Durante la "mañanera" de este miércoles el Secretario General de Gobierno del Estado, Catalino Zavala Márquez, extendió sus condolencias a la familia del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, asesinado este lunes en Tijuana. 

Agregó que la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pidió a la Fiscalía General del Estado dar seguimiento y realizar todas las acciones necesarias para su investigación.

Indicó que la Fiscalía ya realizó una conferencia de prensa donde expuso lo que están trabajando.

"No se tiene en estos momento una solicitud de atracción por el gobierno federal si así sucede el gobierno del estado a través de la Fiscalía y la Gobernadora se estaría haciendo toda la colaboración, apoyo y aportación al gobierno federal para que se haga justicia y se esclarezca este crimen", detalló Zavala Márquez.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, derivado de los trabajos periciales realizados por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), fue identificado genéticamente el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un comunicado oficial, la institución detalló que elementos del Gabinete de Seguridad pusieron a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) diverso armamento asegurado durante el operativo, entre el que se encuentran fusiles con aditamentos lanzagranadas, un fusil Barrett, lanzacohetes, armas cortas, cartuchos útiles, así como granadas y granadas de mortero.

Además, fueron puestos a disposición dos presuntos integrantes de una organización criminal, quienes enfrentarán el proceso correspondiente para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la FEMDO, ordenó diversas diligencias periciales, entre ellas reconocimientos oficiales y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida durante su traslado a la Ciudad de México, incluido el identificado como “El Mencho”.

De manera paralela, personal ministerial, peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial se trasladaron al poblado de Tapalpa, en el estado de Jalisco, para realizar el levantamiento, procesamiento e identificación formal de otras personas fallecidas en el lugar de los hechos.

La FGR indicó que, a raíz de los actos violentos registrados en distintas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados, de las cuales 37 corresponden a Jalisco.

Finalmente, la Fiscalía subrayó que las investigaciones continúan en curso por los delitos de delincuencia organizada y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y reiteró que mantendrá informada a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.

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El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC SNA), así como dicho Comité en Baja California, se deslindaron del exhorto emitido por la presidenta del SNA, Vania Pérez Morales, quien pidió a la gobernadora Marina del Pilar Ávila solicitar licencia y separarse del cargo temporalmente tras la investigación que enfrenta su exesposo Carlos Torres Torres por tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

En dos comunicados, ambos Comités dijeron que lo dicho por la presidenta del SNA no fue una determinación institucional, sino una expresión firmada a título personal por integrantes del sistema anticorrupción y representantes ciudadanos.

Explicaron que, como órganos colegiados, no cuentan con facultades legales para pedir la separación del cargo de una persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

"El CPC SEA-BC (Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California) adolece de facultades para emitir exhortos y/o declaraciones públicas institucionales dirigidos a la separación del cargo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Emitir un requerimiento de esa naturaleza rebasa el marco de atribuciones legales de los CPCs, tanto el Nacional como los locales, y constituye un acto ultra vires, contrario al principio de legalidad", puntualizó.

En tanto, el Comité del SNA señaló que su función se limita a promover la participación ciudadana, la integridad pública, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción, conforme al marco constitucional y legal vigente.

También subrayó la importancia de distinguir entre opiniones individuales de personas que forman parte del sistema y las posturas formales del organismo. Reconoció que quienes firmaron el posicionamiento ejercieron su derecho a la libertad de expresión pero no forma parte de un mandato institucional.

Por su parte, el Comité de Participación Ciudadana en Baja California dijo que las vías de una eventual separación del cargo de servidores públicos se encuentran previstas en la Constitución local y en las leyes secundarias, por lo que a dicho Comité no le corresponde emitir exhortos ni fijar consecuencias político electorales fuera de sus atribuciones.

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su probable participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero

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A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California condena la impunidad y opacidad con las que se han conducido las autoridades de procuración de justicia, al no haber procesado a los autores intelectuales de ambos crímenes.

Ante la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar a los autores intelectuales, el gremio periodístico realizó una vigilia a las afueras de la Fiscalía en Tijuana para expresar que, aunque desde 2022 existen carpetas de investigación que permitieron la condena de los autores materiales en ambos crímenes, la negativa de la fiscalía para continuar con la investigación evidencia la simulación con la que ofrecen una justicia a medias, sin llegar al motivo real de los asesinatos de los colegas.

El gremio periodístico exige a las autoridades que se continúen las investigaciones del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004, cuya carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado, donde continúa en el mismo estatus de abandono.  

¨Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista de Baja California¨, expresó el periodista Alberto Elenes, quien en nombre del gremio exigió a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, que actúe de verdad y no se esconda detrás del discurso para llegar a las personas que ordenaron dichos asesinatos.

Por su parte, Miguel Ángel Gaxiola, fiscal en delitos contra la vida de la FGE en Baja California, se presentó en la manifestación y dijo que por parte de la fiscalía extienden su apoyo para coadyuvar y analizar lo que falta como institución. Señaló que continúan trabajando y que se debe realizar un análisis profundo para poder llegar a los autores intelectuales. Actualmente, hay dos líneas de investigación en el caso de Lourdes Maldonado y solo una línea en el de Margarito Martínez.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que continúan activas las investigaciones relacionadas con los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y María Lourdes Maldonado López, registrados en el año 2022 en la ciudad de Tijuana.more

Las carpetas de investigación permanecen vigentes y, como resultado del trabajo ministerial, hasta el momento se cuenta con cinco personas sentenciadas y un imputado en etapa de apertura a juicio oral, lo que refleja avances significativos en el esclarecimiento de ambos casos.

La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, ha instruido al personal ministerial a continuar con las diligencias necesarias para lograr la detención de más posibles implicados en estos crímenes cometidos en agravio del gremio periodístico.

Caso María Lourdes Maldonado López:

En este caso se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de tres personas:

• Kevin Alberto “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Erick Eduardo “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Guillermo Julián “N”, sentenciado a 24 años de prisión.

Caso Margarito Martínez Esquivel:

Por este homicidio se cuenta con tres personas detenidas. Dos de ellas, Manuel Ramos y/o Adrián Nicolás Ramos, alias “El Uber”, y José Heriberto Ochoa Díaz, alias “El Huesos”, fueron condenados a 25 años de prisión.

En cuanto al imputado Christian Adán Velázquez José, alias “El Cabo 16” y/o “Jaguar”, se dictó auto de apertura a juicio oral y en espera del desahogo del mismo.

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María Elena Frausto, viuda del fotoperiodista Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero de hace cuatro años, expresó su profunda tristeza y frustración por la falta de respuestas de las autoridades hasta el momento. 

Afirmó que los años han sido muy difíciles y que desde hace un año no recibe ninguna información sobre el avance de la investigación del crimen de su esposo.

Frausto señaló que no ha recibido ninguna reparación del daño y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue sin tener detalles sobre las causas del asesinato. Además, solicitó a la Fiscalía General del Estado una cita para dialogar sobre su situación y alguna otra autoridad, ya que su vivienda se encuentra en una zona de riesgo que podría poner en peligro su integridad. La viuda también recordó que fue desplazada de su ciudad debido a cuestiones de inseguridad tras el asesinato de Margarito.

“A causa de todo eso y no hemos sabido, hay dos personas sentenciadas, quedó una pendiente, según dijo el fiscal Carpio, que había más personas involucradas que no están en la carpeta de investigación”, lamentó.

Frausto también expresó su preocupación por la falta de información sobre el autor intelectual del crimen y sobre la persona con quien Margarito tuvo un altercado previo a su muerte. Sin embargo, confía en que pronto las autoridades proporcionarán respuestas.

A cuatro años del asesinato, la viuda de Margarito aseguró que, a pesar de que él laboraba en alrededor de ocho medios de comunicación, ninguno le ha brindado apoyo económico. Lamentó que su esposo haya trabajado en una situación de riesgo, con un salario insuficiente, y que su vida haya sido arrebatada en esas condiciones. “Tanto esfuerzo no valió la pena”, expresó.

Aunque no ha recibido amenazas, sí mencionó que la Guardia Nacional realiza rondines en su vivienda como parte de la protección que le brindan. Sin embargo, espera que pronto se haga justicia y que pueda regresar a su ciudad sin temor.

Finalmente, María Elena Frausto concluyó con una reflexión: “Si no hay justicia en la tierra, que sea la de Dios”.

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