Luego de varios días de especulaciones, Juan Guillermo Ruiz Hernández renunció al puesto como fiscal general del estado de Baja California. Así se dio a conocer durante la mesa de seguridad llevada a cabo este martes en las instalaciones militares de Tijuana.

Con este motivo, se realiza una ceremonia de reconocimiento en el Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar.

Dijo el fiscal que estuvo en el cargo dos años y siete días; sin embargo, su gestión estaba programada para concluir en el 2024.

Finaliza su encargo prematuramente, pero con un mal precedente, ya que solo durante el fin de semana hubo 14 asesinatos en Tijuana, cuatro de ellos niños acribillados a balazos.

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila, agradeció el servicio prestado, su esfuerzo y entusiasmo en el combate a la violencia y el establecimiento de preparatorias públicas. Le hizo entrega de un reconocimiento por parte de los bajacalifornianos.

Hiram Sánchez Zamora queda como fiscal encargado de la dependencia, según marca la normatividad.

Reconoció que los retos son grandes, reforzar investigación penal, el apoyo al personal y habló de que ya se envió el presupuesto de egresos del 2022.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, luego de las acusaciones formuladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Rocha Moya aseguró que respondió “cabalmente” a las preguntas realizadas por la agente del Ministerio Público Federal y reiteró su disposición de acudir a cualquier llamado de las autoridades investigadoras.

A la opinión pública:

Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.

Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

El exmandatario estatal afirmó que mantiene plena confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, por lo que atenderá cualquier citatorio relacionado con las investigaciones abiertas en su contra.

Las acusaciones fueron dadas a conocer el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de United States, que lo señaló por presuntos pactos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.

En su posicionamiento, Rocha Moya también defendió al movimiento de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que las reformas impulsadas por el gobierno federal han fortalecido la legitimidad del sistema judicial mexicano.

Además, expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder que defiende la soberanía nacional frente a presiones externas.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, expresó el político sinaloense en su mensaje público.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, solicitó reabrir el caso relacionado con la iglesia La Luz del Mundo.

El caso involucra a su líder, Naasón Joaquín García, quien se encuentra sentenciado en Estados Unidos por abuso sexual de menores y enfrenta acusaciones por delitos como crimen organizado, trata de personas y pornografía infantil.

De acuerdo con la mandataria, la fiscal Godoy se acercó a las víctimas con el objetivo de impulsar una nueva audiencia que permita reactivar la investigación, luego de que en 2025 la FGR, bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, determinara el no ejercicio de la acción penal.

Sheinbaum explicó que actualmente un juez deberá resolver si se revoca dicha decisión. En caso de que así ocurra, la Fiscalía continuará con las indagatorias. Sin embargo, la audiencia en la que se definiría el rumbo del caso fue aplazada para el próximo 27 de abril.

El cierre previo del expediente generó inconformidad entre sobrevivientes y exintegrantes de la organización religiosa, quienes han denunciado presunto encubrimiento institucional en distintos espacios públicos.

La posible reapertura del caso representa un nuevo intento por esclarecer las denuncias presentadas desde 2019 y determinar responsabilidades en torno a los delitos señalados.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, derivado de los trabajos periciales realizados por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue identificado genéticamente el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un comunicado oficial, la institución detalló que elementos del Gabinete de Seguridad pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) diverso armamento asegurado durante el operativo, entre el que se encuentran fusiles con aditamentos lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, así como granadas y granadas de mortero.

Además, fueron puestos a disposición dos presuntos integrantes de una organización criminal, quienes enfrentarán el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, ordenó diversas diligencias periciales, entre ellas reconocimientos oficiales y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México, incluido el identificado como “El Mencho”.

De manera paralela, personal ministerial, peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron al poblado de Tapalpa, en el estado de Jalisco, para realizar el levantamiento, procesamiento e identificación formal de otras personas fallecidas en el lugar de los hechos.

La FGR indicó que, a raíz de los actos violentos registrados en distintas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados, de las cuales 37 corresponden a Jalisco.

Finalmente, la Fiscalía subrayó que las investigaciones continúan en curso por los delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y reiteró que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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