Morena aplicó la mayoría que tiene en el Congreso del estado para aprobar el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que reforma la Ley Estatal Anticorrupción y crear el Sistema Estatal en la materia que incluirá a los siete síndicos municipales y solo dará un espacio a ciudadanos dentro del organigrama. 

La votación final quedó con 20 votos a favor; provenientes de las bancadas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), la bancada del Partido Encuentro Solidario (PES), y los diputados de Claudia Agatón del Partido del Trabajo (PT); dos votos en contra, de Daylin García Ruvalcaba de Movimiento Ciudadano (MC) y Adrián Cota Muñoz del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y una abstención, de Marco Antonio Blasquez del PT. 

La discusión de la iniciativa, presentada por el presidente la mencionada Comisión, Juan Manuel Molina García, se extendió por casi dos horas ya que el inicialista y la diputada García Ruvalcaba, principal opositora a la propuesta, se enfrascaron en un enfrentamiento por los parámetros en que se conformarán los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).

La “emecista” aseguraba la minimización al máximo de la participación ciudadana, contraria a la naturaleza del Sistema en el que se privilegiaba al ciudadano sobre los funcionarios públicos habiendo paridad en los cargos dentro del SEA. Mientras que el morenista refutaba que cuando hubo ciudadanos, durante la primera etapa del organismo, se no se avanzó en ninguna investigación y los integrantes terminaron interponiendo demandas entre si.

La conformación del SEA terminó siendo aprobada con trece escaños, incluyendo a los siete síndicos municipales, y solo un sitio para un ciudadano.

Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

Para la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Daylin García Ruvalcaba, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no funcionará de la forma en que quedó conformado después de los cambios aprobados en el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales ésta tarde en el Congreso del estado. 

“Lamentablemente en ésta sesión del pleno mis compañeras y compañeros votaron a favor de crear un Sistema Estatal Anticorrupción que nace muert. Considero ampliamente que no va funcionar” expresó la legisladora mexicalense.

La iniciativa que se aprobó en la sesión ordinaria de este 25 de agosto contempla la conformación del Comité Seleccionador del SEA con catorce personas; trece de ellas serían representantes de instituciones de gobierno y una sola posición será para un representante ciudadano. 

La conformación que defendía la legisladora de MC era una a partes iguales, siete funcionarios y siete personas de la sociedad civil. El presidente del Comité Seleccionador, por donde pasarían los nombramientos del Fiscal y el Magistrado anticorrupción, sería siempre ciudadano. 

Los cambios a la Ley Estatal Anticorrupción que conforman el dictamen 26 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales fueron determinados como una reforma constitucional. Por ley, tendrá que ser aprobados por la mayoría de los Cabildos en la entidad, incluyendo los consejos fundacionales de San Felipe y San Quintín. Para ser validados los cambios, el dictamen tendrá que ser aprobado por cuatro de los siete municipios.

Hasta el momento sigue sin existir nombramientos dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, ni siquiera hay propuestas por parte del Poder Ejecutivo para que alguien ocupe la posición, como lo es una de sus facultades según lo estipula la ley en la materia.  

Este desinterés es interpretado por la diputada local, Daylin García Ruvalcaba, como falta una muestra de que el combate a la corrupción no es una prioridad para la actual administración en Baja California.  

“Es un hecho lamentable. Se tiene la facultad por parte del Gobierno del estado no solamente enviar (propuestas) a la Fiscalía sino también a la magistratura anticorrupción. Hay que recordar que esos espacios no están ocupados por un titular que haya sido nombrado propiamente por el Congreso. La facultad de enviar la terna es por parte del Ejecutivo y estamos esperando que tengan a bien llegar al tema que tanto nos interesa en Baja California” expresó la legisladora de Movimiento Ciudadano.  

“Esperemos que lo hagan bien, que manden buenos perfiles y la verdad es que se ve que no ha sido una prioridad de Gobierno del estado ponerle atención al Sistema Estatal Anticorrupción” agregó.  

La creación del Sistema Estatal Anticorrupción fue creado luego de aprobarse su conformación por el Congreso local desde junio del 2017. En cinco años no ha podido operar por falta de presupuesto y organigrama.

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEABC), durante el marco del Día Internacional contra la Corrupción, se compromete a seguir trabajando como un organismo descentralizado con su propia personalidad jurídica, autonomía técnica y de gestión.

El 9 de diciembre, se celebra el Día Internacional contra la Corrupción. Nacida por una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), su importancia radica en la lucha contra las prácticas negativas en distintos países del mundo.

Según el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), creció la proporción de la población que fue víctima de corrupción en un trámite de gobierno, al elevarse a 15.7 % en 2019 del 14.6 % en 2017. 

“En la SESEABC seguimos trabajando y nos falta mucho por hacer, existen una serie de situaciones que de alguna manera han perjudicado el avance satisfactorio de un Sistema Estatal Anticorrupción tan importante para el Estado y que constitucionalmente debe trabajar, en donde viene a sumarse para que de una manera sistemática disminuya este problema tan complejo y añejo” Indico el Encargado de Despacho de Secretario Técnico, Lic. Francisco Javier Rebelín Ibarra.

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Juzgado de Distrito otorgó amparo y protección a Luis Irineo

Resolución judicial permite restablecer legalidad en SEABC rota por injerencia del gobernador y la secretaria de la Honestidad

El Juzgado Quinto de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ordenó al gobierno Baja California restituir a Jorge Topete como consejero ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California. 

La resolución judicial contra el acto arbitrario y de abuso de poder permitirá restablecer la legalidad y funcionabilidad del SEABC irrumpida por la injerencia directa del gobernador del Estado, ingeniero Jaime Bonilla, a través de la secretaria Vicenta Espinoza.

En el expediente 695/2021, el juez Cuéllar le otorgó a Topete Calvario la suspensión definitiva para que no lo separen del cargo y continúe desempeñando las labores derivadas de su nombramiento, además que instruye a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública del gobierno de Baja California que se "abstenga de emitir resolución" en el procedimiento administrativo sancionador. 

Las medidas protectoras del juez federal habilitan a Jorge Topete Calvario a integrar el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con plenitud de derechos y facultades, con base en la hoja número 10 del Considerando Cuarto de la resolución judicial. 

También se ordena a las autoridades estatales que no podrán dictar resolución final en el procedimiento administrativo disciplinario, hasta que el juez de amparo resuelva el fondo de los asuntos planteados, en particular la incompetencia de la SHyFP. 

Además, el Poder Judicial de la Federación otorgó el amparo y protección de la justicia a Luis Irineo Romero en contra de la medida de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, del 14 de abril del 2021, consistente en suspenderlo de su cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En el expediente del juicio de amparo indirecto 470/202, el Juzgado Quinto de Distrito ordenó a Secretaría de la Honestidad y Función Pública dejar insubsistente el oficio de la separación de su cargo y “se le restituyan al quejoso de los derechos infringidos por las consecuencias del acto reclamado”, según el punto 55, página 28, de la sentencia.

Esta medida judicial representa, además de un triunfo sobre la arbitrariedad y el abuso de poder de la SHyFP, un paso decisivo para encausar la operatividad y restituir la legalidad del área técnica del Sistema Estatal Anticorrupción.

En diversos Juicios de Amparo interpuestos por los consejeros ciudadanos: Claudia Telles Aguilar, Eduardo Arredondo Uribe, Francisco José Fiorentini Cañedo y Fermín Álvaro Gutiérrez Villa, los jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación han otorgado suspensión para que las autoridades de la SHyFP se abstengan de dictar la resolución final en los procedimientos administrativos que desahogan, hasta que el juez federal correspondiente resuelva el fondo de las controversias.

Con estas medidas, la SHFP está imposibilitada por el momento para dictar sanción alguna. 

En su oportunidad, los jueces de Distrito habrán de resolver el fondo sobre asuntos como la incompetencia de la SHyFP para intervenir en el régimen de responsabilidades de los representantes ciudadanos (CPC), la naturaleza jurídica del cargo de representante ciudadano y la ilegalidad de los actos desplegados por las áreas de esta dependencia estatal.

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