Por ser parte de un proyecto político diferente al que encabeza la Gobernadora Marina del Pilar Ávila, y por ser un titular alejado del combate de la delincuencia, Carlos Atilano Peña, Coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), se pronunció porque Juan Guillermo Ruiz Hernández, se separe de inmediato del cargo de Fiscal General del Estado.

Señaló que en estos momentos Tijuana es una sociedad colapsada, ‘’no hemos concluido el año y superamos las 2 mil muertes violentas, es muy trágico que familias enteras sean privadas de la vida, no importa que sean menores, o menores discapacitados, y lo malo que no hay un programa o proyecto en materia de seguridad’’.

Atilano Peña lamentó que sigan los mismos personajes del bienio anterior, ‘’no entendemos porque no hay un cambio en la fiscalía, porqué tenemos un titular alejado del combate de la delincuencia, pero sí encargado de otros rubros como construir escuelas, es un caldo de cultivo para que el problema se esté agravando’’, sentenció.

En ese sentido, argumentó que la falta de un programa o estrategia de combate a la inseguridad, propicia que los grupos criminales entre sus pleitos internos, estén vulnerando tan gravemente a la sociedad, lo cual lamentó.

Es por ello que el coordinador del COCI, hizo un llamado para que presenten a la brevedad posible un proyecto estratégico de seguridad estatal y municipal, que sea acorde a la triste realidad que estamos viviendo y que hasta el momento no lo vemos por ningún lado, a la vez solicitó a la la sociedad ser más exigentes en términos tan puntuales como es la grave inseguridad que estamos viviendo.

Finalmente sostuvo que está de acuerdo en que el Fiscal se retire, y se privilegie una designación en términos técnicos y de capacidad, y no de compadrazgo político como el que hemos tenido.

Carlos Atilano, abogado de Tijuana y representante de organismos de la sociedad civil, indicó que están a la espera de que algún representante del presidente López Obrador, les firme y selle de recibido un pliego petitorio urgente, dice, para restaurar el orden y la seguridad en la frontera.

Gritando la consigna “Ni abrazos, ni balazos, que apliquen la ley” el abogado informó que en el pliego petitorio, se solicita entro otras cosas, que se cumpla con el artículo 21 de la Constitución, que indica que la seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. 

Además exigen en el pliego petitorio, más recursos para que Tijuana pueda hacer frente a los problemas de inseguridad.

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En el año de 1978, José López Portillo, quien era el presidente de México en aquellos años, emitió un decreto en donde se establecía la entrega al estado de Baja California de un inmueble específico para alojar los poderes ejecutivos de la entidad. En este decreto, dentro de un transitorio se menciona que, “cualquier otro uso que se le diera al inmueble sería motivo de revocación del decreto”. Por ello, la donación que recibió Baja California tiempo atrás se encontraba condicionada a dicho destino y a dicho uso exclusivo de ese inmueble.

Por parte de Carlos Atilano, en conjunto con abogados de la ciudad, realizaron un amparo, juicio de garantías, para establecer el decreto mediante en el cual el Gobierno del Estado encabezado por Jaime Bonilla daba en donación a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) sin contar con una justificación social o legal.

“Nosotros queremos mucho a la universidad y estamos de acuerdo en su crecimiento, pero tiene un vasto territorio donde se pueden construir sus instalaciones. No vemos porque privar a toda la ciudadanía un espacio que además es histórico, pues tiempo atrás abogados, arquitectos, contadores realizábamos en una zona céntrica un sinfín de trámites" menciono el ex candidato a la gubernatura de Baja California.

Atilano detalló que pronto se tendrán resultados de este amparo interpuesto, ya que se encuentra en manos del Juez de Distrito, a espera de que sea devuelto a la población el inmueble, en donde actualmente se imparten clases.

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El Colegio de Abogados de Tijuana denuncia que el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Gobierno del Estado continúa con el cobro equivalente al 20 por ciento por concepto del ISR (Impuesto Sobre la Renta) del valor del terreno y a quienes no realizan dicho pago les rechaza inscripciones de prescripciones.

Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), explicó que han recibido denuncias y quejas por parte de litigantes y ciudadanos, quienes señalan que les pedían una gratificación para proceder a su registro.

"Hoy vamos acudir al registro público, nos va a recibir la autoridad para que de maneja conjunta con el colegio de abogados fijemos en los estrados en un lugar visible de las instalaciones para que la comunidad jurídica y la gente que tiene necesidad de recibir sus título sepan que no se les va a cobrar este impuesto", expresó Atilano Peña.

Añadió que el Colegio de Abogados exigen la renuncia de los funcionarios involucrados.

Jaime Bonilla vulnero la voluntad de los ciudadanos votantes en el periodo de elecciones gubernamentales donde era candidato en Baja California, indicó Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI).

Además de otros eventos como la toma de caseta de Playas de Tijuana en contra de la federación, decreto que también tribunales no aceptaron, mencionó.´

Esto después de que el Tribunal Federal Electoral de la ciudad de Guadalajara dejando sin efectos la reincorporación de Jaime Bonilla a sus actividades como Senador de la República.

"Esto fija un alto, un precedente a las prácticas perversas de los políticos, lo que la gente comúnmente conoce como 'chapulineo', aseguró.