Por considerar que su trabajo en el pasado en la función pública fue deficiente, apática y displicente, diversos colectivos de búsqueda de personas de la entidad rechazaron el nombramiento de Alejandra Basaldúa Ayala como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAV). 

A través de un comunicado los colectivos Una Nación Buscando T (Tijuana), Siguiendo tus Pasos (Ensenada) y Madres Unidas y Fuertes (Mexicali), desaprobaron la decisión de la XXlV Legislatura de Baja California. 

Pese a que con anterioridad ya habían manifestado su inconformidad diversos colectivos, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos debido a que Basaldúa Ayala no representa la voluntad ni necesidades de los colectivos ni familiares de las víctimas.

“Nuestra inconformidad se deriva de experiencias propias relacionadas a la deficiente atención recibida como víctimas por parte de personas funcionarias de la Fiscalía General, como es el caso de Alejandra Basaldúa Ayala, quien se desempeñó durante seis años como funcionaria en atención a víctimas, siendo sistemáticamente ineficiente, inoperante, apática y displicente”, señalaron los colectivos.

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la llamada Ley Ingrid, que castiga a servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de hecho.

El dictamen que reforma el artículo 225 del Código Penal Federal, se avaló por unanimidad de 470 votos a favor, y fue turnado al Senado de la República.

Plantea que sanciones de 100 a 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para quien cometa los flagelos antes mencionados, mismas que aumentarán en una tercera parte, si la información que se difunda se refiere a mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.

Durante el debate, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, recordó que la reforma tuvo como antecedente el feminicidio de Ingrid Escamilla, “en el que difundieron sus imágenes que revictimizaron no solo a Ingrid, sino también a sus seres queridos, imágenes que fueron difundidas por su propio agresor, lo que consternó a México”.

Desde la tribuna, el diputado panista, Felipe Fernando Macías Olvera, dijo que el dictamen demuestra que al interior del recinto legislativo de San Lázaro, “se entregan resultados puntuales para México referente a erradicar la violencia en contra de la mujer”.

En su oportunidad, la priista, Yolanda De la Torre, dijo que las diversas bancadas “sí se pueden poner de acuerdo en beneficio de México”, mientras que Lilia Aguilar, del PT, expuso que a pesar de los avances “no se ha podido alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres”: “Este dictamen busca reconocer a las mujeres y a los hombres que han desaparecido”.

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