A finales de este mes cuando se lleve a cabo un importante foro donde se habrá de analizar desde diversos rubros como el político, social, económico, administrativos, legal y constitucional la iniciativa para crear un octavo municipio en Baja California y dividir Tijuana en la zona este.  

“Consideramos que es importante que la gente esté informada, analizar todos estos rubros y se concluya si hay sustentabilidad o no para tomar esta medida y que previamente a resolverse se lleve a cabo una amplia consulta en toda la ciudad, no solo en la Zona Este a través de un plebiscito que debe organizar el Instituto Estatal Electoral (IEE) para que pueda tomarse una decisión responsable, la cual vendrá a afectar drásticamente a la población como será dividir Tijuana”, informó el abogado Carlos Atilano, uno de los organizadores.

Carlos Atilano, abogado de Tijuana y representante de organismos de la sociedad civil, indicó que están a la espera de que algún representante del presidente López Obrador, les firme y selle de recibido un pliego petitorio urgente, dice, para restaurar el orden y la seguridad en la frontera.

Gritando la consigna “Ni abrazos, ni balazos, que apliquen la ley” el abogado informó que en el pliego petitorio, se solicita entro otras cosas, que se cumpla con el artículo 21 de la Constitución, que indica que la seguridad pública es una función del Estado, a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios, para salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. 

Además exigen en el pliego petitorio, más recursos para que Tijuana pueda hacer frente a los problemas de inseguridad.

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En el año de 1978, José López Portillo, quien era el presidente de México en aquellos años, emitió un decreto en donde se establecía la entrega al estado de Baja California de un inmueble específico para alojar los poderes ejecutivos de la entidad. En este decreto, dentro de un transitorio se menciona que, “cualquier otro uso que se le diera al inmueble sería motivo de revocación del decreto”. Por ello, la donación que recibió Baja California tiempo atrás se encontraba condicionada a dicho destino y a dicho uso exclusivo de ese inmueble.

Por parte de Carlos Atilano, en conjunto con abogados de la ciudad, realizaron un amparo, juicio de garantías, para establecer el decreto mediante en el cual el Gobierno del Estado encabezado por Jaime Bonilla daba en donación a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) sin contar con una justificación social o legal.

“Nosotros queremos mucho a la universidad y estamos de acuerdo en su crecimiento, pero tiene un vasto territorio donde se pueden construir sus instalaciones. No vemos porque privar a toda la ciudadanía un espacio que además es histórico, pues tiempo atrás abogados, arquitectos, contadores realizábamos en una zona céntrica un sinfín de trámites" menciono el ex candidato a la gubernatura de Baja California.

Atilano detalló que pronto se tendrán resultados de este amparo interpuesto, ya que se encuentra en manos del Juez de Distrito, a espera de que sea devuelto a la población el inmueble, en donde actualmente se imparten clases.

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El Colegio de Abogados de Tijuana denuncia que el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Gobierno del Estado continúa con el cobro equivalente al 20 por ciento por concepto del ISR (Impuesto Sobre la Renta) del valor del terreno y a quienes no realizan dicho pago les rechaza inscripciones de prescripciones.

Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), explicó que han recibido denuncias y quejas por parte de litigantes y ciudadanos, quienes señalan que les pedían una gratificación para proceder a su registro.

"Hoy vamos acudir al registro público, nos va a recibir la autoridad para que de maneja conjunta con el colegio de abogados fijemos en los estrados en un lugar visible de las instalaciones para que la comunidad jurídica y la gente que tiene necesidad de recibir sus título sepan que no se les va a cobrar este impuesto", expresó Atilano Peña.

Añadió que el Colegio de Abogados exigen la renuncia de los funcionarios involucrados.

Jaime Bonilla vulnero la voluntad de los ciudadanos votantes en el periodo de elecciones gubernamentales donde era candidato en Baja California, indicó Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI).

Además de otros eventos como la toma de caseta de Playas de Tijuana en contra de la federación, decreto que también tribunales no aceptaron, mencionó.´

Esto después de que el Tribunal Federal Electoral de la ciudad de Guadalajara dejando sin efectos la reincorporación de Jaime Bonilla a sus actividades como Senador de la República.

"Esto fija un alto, un precedente a las prácticas perversas de los políticos, lo que la gente comúnmente conoce como 'chapulineo', aseguró.

Jaime Bonilla vulnero la voluntad de los ciudadanos votantes en el periodo de elecciones gubernamentales donde era candidato en Baja California, indicó Carlos Atilano Peña, coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI).

Además de otros eventos como la toma de caseta de Playas de Tijuana en contra de la federación, decreto que también tribunales no aceptaron, mencionó.

Esto después de que el Tribunal Federal Electoral de la ciudad de Guadalajara dejando sin efectos la reincorporación de Jaime Bonilla a sus actividades como Senador de la República.

"Esto fija un alto, un precedente a las prácticas perversas de los políticos, lo que la gente comúnmente conoce como 'chapulineo', aseguró.