Durante la administración estatal pasada, con Jaime Bonilla Valdés como gobernador, hubo la intención de aplicar cortes definitivos del servicio de agua potable a usuarios domésticos que tuvieran adeudos con las Comisiones de Servicios Públicos del estado, aún y cuando esto se encuentra prohibido en tratados internaciones de derechos humanos a los que México se encuentra adherido.  

Lo anterior fue expresado por el diputado Juan Manuel Molina García, quien al ser legislador reelecto pudo asegurar que la administración anterior envió varias propuestas de reformas constitucionales que contemplaban realizar dichas acciones.

“Los tratados internacionales estipulan que se debe privilegiar el consumo doméstico, sobre cualquier otro. Inclusive hubo reformas que nos mandaron de la administración pasada en donde intentaron que se cortará el servicio doméstico y eso siempre lo dejamos fuera”, sostuvo.  

El diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) manifestó que hacer cortes definitivos al agua de usuarios domésticos esta totalmente descartado en Baja California, aún con el escenario de sequía que se vive actualmente, púes siempre se garantizará el mínimo vital a la población.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que actuó de buena fe en su relación con el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, y aseguró que "el que debe nada, teme". 

Durante la conferencia "mañanera", la mandataria explicó que recibió llamadas y visitas de personas relacionadas con agencias de Estados Unidos, y que en su momento, aceptó dialogar con ellos confiando en una colaboración institucional.

Ávila Olmeda precisó que la interacción se dio en un marco de cooperación contra el crimen organizado y en intercambio de información, dado que Baja California es un estado fronterizo. 

La gobernadora aclaró que en las reuniones nunca le mostraron identificaciones oficiales, y que los encuentros se realizaron en una oficina en Tijuana, bajo la impresión de tratar con autoridades legítimas de Estados Unidos, en torno a temas de visa y asuntos binacionales.

Asimismo, la mandataria señaló que en la grabación filtrada se muestra sorprendida por algunas insinuaciones, por lo que solicitó que estos temas fueran revisados con su abogado. También reveló que el exgobernador Jaime Bonilla la llamó por WhatsApp para solicitarle recibir a esas personas, en un intento por apoyarla, y que accedió a recibirlos en diciembre de 2025.

Por último, Ávila Olmeda anunció que evalúa acciones legales en contra de Bonilla, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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El exgobernador de Baja California y actual comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, negó haber participado en la entrevista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con agencias estadounidenses, así como en cualquier maniobra para grabar o filtrar conversaciones.

A través de un comunicado emitido por el PT, Bonilla sostuvo que resulta “ilógico” que se le vincule con un encuentro que, por su naturaleza, habría sido sensible y confidencial, especialmente por la confrontación política que ha mantenido con la mandataria estatal.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expuso.

El exmandatario también cuestionó que se pretenda responsabilizarlo de facilitar recursos o contactos a la gobernadora, cuando, afirmó, desde los primeros días de su administración la ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Bonilla consideró que Ávila Olmeda atraviesa una “crisis de pánico” y acusó un cambio en su postura frente a las filtraciones. Según señaló, ante el primer material difundido la gobernadora negó los hechos, mientras que después de una segunda filtración lo colocó como responsable.

Finalmente, el comisionado político del PT exigió que la gobernadora explique quiénes intervinieron y de qué manera habría cruzado a Estados Unidos sin visa para sostener reuniones con agencias de ese país.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de títulos de concesión de agua a los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada, en Baja California, calificando el hecho como histórico.

La medida permitirá que los municipios dejen de pagar a intermediarios por el suministro del recurso hídrico, garantizando el abasto para los próximos 30 años.

Fin a la comercialización del agua

Durante su conferencia desde Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que esta acción forma parte de la nueva política hídrica que busca eliminar privilegios.

Señaló que anteriormente los municipios tenían que comprar el agua a un Distrito de Riego que ya no la utilizaba para actividades agrícolas, pero que obtenía ingresos millonarios por su venta.

“Recibía 200 millones de pesos al año por venderle el agua a los municipios”, detalló.

Cambios con la nueva ley

El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales López, explicó que la nueva Ley Nacional de Aguas elimina prácticas como:

• Transmisiones de derechos entre particulares
• Cambios de uso con fines de lucro
• Acaparamiento del recurso
• Uso ilegal del agua

Además, se reconocen sistemas comunitarios en ejidos y pueblos indígenas, fortaleciendo el acceso equitativo.

De acuerdo con autoridades, en los últimos cinco años los municipios de Baja California pagaron más de 531 millones de pesos por el suministro de agua bajo el esquema anterior.

Con la entrega de concesiones, se asegura el suministro a largo plazo y se busca fortalecer la inversión en infraestructura pública.

“Justicia hídrica” para el estado

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que esta medida representa el inicio de una nueva etapa para el estado.

Afirmó que se trata de una decisión que elimina la incertidumbre y devuelve el control del agua a la población, en lo que calificó como una era de justicia hídrica.

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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