La Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López ocurrido está noche en Tijuana. 

En una publicación de su cuenta oficial de Facebook señala que está en contacto permanente con la Fiscalía del Estado y con el Secretario de Seguridad Ciudadana para dar con los responsables y actuar con justicia.

Así mismo agregó lo siguiente: 

"Toda vida es sagrada, el asesinato de Lourdes Maldonado se reviste porque las y los periodistas se dedican a la búsqueda de la verdad.

Quiero externar mi dolor con la familia de Lourdes y con las y los periodistas bajacalifornianos, este ataque no fue solo contra Lourdes, sino contra toda nuestra sociedad.

Vamos a poner toda la fuerza del Estado en hacer justicia".

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que actuó de buena fe en su relación con el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, y aseguró que "el que debe nada, teme". 

Durante la conferencia "mañanera", la mandataria explicó que recibió llamadas y visitas de personas relacionadas con agencias de Estados Unidos, y que en su momento, aceptó dialogar con ellos confiando en una colaboración institucional.

Ávila Olmeda precisó que la interacción se dio en un marco de cooperación contra el crimen organizado y en intercambio de información, dado que Baja California es un estado fronterizo. 

La gobernadora aclaró que en las reuniones nunca le mostraron identificaciones oficiales, y que los encuentros se realizaron en una oficina en Tijuana, bajo la impresión de tratar con autoridades legítimas de Estados Unidos, en torno a temas de visa y asuntos binacionales.

Asimismo, la mandataria señaló que en la grabación filtrada se muestra sorprendida por algunas insinuaciones, por lo que solicitó que estos temas fueran revisados con su abogado. También reveló que el exgobernador Jaime Bonilla la llamó por WhatsApp para solicitarle recibir a esas personas, en un intento por apoyarla, y que accedió a recibirlos en diciembre de 2025.

Por último, Ávila Olmeda anunció que evalúa acciones legales en contra de Bonilla, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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El exgobernador de Baja California y actual comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, negó haber participado en la entrevista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con agencias estadounidenses, así como en cualquier maniobra para grabar o filtrar conversaciones.

A través de un comunicado emitido por el PT, Bonilla sostuvo que resulta “ilógico” que se le vincule con un encuentro que, por su naturaleza, habría sido sensible y confidencial, especialmente por la confrontación política que ha mantenido con la mandataria estatal.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expuso.

El exmandatario también cuestionó que se pretenda responsabilizarlo de facilitar recursos o contactos a la gobernadora, cuando, afirmó, desde los primeros días de su administración la ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Bonilla consideró que Ávila Olmeda atraviesa una “crisis de pánico” y acusó un cambio en su postura frente a las filtraciones. Según señaló, ante el primer material difundido la gobernadora negó los hechos, mientras que después de una segunda filtración lo colocó como responsable.

Finalmente, el comisionado político del PT exigió que la gobernadora explique quiénes intervinieron y de qué manera habría cruzado a Estados Unidos sin visa para sostener reuniones con agencias de ese país.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que la reunión que sostuvo la tarde de este martes con legisladores y alcaldes tuvo como objetivo principal reforzar la unidad dentro de su movimiento y militancia. 

La mandataria aclaró que en el encuentro no se abordaron temas relacionados con licencias y que, en espera de los lineamientos del partido, se dará oportunidad a quienes deseen participar como coordinadores en el próximo proceso electoral.

Asimismo, la gobernadora hizo un llamado a los legisladores y alcaldes a continuar trabajando en el territorio y a mantener firme la unidad y solidez de la militancia. Resaltó que el activismo se demuestra en las calles, en las canchas, parques, colonias y comunidades, y que la reunión fue principalmente de trabajo para incentivar el esfuerzo en favor del bienestar del estado.

Por otro lado, Ávila Olmeda destacó que en Baja California hay una inversión pública sin precedentes, además de un incremento en la inversión privada, y que el estado está invirtiendo en educación y en programas para combatir la pobreza, siendo uno de los estados que más ha trabajado en ese ámbito.

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A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California condena la impunidad y opacidad con las que se han conducido las autoridades de procuración de justicia, al no haber procesado a los autores intelectuales de ambos crímenes.

Ante la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar a los autores intelectuales, el gremio periodístico realizó una vigilia a las afueras de la Fiscalía en Tijuana para expresar que, aunque desde 2022 existen carpetas de investigación que permitieron la condena de los autores materiales en ambos crímenes, la negativa de la fiscalía para continuar con la investigación evidencia la simulación con la que ofrecen una justicia a medias, sin llegar al motivo real de los asesinatos de los colegas.

El gremio periodístico exige a las autoridades que se continúen las investigaciones del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004, cuya carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado, donde continúa en el mismo estatus de abandono.  

¨Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista de Baja California¨, expresó el periodista Alberto Elenes, quien en nombre del gremio exigió a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, que actúe de verdad y no se esconda detrás del discurso para llegar a las personas que ordenaron dichos asesinatos.

Por su parte, Miguel Ángel Gaxiola, fiscal en delitos contra la vida de la FGE en Baja California, se presentó en la manifestación y dijo que por parte de la fiscalía extienden su apoyo para coadyuvar y analizar lo que falta como institución. Señaló que continúan trabajando y que se debe realizar un análisis profundo para poder llegar a los autores intelectuales. Actualmente, hay dos líneas de investigación en el caso de Lourdes Maldonado y solo una línea en el de Margarito Martínez.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que continúan activas las investigaciones relacionadas con los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y María Lourdes Maldonado López, registrados en el año 2022 en la ciudad de Tijuana.more

Las carpetas de investigación permanecen vigentes y, como resultado del trabajo ministerial, hasta el momento se cuenta con cinco personas sentenciadas y un imputado en etapa de apertura a juicio oral, lo que refleja avances significativos en el esclarecimiento de ambos casos.

La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, ha instruido al personal ministerial a continuar con las diligencias necesarias para lograr la detención de más posibles implicados en estos crímenes cometidos en agravio del gremio periodístico.

Caso María Lourdes Maldonado López:

En este caso se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de tres personas:

• Kevin Alberto “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Erick Eduardo “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Guillermo Julián “N”, sentenciado a 24 años de prisión.

Caso Margarito Martínez Esquivel:

Por este homicidio se cuenta con tres personas detenidas. Dos de ellas, Manuel Ramos y/o Adrián Nicolás Ramos, alias “El Uber”, y José Heriberto Ochoa Díaz, alias “El Huesos”, fueron condenados a 25 años de prisión.

En cuanto al imputado Christian Adán Velázquez José, alias “El Cabo 16” y/o “Jaguar”, se dictó auto de apertura a juicio oral y en espera del desahogo del mismo.

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