En caso de que el ex Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y demás funcionarios de su administración no asistan a comparecer ante el juez el próximo 15 de agosto en Tijuana, podría girarse órdenes de aprehensión, declaró el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez.

"Habría que ver la interpretación que le pueda dar el propio poder judicial, nosotros tenemos claro que algunas personas podrán elegir por presentarse o ausentarse por su propia voluntad, cualquier persona que no se presente en forma voluntaria podrá ser objeto de solicitarle una orden de aprehensión", expresó Carpio.

Agregó que si el ex Gobernador del estado, cuenta con protección legal para el desarrollo de su función deberá presentarlo y demostrarlo ante la ley, sin embargo, detalló que de ser así, la investigación continuará y la protección concluirá en algún momento.

El Fiscal General del Estado, indicó que la acusación no tiene que ver con algún carácter político, si no con una investigación por actos de corrupción y delitos que involucran a diferentes funcionarios durante su administración.

El ex mandatario y funcionarios fueron denunciados por la actual administración luego de que destinaron 12 mil millones en el proyecto de la planta fotovoltaica, la cual no se realizó.

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Durante la mañanera de hoy, el fiscal estatal Ricardo Carpió adelantó que el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, buscará la pena corporal máxima que pudiera ser de hasta 16 años, además de la inhabilitación por 20 años para desempeñar cualquier cargo público a los imputados, de la administración Bonillista.

Indicó que los funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla que usaron ilícitamente sus atribuciones y cometieron peculado haciendo un acuerdo fraudulento con Banca Afirme y la empresa Next Energy son Luis Salomón "N", Rodolfo "N", Israel "N" y Alberto Julio "N", “que ya están un poco más cerca de la cárcel por un negocio chueco que pretendían sacar adelante en el bienio bonillista”.

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Por los delitos de uso ilícito de atribuciones y peculado, la Fiscalía General del Estado logró vincular a proceso a seis ex funcionarios de la pasada administración y a un particular.

En la sala 6 del Centro de Justicia Penal, se desarrolló la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso bajo la causa penal 4292/2022, por suscribir contratos de manera ilícita, comprometiendo al patrimonio del estado de Baja California, la cual concluyó la madrugada de este martes. 

Ante el Juez, el agente de Ministerio Público de la FGE, presentó los datos de prueba suficientes y los alegatos para que el Juez de Control otorgara dos meses para la investigación complementaria.

Después de varios días de desahogo de pruebas se resolvió por parte del poder judicial del estado la “vinculación a proceso” de estas personas.

Los imputados Luis Salomón “N”, Adalberto “N”, Rodolfo “N”, Israel “N” y Alberto Julio “N”, se les impuso como medida cautelar establecida en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo a la fracción I, que es la presentación periódica mensual ante el juez.

Mientras que a Karen “N” y Marco Octavio “N” comparecerán cada vez que sean requeridos por la autoridad judicial.

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Por el caso que se sigue contra quienes participaron en la contratación de la empresa Next Energy y su fallida planta fotovoltáica, este martes fueron vinculados a proceso ocho ex servidores públicos que fungieron durante el pasado gobierno de Jaime Bonilla Valdéz en Baja California. 

Karen “N”, Luis “N”, Adalberto “N, Israel “N”, Rodolfo “N”, Marco Octavio “N”, Juan Luis “N” y Amador “N” fueron imputados por los delitos de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, Peculado y Abuso de Autoridad, según la solicitud que hizo el Ministerio Público. 

Todo se encuentra dentro de la Causa Penal 04921/2022 y el Número Único de Caso (NUC) 02-2022-06977. 

En la jornada llevada a cabo en el Centro de Justicia del Poder Judicial del estado de Río Nuevo, en Mexicali, se desahogaron pruebas contra los ex funcionarios, de los cuales originalmente eran los trece los citados, pero cinco de ellos no asistieron. Para ese grupo se programo una nueva audiencia para el próximo 02 de noviembre a las 09:00 horas en la sala 6 del mismo inmueble.

En el caso de las ocho personas referidas, su proceso continúa aunque el juez de control otorgo un receso indeterminado para que la defensa pueda reformular su estrategia. Pero la imputación en su contra permanece. 

La gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, dijo hoy que el no llamado del ex gobernador, Jaime Bonilla Valdéz, no fue requerido solo por su fuero como senador.

El recurso contra el senador, Jaime Bonilla Valdés, para ser expulsado de las filas del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es por difamación en contra de la gobernadora de Baja California. El representante del partido guinda ante la junta local ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Francisco Javier Tenorio Andujar, lo explicó.

Las acusaciones contra Marina del Pilar Ávila Olmeda del legislador durante la sesión permanente en la Cámara Alta son suficientes para que la Comisión de Honestidad del Comité Ejecutivo Nacional de Morena pueda dar la razón en la solicitud de expulsión contra el ex gobernador. 

“Ustedes recordaran que el senador sube a tribuna y hace señalamientos directos contra la gobernadora. Y nosotros creemos que es difamación lo que está haciendo contra la gobernadora. Son señalamientos muy duros que si tiene las pruebas entonces en lugar de ocupar la tribuna pues la hubiera presentado (la denuncia)” indicó el entrevistado, quien presentó el recurso legal. 

Agregó que los estatutos del partido dictan que “los protagonistas del cambio” (miembros de Morena) no pueden atacar con injurias y calumnias a los servidores públicos. 

Tenorio Andujar sostuvo que el senador podrá en su momento defenderse en su momento en los organismos internos de Morena.

"Algo saben y no nos están diciendo" aseguró Mario Osuna Jiménez, presidente en Baja California del Partido Acción Nacional (PAN) sobre el desencuentro que sostienen el senador, Jaime Bonilla, y la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Mario Osuna Jiménez, dirigente blanquiazul, calificó como lamentable el pleito y lo llamó como "una pelea por el poder" y no por el bien de los bajacalifornianos. 

Si Bonilla sabe de vínculos entre la gobernadora y el crimen organizado tiene que decirlo, retó el político tijuanense. Si Montserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana, sabe sobre cobro de pisos en esa ciudad, también que lo diga, agregó. 

Osuna Jiménez manifestó que la Fiscalía General del estado y la Fiscalía General de la República deben de intervenir en el caso porque cualquier ciudadano que tenga información de ese tipo es citado a declarar por las autoridades y no tendría que ser diferente con el senador y la alcaldesa de Tijuana.

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