Ante las denuncias que han hecho trabajadores del restaurante "La Justina" ubicado en el Valle de Guadalupe, el Secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, Alejandro Arregui Ibarra confirmó la violación a la ley de los y las trabajadores. 

Detalló que son alrededor de 40 trabajadores los afectados y por el momento se están entablando pláticas conciliatorias entre patrón y trabajadores para que posteriormente inicie el proceso de sanción. 

A diferencia de la declaración del Secretario del Trabajo en el estado, el abogado Carlos Alberto Alba, mencionó que son más de 80 trabajadores que se acercaron para pedirle asesoría legal en material laboral pues no cuentan con salarios dignos ni seguridad social.

"Están incómodos y desconocen sus derechos laborales, me llamó mucho la atención ayer que me acerqué a una de las personas que trabajan ahí, le decía al representante patronal que ella tenía miedo de las represalias, que tenía miedo a los guardias que andan armados en el restaurante y que están con el patrón, eso me hace pensar que se está violando el estado de derecho", expresó Alba.

#LaJustina | #ValleDeGuadalupe

Detalló que son alrededor de 40 trabajadores los afectados y por el momento se están entablando pláticas conciliatorias entre patrón y trabajadores.

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— Cadena Noticias (@cadena_noticias) July 23, 2022

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Norberto Olivares, dueño del centro de tratamiento de adicciones llamado Casa Alma, en Playas de Tijuana, retuvo por la fuerza, auxiliado por un guardia de seguridad a una de las víctimas para obligarla a firmar su renuncia.

Una de las ex trabajadoras sufrió agresiones físicas, verbales y fue retenida, mostró audios en los que se escucha a Norberto Olivares gritar, ofender y golpear muebles.

Al momento la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) inició una investigación en el centro de tratamiento de adicciones, el titular de la secretaría informó que la investigación inició luego de dos denuncias presentadas por maltrato y violación a los derechos laborales de dos empleados que se desempeñaban como psicólogos.

 Nosotros iniciamos un proceso de investigación, de inspección y sancionador que seguramente derivará en una sanción qué tiene que ser una sanción con base a la Ley pero tiene que ser una sanción ejemplar”, advirtió Arregui Ibarra.

La denuncia por la privación de la libertad y agresiones físicas fue llevada tanto ante el Ministerio Público bajo el Número Único de Caso (NUC) 0204-2023-01932.

Arregui declaró ante medios de comunicación que inspectores laborales, quienes acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas.  

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de que se tenía separados a estos trabajadores con presuntas amenazas por parte del patrón, giré instrucciones para que personal de la dirección de Inspección se trasladara en ese mismo momento y tuvimos una oportuna intervención”, dijo el secretario Arregui.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que logró una sentencia de 33 años a una mujer identificada como Elvira Segundo García, quien obligaba a sus hijas a vender frutas y verduras en un tianguis.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la mujer fue sentenciada por el delito de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados, con la modificativa agravante de tratarse de menores de edad y que fueran sus hijas.

La mujer obligaba a sus dos hijas a vender verduras y condimentos en el tianguis del municipio de San Felipe del Progreso, los fines de semana, días festivos y durante los periodos vacacionales.

Obligaba a sus hijas a trabajar en tianguis sin comer

En el mes de agosto del año 2016, cuando una de las víctimas tenía 9 años, Elvira comenzó a obligarla a realizar dicha actividad. Posteriormente, en enero del año 2017, esta mujer de igual forma obligó a otra de sus hijas de entonces 6 años, a comercializar las verduras.

Ambas menores no eran alimentadas mientras se encontraban trabajando en un horario de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, además de que también eran golpeadas por la ahora sentenciada.

Niñas fueron rescatadas por su papá de explotación

El 5 de septiembre de 2019, las dos víctimas fueron rescatadas por su padre, por lo que éste acudió a denunciar los hechos , lo que llevó a un juez a librar orden de aprehensión en contra de ella.

En septiembre de 2020 esta mujer fue detenida por Policías de Investigación (PDI) por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, en donde quedó a disposición.

Con las pruebas aportadas un Juez dictó la condena de 33 años y 4 meses, además deberá pagar multa de 73 mil 040 pesos y 197 mil 760 pesos como reparación del daño.

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Haciendo malabares en semáforos, ofreciendo limpiar parabrisas o pidiendo dinero, un total de 91 niñas y niños han sido detectados laborando en calles de Mexicali, sostuvo la directora de DIF en la capital del estado, Elba Cornejo Arminio.

Atacar el problema es complejo, pues en primer lugar cambian constantemente de sitio y si se localizan en algún crucero, por ejemplo, el mismo día ya no están ahí. 

Otro dilema es que muchos de estos niños no están solos, sino que trabajan junto a sus familias y aún cuando su trabajo puede ponerlos en riesgo, no se puede separar de sus padres tan fácilmente, pues se tiene que iniciar una ruta legal para hacerlo.

La funcionaria municipal sostuvo que este mismo año se llevó a cabo un operativo para rescatar niños que venían del sur del país y estaban trabajando en cruceros viales; la intención era protegerlos de las altas temperaturas. Sin embargo, y luego de la intervención de la diputada Evelyn Sánchez, se tuvo que regresar a los menores a sus familias porque se violaron los derechos humanos ya que los trabajadores del DIF no le hablaron a los niños en su lengua nativa. 

Ante ello se está buscando asesores que apoyen en el manejo de estos lenguajes originarios.

En el marco del mes contra el trabajo infantil, en el Consejo Agrícola de Baja California nos sumamos a todo esfuerzo que lleve a los niños a las aulas y los aleje del trabajo, en la educación, está el verdadero desarrollo del país, indicó Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California (CABC). 

Explicó que, a través de casas certificadoras de responsabilidad social, que cuentan con acreditaciones internacionales, hay certeza de que las empresas representadas por el CABC no emplean a niñas ni niños en sus operaciones.

Hoy estamos sumados al organismo internacional World Visión (WV), con quienes hacemos campaña de concientización que derive en un mayor entendimiento sobre la necesidad de evitar el trabajo infantil en el mundo, en nuestro país, nuestro estado y nuestro municipio, dijo.

La magnitud del problema del trabajo infantil en el mundo, explicó, es grave, de acuerdo a WV, casi 1 de cada 10 niños en todo el mundo, son víctimas de trabajo infantil, 48% de ellos tienen entre 5 y 11 años de edad y 73 millones de ellos están expuestos a trabajos peligrosos. 

Agregó que la esclavitud y el trabajo infantil no son problemas menores ya que 152 millones de niños y niñas en todo el mundo son víctimas de ello y que circunstancias como la COVID-19 solo han empeoran el problema. 

En nuestro país, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), 3.2 millones de niños son expuestos a labores que no les corresponden, lo que es preocupante porque 3 de cada 10 personas en el país, tienen menos de 17 años, lo que pone en riesgo a muchísimos menores de edad. 

Solorio Meza refirió que, en todo el mundo, los niños están siendo explotados mediante el trabajo infantil, y en el mejor de los casos, tiene consecuencias negativas para su escolarización y desarrollo a largo plazo y en el peor de los casos, incluye la esclavitud, la trata, la explotación sexual y el trabajo peligroso que pone a los niños en riesgo de muerte, lesiones o enfermedades.

Puntualizó que los niños que tienen que trabajar en lugar de ir a la escuela, aumentan su probabilidad de ser pobres en su vida posterior hasta en un 30%, por lo que debe existir un esfuerzo entre todos los niveles y órdenes de gobierno, el sector empresarial, la academia y las organizaciones de la sociedad civil, para revertir las tendencias globales y nacionales y darle una verdadera oportunidad a la infancia.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) logró presentar las pruebas para que dos personas fueras vinculadas por el delito de explotación infantil  y violencia familiar en la ciudad de Tijuana.

El reporte indica que Daniela "N" y Jorge Luis "N" obligaban a dos menores de edad a trabajar en la garita de Otay vendiendo frituras y galletas, esto bajo la amenaza de que serían sujetos a violencia física y agresiones verbales.

Investigaciones arrojan que las víctimas vendían diferentes productos en las canchas deportivas Bondojo, ubicadas entre la Mesa de Otay y el carril de la línea Sentri de la Garita de Otay. 

Esta actividad la realizaban de lunes a domingo, desde el mes de abril del año 2020 hasta diciembre de 2021, sin días de descanso y sin pagarles ninguna cantidad de dinero. 

 Elementos de la Agencia Estatal de Investigación lograron capturar a los sujetos el pasado 22 de marzo de 2022 y fueron sujetos a un proceso legal por los delitos de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados y violencia familiar.

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