El Sistema de Naciones Unidas en México (ONU México) condenó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, quien en marzo de 2019 pidió ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera debido a las amenazas que recibía por su labor periodística. 

El asesinato de Lourdes Maldonado se suma al del fotoperiodista Margarito Martínez, quien fue ejecutado el 17 de enero en la colonia Sánchez Taboada, en Tijuana, tras acudir a un lugar donde le reportaron a una persona herida de bala. 

"Lamentamos y condenamos el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, tercer asesinato que se suma al de Margarito Esquivel y José Luis Gamboa en 2022", expresó en Twitter ONU México. 

El organismo internacional señaló que la libertad de expresión y la labor de quienes ejercen el periodismo son pilares de la democracia y de los derechos humanos, por lo que urgió a las autoridades investigar de manera pronta y efectiva el asesinato de Lourdes. 

"Se deben redoblar esfuerzos para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos y poner fin a la impunidad de estos crímenes" finalizó. 

Extendemos nuestras condolencias a la familia de Lourdes Maldonado y urgimos a investigar de manera pronta y efectiva su asesinato.
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— ONU México (@ONUMX) January 24, 2022

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A cuatro años de los asesinatos de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, el gremio periodístico de Baja California condena la impunidad y opacidad con las que se han conducido las autoridades de procuración de justicia, al no haber procesado a los autores intelectuales de ambos crímenes.

Ante la falta de actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) para llegar a los autores intelectuales, el gremio periodístico realizó una vigilia a las afueras de la Fiscalía en Tijuana para expresar que, aunque desde 2022 existen carpetas de investigación que permitieron la condena de los autores materiales en ambos crímenes, la negativa de la fiscalía para continuar con la investigación evidencia la simulación con la que ofrecen una justicia a medias, sin llegar al motivo real de los asesinatos de los colegas.

El gremio periodístico exige a las autoridades que se continúen las investigaciones del homicidio del periodista Francisco Ortiz Franco, asesinado el 22 de junio de 2004, cuya carpeta de investigación fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del Estado, donde continúa en el mismo estatus de abandono.  

¨Hoy cualquiera puede ordenar y pagar el asesinato de un periodista de Baja California¨, expresó el periodista Alberto Elenes, quien en nombre del gremio exigió a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, que actúe de verdad y no se esconda detrás del discurso para llegar a las personas que ordenaron dichos asesinatos.

Por su parte, Miguel Ángel Gaxiola, fiscal en delitos contra la vida de la FGE en Baja California, se presentó en la manifestación y dijo que por parte de la fiscalía extienden su apoyo para coadyuvar y analizar lo que falta como institución. Señaló que continúan trabajando y que se debe realizar un análisis profundo para poder llegar a los autores intelectuales. Actualmente, hay dos líneas de investigación en el caso de Lourdes Maldonado y solo una línea en el de Margarito Martínez.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que continúan activas las investigaciones relacionadas con los homicidios de los periodistas Margarito Martínez Esquivel y María Lourdes Maldonado López, registrados en el año 2022 en la ciudad de Tijuana.more

Las carpetas de investigación permanecen vigentes y, como resultado del trabajo ministerial, hasta el momento se cuenta con cinco personas sentenciadas y un imputado en etapa de apertura a juicio oral, lo que refleja avances significativos en el esclarecimiento de ambos casos.

La Fiscal General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, ha instruido al personal ministerial a continuar con las diligencias necesarias para lograr la detención de más posibles implicados en estos crímenes cometidos en agravio del gremio periodístico.

Caso María Lourdes Maldonado López:

En este caso se obtuvieron sentencias condenatorias en contra de tres personas:

• Kevin Alberto “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Erick Eduardo “N”, sentenciado a 20 años de prisión.
• Guillermo Julián “N”, sentenciado a 24 años de prisión.

Caso Margarito Martínez Esquivel:

Por este homicidio se cuenta con tres personas detenidas. Dos de ellas, Manuel Ramos y/o Adrián Nicolás Ramos, alias “El Uber”, y José Heriberto Ochoa Díaz, alias “El Huesos”, fueron condenados a 25 años de prisión.

En cuanto al imputado Christian Adán Velázquez José, alias “El Cabo 16” y/o “Jaguar”, se dictó auto de apertura a juicio oral y en espera del desahogo del mismo.

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La jueza de control interina de Campeche, Ana Maribel de Atocha Huitz May, impuso nuevas medidas cautelares contra el periodista Jorge González Valdez, prohibiéndole opinar o publicar información sobre la gobernadora Layda Sansores. Además, ordenó que cada contenido relacionado con la mandataria estatal, emitido por él o el diario Tribuna, sea supervisado previamente por un interventor judicial.

De acuerdo con el medio, la resolución también establece que González Valdez deberá estar acompañado por un “censor oficial” cuando participe en programas mediáticos, mientras que la Unidad de Medidas Cautelares vigilará su cumplimiento. Ante esto, Tribuna anunció que suspenderá la cobertura relacionada con la gobernadora hasta que se revoque lo que consideran una “ley mordaza”.

Estas nuevas restricciones contrastan con un fallo reciente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, que había revocado las medidas anteriores impuestas contra el periodista. Entre ellas, se encontraba la suspensión de su actividad periodística por dos años y la baja de la plataforma digital del medio, sanciones que fueron calificadas como desproporcionadas e inconstitucionales.

El proceso judicial se originó por una denuncia presentada por Layda Sansores, quien acusó al periodista del presunto delito de odio. El caso ha encendido el debate sobre los límites entre la protección de derechos y la libertad de prensa en el ejercicio periodístico en México.

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Por medio de redes sociales, la presentadora de noticias Laisha Wilkins informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le mandó una denuncia que reserva los datos de la parte denunciante.

En X, Laisha publicó una fotografía de la denuncia en la que se muestra la captura del tuit que posteó del cual se le pide dar explicaciones tras la publicación de Aristegui Noticias en la que mostraba una nota titulada "Dora la Censuradora: candidata a ministra de la SCJN pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks".

A lo que Wilkins respondió: "Jaja Dora la censuradora jaaja".

La denuncia pide datos como que señale el objetivo de la publicación, un domicilio para recibir notificaciones y si el comentario fue solicitado por alguna persona.

Incluso, el último punto solicita: "Informe si tiene o tuvo algún vínculo con algún partido político, candidata o candidato en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025".

"Lo importante es la CENSURA CIUDADANA. Lo dije ayer, debemos unirnos como sociedad no permitir el abuso de nuestros derechos y libertades", escribió Wilkins.

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