En un operativo, el Sistema Estatal Penitenciario con el apoyo de autoridades de los tres niveles de Gobierno, trasladaron a 518 Personas Privadas de la Libertad (PPL) del CERESO de Tijuana a El Hongo l de Tecate.  

La comisionada Ma. Elena Andrade Ramírez informó que el objetivo es mejorar las condiciones de internamiento de los PPL de los Centros de Reinserción Social, cumpliendo con el pleno respeto de sus derechos humanos y de la Ley de Ejecución Penal.

Dijo que el Gobierno que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda, es derecho-humanista, garantista y respetuoso de los derechos de las Personas Privadas de la Libertad.

"Hemos cambiado la alimentación, la limpieza e higiene, así como medidas de prevención y tratamiento a la salud, también lo estamos haciendo en el área jurídica y como en este caso, a través de la reubicación estamos actuando con el fin de mejorar la calidad de vida de los PPL de ambos CERESOS", puntualizó.

Andrade Ramírez, enfatizó que la reinserción social implica la difícil tarea de trabajar en la transformación de las personas, por eso se privilegia la vinculación con la familia y se tiene una activa participación interinstitucional de varias dependencias de Gobierno, y desde luego, las firmas de convenios con instituciones educativas como la UABC, otras instancias como los Ayuntamientos, organizaciones civiles, que se seguirán realizando.

Tras destacar que el Centro de Reinserción Social El Hongo I está en condiciones adecuadas tanto de espacio como de oportunidades, la comisionada señaló que en el operativo las autoridades actuaron perfectamente coordinadas, escoltando al convoy formado por camiones y vehículos de custodia.

Las corporaciones que participaron fueron la Fuerza Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria; Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana; Guardia Nacional; Fiscalía General del Estado y el Ejército Mexicano.

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Por la falta de agua potable, medicamentos y amenezas en la Penitenciaría La Mesa, familiares de personas privadas de la libertad se manifestaron este lunes al exterior del centro penitenciario ubicado en Avenida Los Charros en la ciudad de Tijuana. 

Los internos no alzan la voz porque temen que los custodios los violenten o sean amenazados pues ya ha ocurrido en algunos casos. 

La señora Mari Hernández, dijo en entrevista que los presos tienen miedo a hablar porque son violentados, por lo que decidieron salir a defenderlos y pedir a la Comision de los Derechos Humanos que atienda la situación que pone en riesgo la vida de las personas privadas de la libertad. 

Ante las altas temperaturas que persisten en la región, sugieren que incrementen el consumo de agua debido a que les restringen el vital líquido.

¨Nosotros sufrimos con ellos, que sepan que nos estamos manifestando para que ellos tengan una mejor atención, estamos pidiendo a quien corresponda que nuestros internos estén mejor atendidos¨, expresó Hernández 

¨Queremos justicia¨, gritaron frente a la Penitenciaría y exigieron ¨No más abusos¨ pues señalan que los custodios les quitan artículos o dinero que les entregan sus familiares.

¨Tienen miedo de hablar porque les hacen daño, no tienen ayuda médica, si les ocurre un accidente o algo ellos se tienen que curar solos, estamos exigiendo justicia para que vengan las autoridades para que vengan y vean realmente como viven los presos¨, manifestación la familiar de un reo que prefirió el anonimato para no poner en riesgo al interno.

De acuerdo a la autoridad estatal un grupo de internos realizó un intento de motín en la Penitenciaria de La Mesa en Tijuana, derivado de ellos dos custodios fueron hospitalizados por lesiones a causa de golpes que formaron parte de los disturbios. 

Fue aproximadamente a las 6:00 horas del 7 de diciembre cuando se movilizaron distintas corporaciones policiales, incluyendo ejército mexicano, personal de la marina y la Guardia Nacional, ya que fue solicitado el apoyo por parte del personal de la penitenciaria ante la situación. 

Las calles del área de la Mesa estuvo cerrada tanto para residentes como para trabajadores de comercios de la zona, debido al operativo desplegado dentro y fuera del penal, donde se mantuvo incertidumbre por el despliegue armado. 

A través de un comunicado, la comisionada estatal del Sistema Penitenciario, María Elena Andrade, informó que la situación fue controlada, agregó que fue un grupo de 6 internos los que encabezaron los disturbios, además de que atendieron sus peticiones, y trabajaron en conjunto con visitadores de derechos humanos para corroborar la situación de control.

El pasado 8 de octubre se registró una situación similar, donde los reclusos realizaron un intento de motín al exigir mejores condiciones dentro de la penitenciaria, en aquellas ocasión también las autoridades lograron obtener el control y la liberación de un custodio que mantuvieron de rehén. 

Cabe señalar que el pasado domingo, otro caso se suscitó a las afueras de la penitenciaria, donde fue dejada una hielera con una cabeza humana, acompañada de un mensaje donde se amenazaba a las autoridades del mismo centro de reinserción social.

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La mañana de este miércoles se activó una alerta por un motín al interior de la Penitenciaria La mesa en la ciudad de Tijuana, luego de que internos de lo edificios 2 y 6 tenían retenidos a tres custodios, quienes exigían mejor atención médica y alimentos. 

El gobierno estatal en un comunicado confirmó que dos custodios fueron trasladados al ISSSTECALI para atención médica y que su condición es estable. 

Aproximadamente una hora y media después de la primera alarma en la que se solicitó apoyo federal la situación quedó controlada, sin embargo, al momento se encuentra una unidad blindada en la que podrían ser reubicados los internos que provocaron los disturbios.

La falta de insumos para el aseo e higiene personal, aspectos de maternidad y lactancia de las mujeres internadas en los centros penitenciarios, representa un tema ignorado por este gobierno, de ahí la importancia de presentar un dictamen que obliga al estado a proporcionarlos, explicó la Diputada Federal, Lizbeth Mata Lozano.

Señaló que de conformidad al último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2021, a nivel nacional se registraron 293 mujeres en centros penitenciarios privadas de la libertad, las cuales estaban embarazadas y/o en periodo de lactancia, y otras 339 mujeres que tuvieron consigo dentro de los centros penitenciarios a sus hijos e hijas menores de 6 años.

En el mismo estudio, se reportaron 344 personas menores de 6 años que permanecieron internados con sus madres en centros penitenciarios, de los cuales el 45.3% fueron niños y 54.7% fueron niñas, afirmó.

Asimismo, se reportaron 4868 quejas a nivel nacional, dentro de los centros penitenciarios, abarcando el mayor número de quejas la atención médica y psicológica.

Con estos antecedentes, dijo, debe prestarse mayor atención a los centros penitenciarios, en particular a las mujeres que los habitan, ya que existen ciertos aspectos fisiológicos que requieren de atención especializada. Como es el caso de mujeres embarazadas, las madres que tienen a sus hijos menores de 6 años con ellas dentro del centro, o incluso la menstruación que puede ocasionar ciertos malestares.

Explicó que con el interés de que se protejan los derechos de todas las mujeres y a nombre de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en la sesión ordinaria dio lectura a este dictamen, pues para nadie es un secreto que en México los centros penitenciarios no tienen la más mínima garantía de derechos humanos, pues incluso su capacidad es superada por la cantidad de personas recluidas en celdas y condiciones deplorables.

Destacó que esas condiciones inhumanas también la sufren los hijos de mujeres recluidas en las prisiones mexicanas, ya que existen mujeres que tienen la posibilidad de tener a sus hijos con ellas mientras cumplen su condena.

Señaló que ante esto, no existen disposiciones normativas que regulen o protejan a estas familias que viven en los centros penitenciarios, a pesar de que estas poblaciones son bastante considerables y deberían ser tomadas en cuenta.

Es por ello que en la Comisión de Justicia se aprobó este dictamen, con la intención de otorgar derechos mínimos indispensables para mujeres reclusas de centros penitenciarios en México, derechos que les permitan a ellas y a sus familias contar con las herramientas necesarias para vivir lo más digno posible dentro de los reclusorios del país.

Mediante este Dictamen, expuso, se reconoce la perspectiva de género como eje rector de la política penitenciaria; así como garantizar el acceso de las mujeres en reclusión de diversos bienes y servicios que beneficien su acceso a la salud.

Entre los beneficios que se proponen, son garantizar los suministros de gestión menstrual y las vacunas como elementos que deben ofrecerse en los Centros Penitenciarios; que las autoridades o quienes trabajen en los centro penitenciarios sean capacitadas en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; también el reconocer la posibilidad de contar con espacios físicos destinados a la maternidad y a la lactancia; entre otros aspectos que pretenden beneficiar a las mujeres reclusas de centros penitenciarios, que aunque se encuentren privadas de la libertad por haber cometido un delito, siguen siendo personas, mujeres y seres humanos a quienes darles una atención oportuna y de calidad.

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El estado de Baja California es uno de los que más traslados realiza, sin embargo, sigue este Estado en el tercer lugar con mayor cantidad de población penitenciaria en el país entero.

La comisionada del Sistema Estatal Penitenciario detalló, del universo de las 500 personas que se tienen con un alto perfil criminológico, al menos 120 se tienen catalogadas de un muy alto nivel de peligrosidad, mismos que fueron reubicados en centros de máxima seguridad en otras entidades.

Actualmente en todos los Ceresos de Baja California la población penitenciaria es de 13 mil 300 personas. Los estados con mayor población en el país son Ciudad de México, seguido de Jalisco y por último BC.

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