El abogado Vicente Piña denunció un cartel inmobiliario tras un despojo de aproximadamente 3.5 hectáreas, que formaron parte del patrimonio de la familia Otañez, ha sido presentada ante las autoridades y medios de comunicación. Según la denuncia, este despojo se ha llevado a cabo mediante un elaborado esquema que involucra un supuesto juicio laboral del año 2009, en el Centro de Arbitraje y Conciliación número 4 de la Ciudad de México, en el cual los titulares originales fueron alterados a través de influencias y redes de poder a nivel nacional.
El responsable de esta estrategia, acusan los denunciantes, es Erika Miroslava Limón Enciso, una figura política-social de la CTM, a quien atribuyen la manipulación y despojo de los predios mediante un expediente falso y un acta de embargo que nunca debió haberse registrado.
La denuncia señala que el acta de embargo, emitida en 2023, fue registrada en el Registro Público de Baja California sin verificar la autenticidad del documento, a pesar de que carecía de elementos esenciales, como número de oficio y firma digital válida.
El documento fue grabado en el sistema bajo instrucciones de la magistrada honoraria y sisma nivel Romo Romero Pelayo, quien, según las acusaciones, tiene antecedentes de colaborar con actos ilícitos relacionados con propiedades. La denuncia señala además que el responsable del registro público en Baja California, licenciado Carlos Murguía Mejía, no habría cumplido con los protocolos adecuados para verificar la legalidad de los documentos, facilitando así el despojo progresivo de los terrenos.
Se explica que este proceso ha permitido la transferencia y administración fraudulenta de varias propiedades, incluyendo un poder otorgado a un representante en Morelos, en un acto que también es considerado irregular y simulado. La denuncia resalta que estas acciones se han dado en un contexto de corrupción e influencia política, afectando derechos de propietarios legítimos y sembrando un grave daño patrimonial y social en la región.
Por ello, los denunciantes han interpuesto un amparo ante un juez de distrito, buscando frenar esta cadena de actos ilegales y exigir justicia. La denuncia sigue abierta a la investigación y a la exposición pública de estos hechos que evidencian posibles redes de corrupción que operan en las instituciones públicas y privadas de Baja California.
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