Durante una reunión entre la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila y el diputado Diego Echevarría se acordó dar seguimiento al tema del regreso de los recursos públicos a las asociaciones civiles y organismos de la sociedad. 

Estuvieron presentes representantes de las instituciones de asistencia social privadas, quienes remarcaron la necesidad de apoyos por ser los que atienden a grupos vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, madres solteras, migrantes o personas en situación de calle, en adicciones y en orfanatos.

Estos grupos se han sostenido de donativos, rifas y ofrecen alojamiento, comida y en algunos casos hasta hospedaje a grupos sociales que dejo de atender la administración pasada, pues se eliminaron los apoyos, incluyendo a albergues y casas hogar, estancias infantiles.

Echeverría presentó una iniciativa de ley para que, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del año entrante, se generen de nuevo los estímulos fiscales, exenciones, subsidios y apoyos económicos que el gobierno ofrecía en conjunto con la Federación.

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Desde que se detuvo el procedimiento que se inició la administración estatal pasada, en donde banca Afirme retendría las participaciones federales hacia la entidad para financiar la planta fotovoltaica que intentó instalarse en Mexicali, se ha podido evitar un desfalco de más de 900 millones de pesos, expresó el director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California, Juna José Pon Méndez. 

El funcionario explicó que, hasta este noviembre, se ha evitado que se le retiren al estado un total de 953 millones de pesos en participaciones federales. 

El proyecto nunca se concretó y aun así la institución bancaría buscaba retener las participaciones federales al estado, de hecho, se quedaron con 124 millones de pesos que aún no han regresado al estado.

En ese sentido, el entrevistado manifestó que sigue el procedimiento jurídico contra el banco para que restituya ese recurso a Baja California y en más de un año que lleva el proceso se ha sumado un total de 5 millones de pesos adicionales por cuestión de intereses. 

Actualmente, agregó el consejero jurídico, se mantienen once denuncias contra ex servidores públicos involucrados en el procedimiento que permitió el contrato con el banco Afirme; dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos ante la Fiscalía General del estado (FGE) y siete procedimientos iniciados ante la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública en el estado.

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El delegado único del Gobierno Federal en Tijuana, Alejandro Ruiz Uribe, aseguró que los 19 albergues que hay en Tijuana no recibirán recursos de la Federación. 

Explicó que esta postura del gobierno es debido a que detectaron malos manejos de los apoyos que se entregaban a las asociaciones civiles. 

Asimismo mencionó que ninguno de los responsables de los albergues señalados fueron acusados penalmente por desvío de recursos. 

De igual manera recordó que el flujo migratorio que recibe Baja California, continúa siendo constante y que el gobierno federal trata de atenderlos.

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Con una manifestación pacífica la tarde de este viernes, y una caravana vehícular el sábado, asociaciones civiles exigirán a las autoridades correspondientes, den marcha atrás a la despenalización del aborto en México, y no se aplique en Baja California, al ser un Estado libre y soberano.

Los exponentes lamentaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidiera en contra de los más débiles e indefensos como son los bebés que hoy están en el vientre materno, por lo que habrán de acudir a instancias internacionales para promover que dicha reforma legal no se aplique al menos en Baja California. 

Y es que indicaron que información vertida por el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con último corte al 31 de mayo del 2021, son sólo 6 los casos de mujeres detenidas por el delito de aborto y en donde Baja California no cuenta con ninguna aprehensión.

Aguascalientes, CDMX, Morelos y Veracruz, tiene un caso por entidad, mientras que en Nayarit son dos las mujeres encarceladas por este delito, por lo que advirtieron que no aplica y por el contrario, ahora se pone en mayor riesgo la integridad de nuevos seres, corriendo el riesgo de ser abortados, no interrumpidos como ahora cambiaron el concepto tramposamente, lo cual no es otra cosa que una dictadura, aseveraron.

Indicaron que con el propósito de hacer valer el derecho de los bebés, a las 7:30 de esta tarde, habrán de realizar una manifestación pacífica en el exterior de la Casa de la Cultura Jurídica Tijuana, en Paseo de los Héroes 9351, Zona Río, frente a CECUT, y el sábado a las 3 de la tarde, una caravana vehicular que partirá de la Tercera Etapa del Río, a la altura del Templo de Tijuana, hacia las glorietas de Zona Río Tijuana, confiando en que habrá una gran participación ciudadana, consciente y sensible a esta defensa del derecho y respeto a la vida.

Los exponentes fueron Flor García del Comité Nacional ProVida; Dylan Ruvalcaba Lizárraga, Brigada Juvenil por la Vida; Manuel Alejandro Flores Pérez, Coordinador Estatal en Baja California de Misión Rescate México; Nohemí Eréndira García González, representante de Mujeres del Frente Nacional por la Familia Tijuana; Reynaldo Eduardo Talavera Aguirre y Viviana Kennedy, Directores Juvi Tijuana; y Gustavo Haro Villaescuza, Coordinador de Cruzada por la Familia BC. 

Representantes de Organismos de la Sociedad Civil en Baja California buscan un acercamiento con las autoridades de gobierno para tener una coordinación entre sociedad y gobierno, declaró, Luis Millan del Consejo Estatal de Fomento de las Actividades de Bienestar (CEFAB). 

"No hemos podido sesionar en los últimos 18 meses por una orden judicial pues el consejo fue impugnado por la administración actual", expresó Millán 

Por su parte, el Pastor Eleazar Abundiz Almanza, quien representa Coccra AC, dijo que ha incrementado el número de personas con adicciones en la región, por lo tanto esperan que las autoridades atiendan la problemática y solucionen la situación.

Manifiestan que es necesario se reactiven las sesiones de trabajo debido a que se ha abandonado la labor con migrantes y pacientes con problemas de adicciones.

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El Alcalde de Tijuana declaró que el Gobierno del Estado continúa reteniendo 800 millones de pesos, que es dinero de los de los ciudadanos Tijuanenses y que son recursos dedicados para atender servicios médicos, despensas para la población en condición vulnerable, infraestructura y para atender los problemas de bienestar social.

"Espero que el gobierno del estado recapacite y que podamos reconstruir un acuerdo en beneficio de los ciudadanos que gobernamos, es nuestra responsabilidad" mencionó el Alcalde. 

Semanas atrás el presidente municipal manifestó que estaba buscando una conciliación con la administración estatal por la retención de este recurso federal, y que esperaba que a finales de este mes de enero se cumpliera con el pago.