En la frontera de Tijuana, niños migrantes desplazados por la violencia en México dejaron sus juguetes para apoyar en la construcción un albergue; activistas estiman que este año incrementará el contingente en la caravana migrante centroamericana ante la intención del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de eliminar la restricción de asilo político que impone la Ley del Título 42.

El Pastor Albert Rivera Colón, Presidente de la Asociación Civil Ágape aseguran que se están preparando para la inminente llegada de una nueva caravana de migrantes a la ciudad.

"Hemos recibido  llamadas de distintos lugares diciendo que si los podemos recibir, y pues están desesperados en venir", dijo.

Migrantes centroamericanos tienen una difícil tarea, pues el Instituto Nacional de Migración (INM) no les permite el acceso a tierras mexicanas. Situación que los orilla a contratar servicios de 'coyotes' para que los ayuden a ingresar a México o pedir favores para que funcionarios les agilicen su trámite.

"No hay duda se van a dejar venir", debido al 'semáforo verde' de acceso con la eliminación de restricción de asilo de la Ley del Título 42.

Es importante señalar que el acceso al albergue Ágape es únicamente si las personas están llevando un trámite totalmente legal de su situación migratoria en el país.

Una problemática en México es la trata de personas y con migrantes es potencialmente peligrosa, pues 'coyotes' los internan al país por rutas perjudiciales (para evitar ser vistos o atrapados por autoridades mexicanas), cayendo víctimas de la violencia en algunos casos.

Para Albert Rivera existe un doble discurso pues no le queda claro cuando autoridades estadounidenses instan a turistas a no visitar México por la inseguridad, diciendo que el 30% del territorio es peligroso, pero cuando se trata de migrantes ya no lo es tanto.

"Eso no lo puedo entender... en pocas palabras como que Estados Unidos está interesado en proteger a sus ciudadanos pero no interesados a proteger la seguridad de los migrantes".

Actualmente trabajan en el proyecto para que el albergue crezca al doble de su capacidad, construyendo un edificio de tres pisos que podría albergar hasta 1,200 personas. Todos los trabajadores involucrados son migrantes, adultos, jóvenes y hasta niños se involucran para ayudar.

 El Instituto Nacional de Migración (INM) condenó de manera enérgica el ataque armado perpetrado contra las instalaciones de la estancia migratoria en Tijuana, Baja California, ocurrido la noche del pasado 8 de abril. 

Según informes del INM, en las imágenes del atentado se puede observar a una persona vestida de negro que desciende de un vehículo compacto y se aproxima a las oficinas administrativas portando un arma de fuego, disparando directamente hacia ellas. Afortunadamente, en el momento del suceso no se encontraba laborando personal administrativo en el lugar.

#TarjetaInformativa 📄 @INAMI_mx condena el ataque con arma de fuego en contra de las instalaciones de la estancia migratoria en #Tijuana, Baja California ocurrido la noche del 8 de abril de 2024.
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— INM (@INAMI_mx) April 9, 2024

El INM ha tomado medidas inmediatas al presentar una denuncia ministerial y solicitar la presencia de peritos de la Fiscalía General de la República en la entidad para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Asimismo, el instituto reafirmó su compromiso de trabajar por una migración segura, ordenada y regular conforme a la ley.

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El Instituto Nacional de Migración (INM) ha tomado la decisión de separar de sus funciones a dos agentes migratorios que se desempeñaban en la Oficina de Representación en Baja California, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación por presuntos actos ilícitos en los que estarían involucrados.

Según informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Bienestar de Baja California, uno de los funcionarios laboraba en la garita "El Chaparral" en Tijuana, mientras que el otro desempeñaba funciones administrativas en la Oficina de Representación.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que de 2017 a 2023 se han abierto 119 investigaciones contra agentes de esa institución acusados de presuntas “conductas irregulares” contra migrantes, entre ellas extorsión, pero clasificó como información reservada el nombre de los funcionarios acusados, por un periodo de cinco años.

En una solicitud de información vía Ley de Transparencia hecha por EL UNIVERSAL, se pidió al organismo detallar la fecha, lugar, descripción de queja, nacionalidad del denunciante y si hubo alguna sanción contra los funcionarios acusados. Sin embargo, la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación señaló que no contaba con la información desagregada como se le solicitó.

“La cantidad de denuncias del periodo de 2017 a 2023 de las cuales la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación tuvo conocimiento y canalizó al Órgano Interno de Control (OIC) en el INM respecto de conductas aparentemente irregulares cometidas por personas servidoras públicas adscritas a las Oficinas de Representación del INM con la finalidad de que ese órgano fiscalizador en el ejercicio de sus atribuciones conociera los hechos y en su caso determinara la procedencia de realizar las investigaciones correspondientes e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa respectivos, siendo éstas 119 quejas contenidas en un total de 2 mil 348 fojas”, expuso.

El INM informó que se clasificaron como información reservada los nombres de los agentes migratorios al argumentar que su difusión podría ser susceptible a alguna persecución por parte del crimen organizado por desempeñar actividades en materia de control y regulación migratoria, existiendo “un probable daño real, demostrable e identificable”.

Sostuvo que los agentes migratorios pudieran llegar a ser privados de su libertad o incluso perder la vida a manos de la delincuencia.

“Al revelarse el nombre de los funcionarios se pone en riesgo su vida y seguridad, lo que representaría su identificación plena, haciendo factible que cualquier persona pueda atentar en su contra y cometer actos ilícitos que pongan en riesgo su vida y seguridad personal”, asevera.

Ayer El Gran Diario de México informó que dos agentes del INM fueron captados en video mientras cobraban sobornos a migrantes durante una verificación en la caseta 156, Ojo Zarco, de la carretera Guadalajara-Tepic. Tras mostrar el video al INM informó que ordenó la baja inmediata de ambos elementos y se levantó la denuncia ante la FGR.

En la solicitud de información, Migración argumentó que la publicación de los nombres de los agentes federales de Migración o los servidores públicos con funciones operativas los coloca en un “grave riesgo” y que podría afectar su honorabilidad y su derecho a la presunción de inocencia.

“Hasta en tanto el OIC determine la procedencia o no de algún procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra se debe de garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los servidores públicos, ya que incluso con la publicidad de sus nombres se podría afectar la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debi-do proceso”, indicó.

El pasado 6 de abril EL UNIVERSAL reveló que en el Instituto Nacional de Migración agentes y funcionarios aprovechan cualquier oportunidad para obtener dinero de los migrantes y extorsionarlos sin importar su nacionalidad, pues, de acuerdo con testimonios de extranjeros y de integrantes de ONG, les cobran para dejarlos salir de las estaciones, por artículos para servicios básicos (higiene personal) e incluso existen “tienditas” en los centros de detención para vender productos hasta al triple de su costo normal.

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Las intercepciones de migrantes buscando llegar a Estados Unidos desde México bajaron más de un 70 por ciento con el fin del Título 42, dijo un funcionario de alto nivel del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS), mientras ambas naciones luchan por reducir la migración irregular masiva.

Desde el 12 de mayo, un día después de que se levantó la ley de la era del Covid-19 la Patrulla Fronteriza interceptó en promedio a unas cuatro mil personas diarias y durante las últimas 48 horas a unas tres mil, explicó Blas Nuñez-Neto, funcionario del DHS.

"Nos sentimos alentados por los últimos progresos que hemos hecho en las últimas semanas, pero sabemos muy bien que es demasiado pronto para sacar cualquier conclusión definitiva o predecirlo que va a pasar en las semanas que vienen", agregó en una conferencia de prensa en línea.

Nuñez-Neto informó que esta semana también fueron repatriadas once mil personas a más de 30 países, entre ellos adultos solteros y miembros de familias. De esta cantidad, mil 100 corresponde a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron enviados México.

Las recientes repatriaciones, explicó, ocurren bajo la ley de inmigración llamada Título 8, la cual incluye mayores sanciones para los migrantes que ingresen de forma irregular a Estados Unidos.

Recientemente, México anunció que continuaría aceptando a migrantes de esas nacionalidades, como parte de un acuerdo humanitario con Estados Unidos, que a su vez recibirá a más de 100 mil personas procedentes de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Funcionarios estadounidenses exhortaron a los migrantes a usar la aplicación CBP One para programar una cita para solicitar asilo, la cual es gratuita y les permite viajar de forma más segura, sin tener que poner su vida en riesgo o en manos de traficantes de personas.

Actualmente el número de citas es de mil espacios por día, pero no está descartado que pudiera aumentar, dijo durante la conferencia de prensa Jesús Sanchez, un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), adscrito a la oficina de Campo, en Los Ángeles, California.

Las autoridades buscan reducir el número de migrantes que intentan entrar al país desde México, más de 20 mil por mes el año pasado, lo que le ha valido al presidente Joe Biden duras críticas de parte de los republicanos.

Las nuevas reglas parecen estar cumpliendo su cometido de disuasión, consideró Nunez-Neto.

La llegada de migrantes provenientes de América del Sur y Central a través de la frontera con México parece también haberse reducido, agregó.

La aplicación móvil "CBP One", concebida para centralizar las demandas de citas migratorias en Estados Unidos, ha recibido "decenas de miles" de visitas y más de cinco mil fueron "procesadas" desde el 12 de mayo, dijo el funcionario.

No obstante, Nunez-Neto insistió que era "muy pronto para sacar conclusiones definitivas de estos primeros indicios".

El pasado miércoles una niña de 8 años murió en custodia de Estados Unidos en Harlingen, una ciudad de Texas cercana al Golfo de México.

En un comunicado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) dijo que "la niña y su familia estaban bajo custodia en Harlingen, donde ella experimentó una emergencia médica" y luego de ser llevada al hospital "fue declarada muerta".

La agencia, que no dio detalles sobre la identidad o nacionalidad de la menor, anticipó que se abrirá una investigación sobre su fallecimiento.

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El campamento de migrantes entre el muro fronterizo de Tijuana y San Diego fue desalojado este domingo por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fin del título 42, grupos de migrantes que arribaron a la frontera decidieron acampar entre las vallas divisorias para solicitar el asilo en Estados Unidos.

En el lugar quedaron las bolsas de basura, sábanas y cobijas que utilizaban para formar casas de acampar, además del acumulamiento de basura como restos de comida y envases.

Fueron días difíciles para los inmigrantes que acamparon cerca de 15 días y sobrevivieron de agua embotellada, barras energéticas y algunos alimentos que les ofrecían a alto costo o les brindaba la ciudadanía.

Activistas pro migrantes en Tijuana, temen que ahora con el título 8, los inmigrantes sean deportados a sus países de origen y no puedan ingresar a territorio estadounidense en los próximos 5 años.