A fin de llevar los servicios que brinda la Sindicatura Procuradora a los tijuanenses, y orientarlos ante alguna queja o denuncia que deseen presentar, el órgano interno de control habilitó, a partir de febrero, diversos módulos de información en las nueve delegaciones y las instalaciones de Palacio Municipal.

El titular de la Sindicatura, Rafael Leyva Pérez, informó que a través de estos módulos se recibirán quejas, sugerencias y orientará a los ciudadanos en el llenado de formatos para todos aquellos que quieren presentar una denuncia formal contra un funcionario municipal.

Los módulos serán atendidos por jóvenes universitarios prestadores de servicio social, de las carreras de Derecho, Administración Pública y Ciencias Políticas, provenientes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC); Humanitas y UDCI. Para ello los estudiantes fueron debidamente capacitados por integrantes de la dirección Social de la Sindicatura Procuradora.

Los módulos brindarán atención de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y se ubicarán en las oficinas de las delegaciones municipales; así como el primer piso de Palacio Municipal. 

La síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas, informó que la Sindicatura busca generar confianza entre la ciudadanía, el sector empresarial y las organizaciones civiles para gestionar donativos en beneficio de la población.

Explicó que la dependencia no cuenta con recursos propios para adquirir estos insumos, por lo que los apoyos se obtienen mediante donaciones y se canalizan a instancias como el DIF y las delegaciones. Estas dependencias, por su cercanía con la comunidad, convocan a las personas que más los necesitan.

Este viernes, la Sindicatura realizó la entrega de vales para canjear por mil 33 pares de zapatos, destinados a niñas, niños, adolescentes y adultos.

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La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que la próxima semana podría resolverse uno de los dos expedientes administrativos abiertos contra el funcionario municipal Erik Enrique Lazcano Portillo, relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Uno de los procedimientos está vinculado con actuaciones relacionadas con el desarrollo habitacional conocido como Up Town, en el área de El Mirador de La Mesa. El otro corresponde a señalamientos relacionados con una obra en la colonia Cacho. La próxima semana, el funcionario está citado en relación con este último expediente.

Balderas Beltrán explicó que la Sindicatura Procuradora puede aplicar medidas preventivas, entre ellas la suspensión temporal del cargo. Aclaró que esta medida no equivale a un despido: el servidor público queda separado de sus funciones mientras continúa el procedimiento y la plaza permanece ocupada.

La síndica señaló que, en caso de que el funcionario ya haya sido removido del cargo cuando se emita una resolución, el procedimiento administrativo seguirá su curso. Según sus resultados, el asunto podría turnarse al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía o a otra autoridad competente, por ejemplo, si se determina que hubo daño al erario o una afectación a terceros que implique una reparación económica.

Los dos expedientes son independientes, aunque se tramitan en fechas cercanas. En ambos se investigan posibles irregularidades vinculadas con el ejercicio de las atribuciones del funcionario; las indagatorias deberán determinar si se configura una falta administrativa y qué autoridad debe conocer del caso.

La existencia de investigaciones no implica que el funcionario haya sido declarado responsable. Corresponderá a las autoridades competentes analizar los hechos y las pruebas, y resolver conforme a derecho.

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La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana informó la inhabilitación temporal de cuatro servidores públicos de la actual administración municipal, tras dar positivo a metanfetaminas en los exámenes de control y confianza.

La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, detalló que, como Órgano Interno de Control, la dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de vigilar el correcto actuar de todo el personal, garantizando el apego a principios de legalidad, honestidad, responsabilidad y respeto al servicio público.

“La instrucción del presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, es clara y contundente: no tolerar ninguna falta y asegurar que todo el personal se conduzca con ética, transparencia y pleno respeto a la ciudadanía”, subrayó.

Respecto a los casos, la Síndica Procuradora informó lo siguiente: David Ezequiel Flores Chavarría, auxiliar de mantenimiento en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con relación laboral sindicalizada, fue sancionado con inhabilitación temporal, tras resultar positivo a metanfetaminas.

Asimismo, Rodolfo Humberto Lozano García, supervisor de mantenimiento en la misma dirección, con relación laboral sindicalizada, fue inhabilitado por dar positivo a metanfetaminas y marihuana.

De la misma manera, Enrique Curiel Nava, jefe de sección 'E' en Oficialía Mayor, también sindicalizado, fue sancionado con inhabilitación tras dar positivo a metanfetaminas, marihuana y anfetaminas.

En tanto, Nathanael Loya Costa, supervisor en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con relación laboral por honorarios, fue inhabilitado de manera temporal.

Teresita Balderas Beltrán enfatizó que estos procedimientos se realizaron con apego a la normatividad vigente y garantizando en todo momento el debido proceso

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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