El pasado 16 de marzo la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, pidió al Banco AFIRME que regrese la cantidad de 123 millones de pesos que fueron destinados en la anterior administración para la planta generadora de energía fotovoltaica, ahora los transportistas de Tijuana se pronuncian.

Los taxis de ruta ahora lucen con leyendas de "Banco Afirme regresa el dinero de los baja californianos". De acuerdo a la Gobernadora el proyecto no se realizará porque no cuenta con los permisos necesarios para su desarrollo y construcción en la entidad.

El Poder Judicial del Estado de Baja California, a través de la jueza de control, María de Jesús Acosta Sumarán, emitió la aprehensión en contra de dos directivos de Banca Afirme que no se presentaron a la audiencia judicial celebrada en la capital de Mexicali relacionado al proyecto de la planta fotovoltaica. 

El actual gobierno pretende recuperar los 123 millones de pesos más sus rendimientos que están retenidos en Banca Afirme para la construcción de la planta fotovoltaica, proyecto que no se realizó en la anterior administración por no contar con los permisos correspondientes, así como ser inviable desde diversas perspectivas. 

La denuncia interpuesta por el gobierno de Baja California ante la Fiscalía General del Estado llevó a cabo la causa penal 5312/2022 con Número Único de Caso (NUC) 02-2022-10453. 

La Consejería Jurídica informó que los acusados, Nabor "N" y David "N", deberán responder por el delito de abuso por retención, consistente en no devolver un bien cuando es requerido formalmente. Cabe señalar que la audiencia de Formulación de Imputación será el 26 de enero de 2023 a las 9:00 horas.

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Los 123 millones de pesos que el banco Afirme retuvo hace un año al estado por concepto de participaciones federales y que sigue sin retribuirle es motivo ya de una denuncia penal por parte del Gobierno de Baja California contra la institución financiera. El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, lo dio a conocer. 

Apuntó que ya con intereses, la suma supera en estos momentos los 130 millones de pesos, cantidad que si bien, en lo general, no significaría mayor diferencia para el gasto de la administración estatal, siempre será bienvenido cualquier recurso adicional a las arcas de la entidad. 

“En la dimensión total de los recursos que requiere el estado no es una parte sustantiva. Pero 130 millones de pesos, es decir, 123 millones más los intereses relacionados con esa inmovilización que tenemos, son 130 millones de pesos que seguramente serian de mucha utilidad en el estado” indicó.

Aún y cuando la mayor parte del caso lo maneja la Consejería Jurídica, el funcionario estatal se dijo confiado en que la denuncia resulte favorable al gobierno estatal y ese dinero pueda, por fin, restituirse al estado.

El recurso se encuentra congelado luego de que Afirme lo retuviera como aval financiero de la fallida planta fotovoltaica que intento construirse en Mexicali durante el pasado gobierno estatal de Jaime Bonilla Valdés.

Los 123 millones de pesos que desde principios de año retiene Banca Afirme al Gobierno del Baja California como garantía del fallido proyecto de la planta fotovoltaica que se impulsó en la pasada administración estatal, siguen sin ser reintegrados a la entidad. 

El consejero jurídico del Gobierno del estado, Juan José Pon, informó que, por la actitud de la firma bancaria, necia en no devolver el monto, desde una semana y media atrás un juez federal ordenó congelar la cuenta en la que se encuentra esa cantidad de dinero, por lo que el banco no podrá utilizarla. 

Hace un par de días que la decisión del juez fue notificada al equipo legal del gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

En cuanto al proceso legal que existe contra los ex funcionarios involucrados en el proyecto de la planta fotovoltaica, el servidor público indicó que el próximo 17 de octubre se realizará la nueva audiencia en el Poder Judicial del estado. 

Los 123 millones de pesos, blanco de la disputa legal que se ha extendido casi todo el año, fueron parte de las participaciones federales que durante el gobierno de Jaime Bonilla se dieron como garantía financiera para la construcción de dicha infraestructura. Luego de la cancelación de los trabajos por parte de Ávila Olmeda, el banco no ha reintegrado el recurso.

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