En un acto de congruencia yo no quiero que regrese la Policía Estatal Preventiva (PEP), pero por institucionalidad ya fue aprobada la creación de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana en la mayoría de los municipios, queda coordinarme, dijo la Presidenta Municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

‘’Institucionalidad y cordialidad, aunque no esté de acuerdo con el regreso de la PEP, y no me queda más que seguir el plan de seguridad que lo avala la Gobernadora y el Presidente de México, pero yo sigo con mi congruencia’’, sostuvo la Alcaldesa.

Agregó que ella no será un ‘’bache’’ en esta formación, sino que habrá de coordinarse, a la vez que precisó que en el área que le compete que es la prevención, se han sacado de circulación en dos meses, 350 armas, ‘’significa 350 menos posibilidades de que un tijuanense sufra un homicidio sin mencionar que hablamos o suponemos que se utilizara un cartucho por arma’’, destacó la Alcaldesa.

Gobernadora está grandota y me desgreña, dijo riendo la Alcaldesa

Tras sostener la Alcaldesa de Tijuana que siempre han estado bien las cosas con la Gobernadora Marina del Pilar, no pudo evitar bromear diciendo que ‘’está bien alta y me desgreña, no la ven que está altísima’’. 

Sin embargo aclaró que Marina del Pilar es la Gobernadora, ‘’y yo soy Presidenta Municipal, yo nada más estoy en Tijuana y velo por Tijuana, tan es así que seguiré en mi postura de no a la división de Tijuana’’.

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En su última publicación en redes sociales, la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, compartió su postura y recomendaciones dirigidas a servidores públicos en relación con la transparencia en la adquisición de propiedades. 

La también exfuncionaria expresó que, en caso de surgir dudas sobre el origen del dinero utilizado para comprar un inmueble, es fundamental seguir ciertos pasos jurídicos para aclarar la situación.

Caballero explicó que, desde su experiencia, los pasos clave para transparentar la procedencia de recursos son los siguientes: en primer lugar, presentar las últimas cinco declaraciones de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos, para demostrar cuánto dinero se generó y cuánto se pagó en impuestos, verificando así la solvencia financiera del servidor público.

 En segundo lugar, sugirió que la propiedad esté reflejada en la declaración anual en México, de manera que se pueda comprobar que los recursos utilizados para la compra son lícitos en ambos lados de la frontera.

La exfuncionaria destacó que, siguiendo estos pasos y verificando la legalidad de los ingresos, la adquisición de bienes puede ser transparente y sencilla. Además, reiteró su compromiso con el pueblo, afirmando que "al pueblo no se le quita, al pueblo se le da". 

Finalmente, Caballero expresó su deseo de que más bajacalifornianos tengan la oportunidad de acceder a una vivienda propia, basada en trabajo, esfuerzo y derechos legítimos.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, expresó su rechazo hacia las recientes declaraciones del exgobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez. 

La mandataria calificó como una lástima que un exgobernador muestre tanta ligereza al hacer acusaciones graves y delicadas en su contra, sin presentar pruebas ni fundamentos que las respalden, además de calificarlas como mentiras y rabietas.

Avila Olmeda consideró que la forma en que Bonilla se ha expresado de ella es sumamente irresponsable. Señaló que es indigno que un exgobernador realice acusaciones tan serias sin evidencia alguna, con la única intención de difamar, calumniar y desviar la atención. 

La gobernadora invitó al exmandatario a reflexionar sobre sus dichos y acusaciones, enfatizando que los bajacalifornianos merecen gobernantes y exgobernadores que estén a la altura del pueblo, y criticó que Bonilla esté demostrando un nivel tan bajo en su comportamiento y palabras.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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Teresita Balderas Beltrán, Síndica Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, informó que el pasado 29 de noviembre se vinculó a proceso al ex Director General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del XXIV Ayuntamiento, Conrado ¨N¨. Este proceso se originó durante la administración encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, por su presunta responsabilidad en la compra irregular de un software por más de 92 millones de pesos.

La sindica también señaló que están involucrados en este caso otros exfuncionarios, como el ex oficial mayor Marcelo de Jesús Machain Servín, el ex director de Tecnologías de la Información, Gabino Orrostieta Soto; el exconsejero jurídico del Ayuntamiento, Rodolfo Epifanio Adame Alba; y el ex Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento, Raymundo Vega Andrade, quien dejó su cargo dos meses antes de que finalizara la administración de Caballero Ramírez.

Balderas Beltrán precisó que en la audiencia de imputación, celebrada este martes, se determinará, según los resultados, si se les fincará el proceso penal a cada uno de los involucrados. 

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz expresó que el tema está siendo revisado por la Sindicatura, y que en este momento no puede emitir un posicionamiento oficial para respetar el esquema de las investigaciones en curso.

Cabe mencionar que el exfuncionario vinculado, Conrado ¨N¨, es sobrino del ex fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández. Además, fungió como Secretario Particular de la Presidencia Municipal en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana y coordinador de Gabinete en la administración del ex alcalde Arturo González Cruz.

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Tras el acto de acoso que vivió este martes la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la Ciudad de México, diversas figuras políticas expresaron su rechazo y solidaridad. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que las mujeres se sienten vulneradas en todos los ámbitos, y que incluso los hombres manifestaron su indignación ante el acoso a la mandataria, quien fue víctima de violencia mientras caminaba por las calles.

"Las mujeres somos víctimas de acoso en la vía pública, en las empresas, en el trabajo, en hogares y en el transporte público", resaltó Ávila Olmeda, quien también recordó el caso de la representante de México en Miss Universo, Fátima Bosh, quien levantó la voz tras ser violentada y expresó que "una corona no vale más que la dignidad de una mujer". La funcionaria destacó el valor de la representante mexicana en ese acto. 

La gobernadora también compartió que ella misma ha vivido situaciones similares y elogió la determinación de la presidenta Sheinbaum al presentar una denuncia formal contra el agresor, quien en estado de ebriedad, según se informó, incurrió en conductas inapropiadas. 

La mandataria estatal, señalo que México fue testigo de dos actos de violencia contra mujeres mexicanas: uno, el acoso hacia la presidenta en plena calle, y otro, la denuncia de la representante en Miss Universo. Agregó que estos sucesos reflejan la vulnerabilidad que enfrentan muchas mujeres diariamente, quienes en el momento de vivir una situación así, experimentan primero sorpresa y luego, al revisar los videos, toman conciencia del acoso sufrido.

Ávila Olmeda destacó que, tras el incidente, la presidenta de la República tomó la iniciativa de denunciar públicamente a su agresor, y que ha recibido apoyo de diversas gobernadoras del país, incluyendo algunas del PAN, que se solidarizaron con ella en estos momentos difíciles. 

Finalmente, la gobernadora Ávila Olmeda hizo un llamado a seguir implementando acciones concretas para erradicar estas conductas y promover una cultura de respeto y protección hacia las mujeres en todos los ámbitos.

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