Con el fin de precisar el actuar de los elementos que estuvieron brindando seguridad a la periodista asesinada Lourdes Maldonado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), abrió un expediente. 

Durante su exposición con los integrantes de Grupo 21, el secretario técnico de la SSPCM, Jorge Aguirre, confirmó que a dicho organismo le fue enviado un informe detallado respecto a 

Durante su participación con el Grupo 21, refirió que le enviaron un informe detallado sobre cuales eran los recorridos que realizaban los policías, las llamadas que hacían con la periodista, los horarios en que tenían que estar, entre otros aspectos que venían acordados en las medidas de protección. 

"La Secretaría de Seguridad dio las medidas de protección que se habían estipulado; se abrió un expediente en derechos humanos donde se nos pidió toda esa información y nosotros cumplimos con ello", declaró el funcionario. 

Mencionó que desde el 12 de abril de 2021 la corporación brindó la protección solicitada, y el 30 de abril del mismo año fue que se emitieron las medida. 

Sin embargo, para el 21 de octubre estas medidas fueron modificadas y son las que le brindaron hasta el 23 de enero a Maldonado.

A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California condena la impunidad y opacidad con las que se han conducido las autoridades de procuración de justicia, al no haber procesado a los autores intelectuales de ambos crímenes.

Ante la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar a los autores intelectuales, el gremio periodístico realizó una vigilia a las afueras de la Fiscalía en Tijuana para expresar que, aunque desde 2022 existen carpetas de investigación que permitieron la condena de los autores materiales en ambos crímenes, la negativa de la fiscalía para continuar con la investigación evidencia la simulación con la que ofrecen una justicia a medias, sin llegar al motivo real de los asesinatos de los colegas.

El gremio periodístico exige a las autoridades que se continúen las investigaciones del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004, cuya carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado, donde continúa en el mismo estatus de abandono.  

¨Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista de Baja California¨, expresó el periodista Alberto Elenes, quien en nombre del gremio exigió a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, que actúe de verdad y no se esconda detrás del discurso para llegar a las personas que ordenaron dichos asesinatos.

Por su parte, Miguel Ángel Gaxiola, fiscal en delitos contra la vida de la FGE en Baja California, se presentó en la manifestación y dijo que por parte de la fiscalía extienden su apoyo para coadyuvar y analizar lo que falta como institución. Señaló que continúan trabajando y que se debe realizar un análisis profundo para poder llegar a los autores intelectuales. Actualmente, hay dos líneas de investigación en el caso de Lourdes Maldonado y solo una línea en el de Margarito Martínez.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que continúan activas las investigaciones relacionadas con los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y María Lourdes Maldonado López, registrados en el año 2022 en la ciudad de Tijuana.more

Las carpetas de investigación permanecen vigentes y, como resultado del trabajo ministerial, hasta el momento se cuenta con cinco personas sentenciadas y un imputado en etapa de apertura a juicio oral, lo que refleja avances significativos en el esclarecimiento de ambos casos.

La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, ha instruido al personal ministerial a continuar con las diligencias necesarias para lograr la detención de más posibles implicados en estos crímenes cometidos en agravio del gremio periodístico.

Caso María Lourdes Maldonado López:

En este caso se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de tres personas:

• Kevin Alberto “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Erick Eduardo “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Guillermo Julián “N”, sentenciado a 24 años de prisión.

Caso Margarito Martínez Esquivel:

Por este homicidio se cuenta con tres personas detenidas. Dos de ellas, Manuel Ramos y/o Adrián Nicolás Ramos, alias “El Uber”, y José Heriberto Ochoa Díaz, alias “El Huesos”, fueron condenados a 25 años de prisión.

En cuanto al imputado Christian Adán Velázquez José, alias “El Cabo 16” y/o “Jaguar”, se dictó auto de apertura a juicio oral y en espera del desahogo del mismo.

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D, tras detectar graves omisiones en la protección de una mujer indígena de origen mixteco que fue víctima de violencia sexual y física. La investigación evidenció que las autoridades no actuaron con la debida diligencia, dejando a la víctima sin la protección necesaria y contribuyendo a la revictimización.

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2024, cuando la víctima, identificada como V, fue asaltada y agredida durante un traslado en taxi. Tras escapar de su agresor, buscó ayuda en un domicilio, donde fue auxiliada por un residente y posteriormente detenida y esposada por policías municipales, quienes la abandonaron en condiciones precarias sin brindarle asistencia adecuada. La víctima también enfrentó trato hostil por parte de personal de la Fiscalía, lo que agravó aún más su situación.

Ante esta situación, la CEDHBC solicitó a las autoridades que localicen a V y le proporcionen atención psicológica y de salud, además de fortalecer la capacitación de los elementos policiales y personal de la Fiscalía en perspectiva de género e interculturalidad. También pidió que se garantice la atención en lengua indígena y que se implementen campañas internas para promover el respeto a los derechos de las mujeres y los pueblos originarios, con el fin de prevenir futuras violaciones y garantizar justicia efectiva.

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Tras el asesinato de la activista de personas desaparecidas, Ángela León, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) urgió a las autoridades de procuración de justicia a investigar y esclarecer el asesinato de la ctivista de búsqueda de personas desaparecidas.

El ombudsperson, Jorge Ochoa, emitió un llamado particularmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad.

Asimismo, el presidente de la CEDHBC subrayó que cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales.

Para finalizar, Jorge Ochoa informó que el Organismo Público Autónomo abrió, de forma oficiosa, un expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.

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Tras dos años de la muerte de los periodistas Margarito Martinez y Lourdes Maldonado, el gremio periodístico de Baja California, exige justicia a las autoridades. 

Hoy 17 de enero se cumple dos años del asesinato de Margarito Martínez y el próximo 23 de enero del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, por ello, el gremio periodístico se manifestó esta mañana durante la conferencia mañanera de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda en el Centro Estatal de Artes Tijuana. 

En ambos casos, los autores materiales han sido sentenciados, sin embargo, los intelectuales siguen sin enfrentar un proceso penal.

En el caso de Margarito Martínez, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado que sea sentenciado David López Jiménez apodado "Cabo 20" como presunto asesino intelectual pues fueron las autoridades quienes lo señalaron como presunto responsable. 

Mientras que en el caso de la periodista Lourdes Maldonado López, tres hombres fueron sentenciados como asesinos materiales sin que hasta la fecha sea detenido el asesino intelectual.  

La titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez justifica la falta de efectividad y afirma que estos crímenes son investigaciones complejas, que no están cerradas y aún tiene tiempo. 

La agrupación "Yo Si Soy Periodista", envió un comunicado a las autoridades del gobierno estatal que dice lo siguiente. 

"Nos sentimos indignados y agraviados ante la falta de una real justicia para ambos comunicadores y por la subsistente impunidad que provoca agresiones sistemáticas contra quienes ejercemos este oficio, lo que también es una trasgresión hacia la ciudadanía, porque se violenta su derecho a ser informado".

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