Por la muerte de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante un curso de entrenamiento en Mexicali, Baja California, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al titular de la Secretaría de esa institución, Luis Cresencio Sandoval González.

De acuerdo con el organismo que dirige Rosario Piedra Ibarra, 24 de noviembre de 2020 se realizó un curso de fuerzas especiales en el desierto. Cuando los cursantes cubrían los bunkers que anteriormente habían excavado, el servidor público que fungía como instructor ordenó a la víctima que se introdujera en el búnker número 8, a lo cual obedeció. Una vez dentro, el instructor ordenó que lo taparan, por lo que arrojaron tierra y lo sepultaron.

Posteriormente, se ordenó a otros cuatro elementos que se introdujeran al mismo búnker y también los enterraron, tan es así que un instructor caminó sobre la tierra que los cubría. Los testimonios recopilados refieren que los responsables del grupo comenzaron a tomar fotografías riéndose de lo que ocurría y que este tipo de prácticas eran recurrentes por parte de ambos, sin que el responsable principal del grupo se percatara de ello, ya que lo hacían cada vez que se alejaba del lugar.

“Auxiliados por compañeros que se encontraban fuera del búnker en ese momento, cuatro de los sepultados lograron salir sin darse cuenta de que la víctima quedó al interior, ni en qué momento fue ingresado al mismo. Una de las personas que había estado enterrada se percató de que había perdido su cargador, por lo que, al buscarlo al interior del búnker apareció la víctima, quien yacía inconsciente, por lo que fue trasladada a un hospital. No obstante, al llegar al nosocomio ya se encontraba sin signos vitales”, señaló la CNDH.

El organismo pidió que se imparta un curso de capacitación integral de formación en derechos humanos, dirigido a las integrantes del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales Temamatla, Estado de México, y del Centro de Operaciones en Desierto, Laguna Salada, Baja California, ambos del Ejército Mexicano, enfocados a prevenir hechos similares a los que dieron origen a esta Recomendación.

Además, solicitó a la Sedena que se inscriba a las personas afectadas por estos hechos en el Registro Nacional de Víctimas, y que proceda a la inmediata reparación integral del daño ocasionado a las víctimas indirectas, que incluya una compensación justa y suficiente tomando en cuenta la gravedad de los hechos, además de que se les otorgue atención médica integral y psicológica permanente.

En 2020 un elemento del #Ejército falleció por abusos de los responsables de un curso de entrenamiento en #Mexicali; emitimos la #Recomendación 59VG/2022 a la @SEDENAmx solicitando la reparación del daño a su familia.

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— CNDH en México (@CNDH) June 28, 2022

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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La Liga de Ciudadanos Latino Estadounidenses Unidos (Lulac, en inglés), la organización hispana más grande y antigua de EU, demandó este viernes que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) investigue la muerte de la soldado Ana Fernanda Basaldua Ruiz en Fort Hood (Texas), donde fue asesinada la soldado Vanessa Guillén en 2020.

"La investigación debe comenzar de inmediato y debe encabezarla una autoridad exterior (al Ejército de Estados Unidos)", dijo Analuisa Tapia, directora en Killeen (Texas) de Lulac, la organización latina más antigua del país. 

En una conferencia de prensa junto al Portal Bernie Beck de Ford Hood, Tapia dijo hoy que "Lulac no puede descansar hasta que todos los hechos salgan a luz y que los responsables sean procesados".

"Los responsables por la muerte de Basaldua Ruiz deben rendir cuentas", señaló en un comunicado el presidente de Lulac, Domingo García.

Denuncias de agresión sexual en fuerzas militares aumentaron en 2021

Basaldua, de 21 años de edad, nacida en México y naturalizada estadounidense, fue hallada muerta el lunes en un local de mantenimiento de la base militar donde, en 2020, fue asesinada la soldado Vanessa Guillén.

En declaraciones para la cadena Telemundo, los familiares de la soldado indicaron que en la semana anterior a su muerte Basaldua se había quejado de acoso sexual por parte de camaradas y de un oficial.

En un comunicado este jueves, El Ejército de EU dijo que la División de Investigación Criminal del Ejército que lleva adelante una pesquisa "hasta el momento" no había encontrado indicios criminales en la muerte de la soldado.

No está claro si Basaldua hizo alguna denuncia formal del acoso sexual en los 15 meses durante los cuales estuvo asignada a Fort Hood.

En ese sentido García, dijo que Basaldua "no debió haber sufrido el tratamiento del cual han hablado sus familiares".

Por su parte Tapia señaló que "esta última muerte es un recordatorio demasiado conocido de lo que ocurrió a Vanessa Guillén. No puede haber razón alguna por la cual hay soldados todavía sometidos a acoso sexual".

"Nos entristece profundamente la pérdida de la soldado Ana Basaldua Ruiz y expresamos nuestras condolencias a su padre, madre y hermana", dijo el teniente coronel Patrick Sullivan, comandante del Batallón 91 de Ingenieros que es parte de la Primera División de Caballería.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos en estos momentos difíciles", añadió el oficial militar.

Las denuncias de agresiones sexuales aumentaron en el 2021 entre las fuerzas militares. Según cifras del Departamento de Defensa ese año se recibió un total de 8 mil 866 denuncias de agresión sexual, un incremento de mil 050 de las 7 mil 816 recibidas en 2020.

El mayor aumento de denuncias de agresión sexual se dio en el Ejército de EU con 25.6%.

Fort Hood, ubicado unos 112 kilómetros al norte de Austin, ocupa un área de 860 kilómetros cuadrados.

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El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama señaló que la CNDH viola la Constitución ya que no puede intervenir en materia electoral.

En su cuenta de Twitter, el consejero señaló que esta recomendación está en sintonía "con el ataque del poder hacia un INE independientemente".

En la recomendación de la CNDH, califica al órgano electoral como un instrumento parcial y de "sabotaje" a la ciudadanía.

"Muestra de cómo se erosiona una institución cuando renuncia a su autonomía", sostuvo.

El consejero también se unió al hashtag "#YoDefiendoAlINE".

La @CNDH viola la Constitución (art. 102) al pretender intervenir en la materia electoral.

Lo hace en sintonía con el ataque del poder hacia un @INEMexico independientemente.

Muestra de cómo se erosiona una institución cuando renuncia a su autonomía.

Por eso #YoDefiendoAllNE

— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) November 1, 2022

Oposición refrenda apoyo al INE; CNDH perdió su vocación y se volvió vocera, acusan

Las bancadas del PAN, PRI, PRD y MC en la Cámara de Diputados refrendaron su apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE) y arremetieron contra la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por respaldar el proyecto de reforma político-electoral del Ejecutivo.

En diferentes entrevistas con EL UNIVERSAL, liderazgos de estas fuerzas políticas señalaron que la CNDH perdió su vocación y se ha convertido en vocera del Presidente de la República.

Anunciaron que solicitarán que la funcionaria comparezca ante el pleno de San Lázaro para explicar su actuar y su desempeño en el organismo. En el Senado pidieron revisar su nombramiento y hay legisladores que piden su renuncia.

Ocho de los nueve consejeros consultivos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazaron este jueves la decisión de no impugnar la reforma aprobada por el Senado el pasado 8 de septiembre que traslada el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En un desplegado, la mayoría de los consejeros dejaron clara su postura frente al posicionamiento de 16 páginas que emitió la CNDH cinco días después de haberse aprobado la reforma y donde adelantó que no presentaría una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Lamentamos que la decisión de la CNDH no considere el marco constitucional, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por México ni las diversas sentencias y criterios en la materia”, sostuvieron.

Esta es la segunda vez que los consejeros se desmarcan de la institución a cargo de Rosario Piedra Ibarra. La primera ocasión fue apenas la semana pasada, previo a la discusión y votación de la iniciativa en el Senado, cuando ante la inacción de la CNDH seis de sus nueve consejeros le solicitaron a la presidenta del organismo impugnar la reforma.

Requerimiento que fue desestimado varios días después por la propia Comisión, ya que desde su perspectiva consideró que la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es “admisible” dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México.

Aunque la reforma es considerada por organizaciones civiles como Amnistía Internacional y la propia Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas como preocupante, por dejar que los militares tomen el mando en labores de seguridad pública, la CNDH razonó que “dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible”.

El organismo se limitó a justificar la operatividad de las Fuerzas Armadas al señalar que las policías locales y municipales no han podido contener el avance de la delincuencia organizada en el país y recordó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Sedena y la Guardia Nacional son de las instituciones que más confianza dan a la ciudadanía.

Sin embargo, ahora con dos integrantes más de su lado, los consejeros emitieron un nuevo mensaje en el que se dijeron convencidos de que la reforma tendrá un impacto negativo en los derechos humanos del país, por lo que todos, salvo María del Rosario Torres Mata, firmaron el documento en contra de lo señalado por la presidenta de la CNDH y se comprometieron a apoyar las iniciativas ciudadanas que busquen revertir la reforma, además de dar acompañamiento a potenciales víctimas de derechos humanos derivadas lo aprobado por el Congreso de la Unión.

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En México no hay un mando militar arbitrario, mucho menos continuidad de políticas de militarización como las prevalecientes en los sexenios anteriores, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

“Lo que vivimos hoy es un nuevo proceso transformador, y para hacerlo tenemos un marco legal, que ciertamente hay que reforzar y mejorar, para garantizar la prevalencia del mando civil supremo sobre toda fuerza armada, del sistema republicano y de la división de poderes; siendo responsabilidad de todos los actores públicos, y de la sociedad, defender el Estado democrático de Derecho que lo hace posible”, destacó.

Al difundir su postura sobre la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, de integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH, que dirige Rosario Piedra Ibarra anunció que no promoverá acciones de inconstitucionalidad por las reformas aprobadas.

“Esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá Acción de Inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado”, subrayó.

Admisible control de Sedena sobre GN

Argumentó que dado el contexto de violencia e inseguridad que vive México, es “admisible” el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena.

“Esta Comisión Nacional considera que, dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Sedena puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”, expuso.

Señaló que también impulsará acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que "en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada", se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones. 

Aseguró que de diciembre pasado a la fecha, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han dejado de aparecer entre las cinco autoridades más señaladas en expedientes de queja, por lo que confía que estas reformas se sumen a la estrategia de seguridad del gobierno federal para atender la violencia en el país.

"La CNDH reitera su compromiso de velar por la máxima protección a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, por lo que permanecerá atenta a la implementación de las reformas aprobadas y a la actuación de la Guardia Nacional, ejerciendo sus atribuciones, sin reservas ni limitaciones, en el marco del respeto a nuestro orden Constitucional", expresó.

A través de su cuenta de Twitter, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez acusó que con su postura la CNDH evidencia su falta de autonomía para defender los derechos humanos.

“La @CNDH evidencia una vez más su falta de autonomía: abdica de su facultad de interponer acción de inconstitucionalidad vs las reformas a la #GuardiaNacional Las 16 págs. de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de #DDHH”, expresó.

Sostuvo además que “las 16 páginas de su posicionamiento son muestra penosa de falta de independencia y desconocimiento de estándares de derechos humanos”.

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