En caso de que el ex Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y demás funcionarios de su administración no asistan a comparecer ante el juez el próximo 15 de agosto en Tijuana, podría girarse órdenes de aprehensión, declaró el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez.

"Habría que ver la interpretación que le pueda dar el propio poder judicial, nosotros tenemos claro que algunas personas podrán elegir por presentarse o ausentarse por su propia voluntad, cualquier persona que no se presente en forma voluntaria podrá ser objeto de solicitarle una orden de aprehensión", expresó Carpio.

Agregó que si el ex Gobernador del estado, cuenta con protección legal para el desarrollo de su función deberá presentarlo y demostrarlo ante la ley, sin embargo, detalló que de ser así, la investigación continuará y la protección concluirá en algún momento.

El Fiscal General del Estado, indicó que la acusación no tiene que ver con algún carácter político, si no con una investigación por actos de corrupción y delitos que involucran a diferentes funcionarios durante su administración.

El ex mandatario y funcionarios fueron denunciados por la actual administración luego de que destinaron 12 mil millones en el proyecto de la planta fotovoltaica, la cual no se realizó.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que actuó de buena fe en su relación con el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, y aseguró que "el que debe nada, teme". 

Durante la conferencia "mañanera", la mandataria explicó que recibió llamadas y visitas de personas relacionadas con agencias de Estados Unidos, y que en su momento, aceptó dialogar con ellos confiando en una colaboración institucional.

Ávila Olmeda precisó que la interacción se dio en un marco de cooperación contra el crimen organizado y en intercambio de información, dado que Baja California es un estado fronterizo. 

La gobernadora aclaró que en las reuniones nunca le mostraron identificaciones oficiales, y que los encuentros se realizaron en una oficina en Tijuana, bajo la impresión de tratar con autoridades legítimas de Estados Unidos, en torno a temas de visa y asuntos binacionales.

Asimismo, la mandataria señaló que en la grabación filtrada se muestra sorprendida por algunas insinuaciones, por lo que solicitó que estos temas fueran revisados con su abogado. También reveló que el exgobernador Jaime Bonilla la llamó por WhatsApp para solicitarle recibir a esas personas, en un intento por apoyarla, y que accedió a recibirlos en diciembre de 2025.

Por último, Ávila Olmeda anunció que evalúa acciones legales en contra de Bonilla, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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El exgobernador de Baja California y actual comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, negó haber participado en la entrevista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con agencias estadounidenses, así como en cualquier maniobra para grabar o filtrar conversaciones.

A través de un comunicado emitido por el PT, Bonilla sostuvo que resulta “ilógico” que se le vincule con un encuentro que, por su naturaleza, habría sido sensible y confidencial, especialmente por la confrontación política que ha mantenido con la mandataria estatal.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expuso.

El exmandatario también cuestionó que se pretenda responsabilizarlo de facilitar recursos o contactos a la gobernadora, cuando, afirmó, desde los primeros días de su administración la ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Bonilla consideró que Ávila Olmeda atraviesa una “crisis de pánico” y acusó un cambio en su postura frente a las filtraciones. Según señaló, ante el primer material difundido la gobernadora negó los hechos, mientras que después de una segunda filtración lo colocó como responsable.

Finalmente, el comisionado político del PT exigió que la gobernadora explique quiénes intervinieron y de qué manera habría cruzado a Estados Unidos sin visa para sostener reuniones con agencias de ese país.

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El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso por un juez, tras ser señalado por presuntos delitos relacionados con el ejercicio indebido de funciones durante su administración.

¿De qué se le acusa?

De acuerdo con las investigaciones, el exmandatario es señalado por presunto abuso de autoridad y decisiones administrativas que habrían causado afectaciones al erario público.

La acusación se centra en la contratación de la empresa Next Energy durante la gestión de Bonilla como gobernador para construir una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, obra que jamás se construyó. La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el contrato comprometía al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, lo que equivalía una deuda superior a los 37 mil millones de pesos garantizados con participaciones federales.

El juez determinó que Bonilla podrá enfrentar el proceso en libertad, pero deberá cumplir con ciertas medidas cautelares, como:

• Presentarse periódicamente ante la autoridad
• No salir del país sin autorización
• Mantenerse disponible para el proceso judicial
• Proceso en curso

La vinculación a proceso no implica culpabilidad, sino que existen elementos suficientes para continuar con la investigación en su contra.

Será en las siguientes etapas cuando se determine si el caso avanza a juicio y se deslindan responsabilidades.

Jaime Bonilla Valdez gobernó Baja California de 2019 a 2021 y posteriormente se desempeñó como senador.

El caso ha generado atención pública debido a su relevancia política en el estado y a los señalamientos sobre el uso de recursos durante su administración.

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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