Canaco Tijuana, contó con la participación de funcionarios federales, estatales y municipales, quienes resaltaron la importancia de esta plataforma para la economía local. 

El líder empresarial destacó que comprar en Tijuana garantiza seguridad, confianza y derechos al consumidor, incluso en comparación con muchas tiendas del vecino país, incluyendo políticas de devolución y garantía.

Paz Gómez subrayó que El Buen Fin no solo es una oportunidad para que las familias accedan a productos a buenos precios, sino también un reconocimiento a quienes trabajan detrás de cada venta responsable.

En el marco del evento, el Secretario de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti), Pedro Montejo Peterson, anunció una iniciativa conjunta con Canaco para ofrecer pases de cruce gratuito a turistas estadounidenses, facilitando su regreso a casa y promoviendo el turismo de compras.

Para este año, se espera que en la ciudad participen más de 25 mil negocios, con una derrama económica superior a los 5 mil millones de pesos en 2023 y cerca de 6 mil millones en 2024. Se proyecta que las ventas durante El Buen Fin 2025 superen los niveles de años anteriores, con un crecimiento estimado del 13 al 17 de noviembre. A nivel nacional, la meta es alcanzar los 200 mil millones de pesos en ventas.

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Con la extensión del Buen Fin por un día más, las expectativas de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tijuana (Canaco Tijuana) son altas. 

Su presidente, Olivaldo Paz, expresó que la proyección es que las ventas este año superen las del año pasado, y que, dado que se trata de un solo día adicional, esperan un incremento significativo en las ventas.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una cifra exacta de cuántos negocios participarán en esta edición, pero se estima que serán más de 5 mil establecimientos, en su mayoría tiendas departamentales y centros comerciales. Sin embargo, Paz refirió que todavía hay un reto importante convencer a los pequeños comercios, como zapaterías y joyerías, de sumarse a esta iniciativa. 

“Es como la persona que inicia y difícilmente se acerca a una banca porque cree que no es merecedor de tener ese crédito; la idea es que rompa esa barrera y que venga”, comentó el presidente de la Canaco, impulsando la participación de todos los comercios en este evento.

Por otro lado, Paz destacó la participación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que actúa como vigilante de las ofertas y los precios. La institución habilitó un número telefónico para que los consumidores puedan denunciar en caso de que algún negocio no respete los precios anunciados, garantizando así la transparencia y la protección del consumidor durante este periodo de ventas.

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