A finales de abril, principios de mayo, magistrados de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declararon ilegal la reincorporación de Jaime Bonilla como senador.

El secretario de Cuentas de la Sala Regional, Juan Carlos Medina explicó que existía un impedimento legal para que el ex primer mandatario de Baja California regresara al cargo, luego de haberse desempeñado como gobernador durante la vigencia de una licencia por tiempo indefinido aprobado por la Cámara de Senadores, ya que al tomar protesta como mandatario estatal optó por dicho cargo de elección popular y agoto su derecho a elegir entre ambos.

Hoy en un video realizado en el Senado de la República, Bonilla Valdez declaró haber participado en la previa de la sesión permanente, contraviniendo la resolución del TEPDJ, afirmando que devengaba su sueldo como legislador de la Cámara Alta de la nación.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la impugnación promovida por la senadora de Morena, Julieta Ramírez Padilla, con la que buscaba revocar la decisión de reabrir una denuncia en su contra por presuntas violaciones a la legislación electoral.

La denuncia fue presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que acusa a la legisladora de presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos. Inicialmente, el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) desechó el expediente.

Sin embargo, el representante del PRI, Joel Abraham Blas Ramos, impugnó esa determinación ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (TJEBC), el cual ordenó al IEEBC admitir la denuncia e iniciar el procedimiento correspondiente. Esa resolución fue posteriormente combatida por Julieta Ramírez ante la Sala Regional Guadalajara.

Durante la sesión, la magistrada ponente Irina Graciela Cervantes Bravo señaló que existen elementos suficientes para que el caso sea investigado y aclaró que la resolución no prejuzga sobre la responsabilidad de la senadora.

"Aún no se entra al estudio de fondo, es una cuestión procedimental; lo único que se está analizando aquí es si el desechamiento que revocó el tribunal electoral fue adecuado o no. Nuestra ponencia considera que la autoridad responsable justificó las razones adecuadas", explicó la magistrada.

Asimismo, la Sala Regional consideró que el Instituto Estatal Electoral de Baja California realizó una revisión incompleta, descontextualizada y fragmentada de la denuncia, por lo que confirmó la resolución del tribunal local que ordenó admitir el expediente para su investigación.

La impugnación quedó registrada bajo el expediente SG-JG-44/2026 y fue resuelta por unanimidad de los tres magistrados que integran la Sala Regional Guadalajara, con lo que el procedimiento continuará en la autoridad electoral correspondiente.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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Con la ausencia de los 42 legisladores de oposición, el Senado de la República emitió la declaratoria de validez y constitucionalidad de la reforma que cede a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional.

En breve sesión y luego de dar cuenta de la aprobación del decreto correspondiente, por parte de 26 legislaturas estatales, el presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña hizo la declaración formal, a efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Y una vez computados los 26 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.