Esta tarde la Sindicatura Procuradora Municipal, suspendió provisionalmente al jefe de arrastres municipales, David Emiliano Hernández Villela, por inconsistencias en una auditoria realizada por esa autoridad al Departamento de Supervisión de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos.

De acuerdo con información en poder de CADENA NOTICIAS, la Sindicatura realizó una "Auditoría Integral", del 1 de octubre del 2021 al 25 de enero del 2022 donde detectaron observaciones, algunas de carácter grave.

Como la falta del título de propiedad o registro en los expedientes para la liberación de automóviles de procedencia extranjera o mejor conocidos como "carros chocolate", así como la carta de posesión otorgada por un notario público.

También se encontró que la dirección en este período entregó carros a personas que no acreditaron su propiedad. 

En el documento donde se le notificó a Hernández Villela, de la suspensión preventiva se aclaró que el personal de la Sindicatura encontró estas inconsistencias constantemente. 

En lo que la Sindicatura Procuradora Municipal determina si la suspensión es definitiva, Hernández Villela seguirá recibiendo el 30 por ciento de su sueldo, así como la cobertura total de los servicios médicos municipales para él y sus dependientes.

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La síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas, informó que la Sindicatura busca generar confianza entre la ciudadanía, el sector empresarial y las organizaciones civiles para gestionar donativos en beneficio de la población.

Explicó que la dependencia no cuenta con recursos propios para adquirir estos insumos, por lo que los apoyos se obtienen mediante donaciones y se canalizan a instancias como el DIF y las delegaciones. Estas dependencias, por su cercanía con la comunidad, convocan a las personas que más los necesitan.

Este viernes, la Sindicatura realizó la entrega de vales para canjear por mil 33 pares de zapatos, destinados a niñas, niños, adolescentes y adultos.

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La síndica procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, informó que la próxima semana podría resolverse uno de los dos expedientes administrativos abiertos contra el funcionario municipal Erik Enrique Lazcano Portillo, relacionados con presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

Uno de los procedimientos está vinculado con actuaciones relacionadas con el desarrollo habitacional conocido como Up Town, en el área de El Mirador de La Mesa. El otro corresponde a señalamientos relacionados con una obra en la colonia Cacho. La próxima semana, el funcionario está citado en relación con este último expediente.

Balderas Beltrán explicó que la Sindicatura Procuradora puede aplicar medidas preventivas, entre ellas la suspensión temporal del cargo. Aclaró que esta medida no equivale a un despido: el servidor público queda separado de sus funciones mientras continúa el procedimiento y la plaza permanece ocupada.

La síndica señaló que, en caso de que el funcionario ya haya sido removido del cargo cuando se emita una resolución, el procedimiento administrativo seguirá su curso. Según sus resultados, el asunto podría turnarse al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, a la Fiscalía o a otra autoridad competente, por ejemplo, si se determina que hubo daño al erario o una afectación a terceros que implique una reparación económica.

Los dos expedientes son independientes, aunque se tramitan en fechas cercanas. En ambos se investigan posibles irregularidades vinculadas con el ejercicio de las atribuciones del funcionario; las indagatorias deberán determinar si se configura una falta administrativa y qué autoridad debe conocer del caso.

La existencia de investigaciones no implica que el funcionario haya sido declarado responsable. Corresponderá a las autoridades competentes analizar los hechos y las pruebas, y resolver conforme a derecho.

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La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana informó la inhabilitación temporal de cuatro servidores públicos de la actual administración municipal, tras dar positivo a metanfetaminas en los exámenes de control y confianza.

La síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, detalló que, como Órgano Interno de Control, la dependencia a su cargo tiene la responsabilidad de vigilar el correcto actuar de todo el personal, garantizando el apego a principios de legalidad, honestidad, responsabilidad y respeto al servicio público.

“La instrucción del presidente municipal, Ismael Burgueño Ruiz, es clara y contundente: no tolerar ninguna falta y asegurar que todo el personal se conduzca con ética, transparencia y pleno respeto a la ciudadanía”, subrayó.

Respecto a los casos, la Síndica Procuradora informó lo siguiente: David Ezequiel Flores Chavarría, auxiliar de mantenimiento en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con relación laboral sindicalizada, fue sancionado con inhabilitación temporal, tras resultar positivo a metanfetaminas.

Asimismo, Rodolfo Humberto Lozano García, supervisor de mantenimiento en la misma dirección, con relación laboral sindicalizada, fue inhabilitado por dar positivo a metanfetaminas y marihuana.

De la misma manera, Enrique Curiel Nava, jefe de sección 'E' en Oficialía Mayor, también sindicalizado, fue sancionado con inhabilitación tras dar positivo a metanfetaminas, marihuana y anfetaminas.

En tanto, Nathanael Loya Costa, supervisor en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, con relación laboral por honorarios, fue inhabilitado de manera temporal.

Teresita Balderas Beltrán enfatizó que estos procedimientos se realizaron con apego a la normatividad vigente y garantizando en todo momento el debido proceso

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La denuncia pública que realizó el Partido Acción Nacional (PAN) en el mes de diciembre sobre la instalación de espectaculares en vía pública publicitando a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, aún se encuentra en revisión y en los proximos días presentarán formalmente la denuncia en Sindicatura Procuradora, informó Christopher Domínguez Meraz, dirigente del PAN en Tijuana.

¨Lo que tiene que ver con saltarse Cabildo, sobre todo porque la ciudad ya no aguanta más contaminación visual y que por otro lado son espectaculares que no se cobró ningún derecho, ningún impuesto y son espectaculares que están fuera de ley en propiedad de todos los tijuanenses¨, expresó Meraz. 

Detalló que desde hace tres meses instalaron espectaculares en diversos puntos de la ciudad con publicidad de la alcaldesa y que hasta el momento han sido detectados cuatro, así mismo, indicó que fue detectada la base de otro espectacular en la carretera Tijuana-Rosarito.

Aunque la alcaldesa respondió a dichas denuncias el mes pasado y recalcó que no actuó fuera de la ley; el dirigente del PAN dijo que esperarán a las investigaciones correspondientes y confía en la resolución de Sindicatura Municipal.

¨Es evidente que no habido ninguna autorización, basta con revisar las sesiones de cabildo, son muy pocas las que ha habido, una vez que la alcaldesa revisé que es lo que ha pasado en Tijuana que es lo que debería estar haciendo se dará cuenta que no habido ninguna autorización para espectaculares en vía pública ¨, manifestó Domínguez.

La Secretaría de Salud (Ssa) tiene irregularidades financieras por 168 millones 369 mil pesos, según reveló la segunda entrega del informe de la Cuenta Pública 2021 que presentó el pasado viernes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados.

En el documento que hizo entrega el auditor David Colmenares vía remota se encontró que la dependencia a cargo de Jorge Alcocer presentó gastos no justificados en cinco apartados, entre ellos el manejo de hospitales y desembolsos por Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dentro de las 13 auditorías realizadas por la dependencia se ubicó un aparente desfalco por 98 millones 489 mil pesos correspondiente a la gestión financiera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Entre las irregularidades encontradas en dicho hospital, la Auditoría Superior de la Federación señaló dos que tienen que ver con el manejo de los insumos, bienes y servicios.

Por una parte, indicó que la institución carece de controles para resguardar y entregar los materiales y provisiones, y tampoco lleva un control del inventario “lo que impidió la presentación confiable de los registros en los estados financieros”.

Asimismo, advirtió que los procedimientos de contratación carecen de supervisión por parte de los administradores del contrato, ya que no se acreditó la prestación de los servicios acordados en al menos seis contratos.

Por estas inconsistencias la ASF emitió una recomendación, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones a la Secretaría de Salud, pues a pesar de los probables desvíos por casi 100 millones de pesos, el Hospital de la Península de Yucatán no demostró tener el personal de confianza suficiente en mandos medios y superiores.

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC, la Auditoría determinó que la Secretaría de Salud debe aclarar el destino de 24 millones 586 millones de pesos relacionados con los servicios de arrendamiento de equipo informático; de mantenimiento y de aplicaciones sustantivas; así como de servicios de telecomunicaciones.

Los resultados de la revisión a las cuentas de la Ssa por parte de la ASF encontraron que hubo deficiencias en la administración de contratos, principalmente en la falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y en la supervisión y seguimiento por parte del administrador del contrato del cumplimiento de las actividades acordadas.

Esto es que en contratos como el identificado con el número DGRMSG-DCC-S-020-2020 se estime un probable daño al erario por más de 19 millones de pesos debido a que se “carece de la evidencia que valide que todas las órdenes de servicio generadas durante 2021 con el proveedor, fueron cerradas a satisfacción de las áreas usuarias; que se cuenta con sus entregables, así como con la documentación probatoria que valide la ejecución de las actividades de mantenimiento y desarrollo”.

La ASF consideró que las inconsistencias fueron lo suficientemente graves para ameritar 17 recomendaciones y tres Pliegos de Observaciones, pero ninguna promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Los 45 millones 294 mil pesos de los que la Auditoría Superior desconoce el paradero son por irregularidades en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se advirtieron posibles desfalcos por 35 millones 860 mil pesos.

También en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por dos millones 266 mil pesos; el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapa, por 13 millones 167 mil.

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