Luego de las declaraciones del senador Jaime Bonilla Valdez en la Cámara Alta de la Nación, en donde afirmó que Marina del Pilar tiene nexos con el crimen organizado, el presidente de Morena en Baja California informó que presentaron una queja en el Consejo Nacional de su partido.  

"No podemos permitir que sucedan este tipo de situaciones al interior de nuestro partido, así lo indican los estatutos, prohíben ataques infundados y no puede quedarse sin consecuencias" dijo.

El líder morenista en Baja California explicó que la queja fue presentada ante la Comisión de Honor y Justicia y esperan por lo menos, una suspensión, aunque dijo, podría derivar en expulsión.  

Puntualizó que el desahogo del tema será hasta después de la asamblea del 27 de septiembre, fecha en que habrán de nombrar a la próxima dirigencia nacional.

#Política
En entrevista para CADENA NOTICIAS, César Castro Ponce, presidente de #Morena en BC, buscará alguna acción contra #JaimeBonilla, luego de las declaraciones en contra de #MarinadelPilar.

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— Cadena Noticias (@cadena_noticias) August 23, 2022

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, afirmó que actuó de buena fe en su relación con el exgobernador del estado, Jaime Bonilla, y aseguró que "el que debe nada, teme". 

Durante la conferencia "mañanera", la mandataria explicó que recibió llamadas y visitas de personas relacionadas con agencias de Estados Unidos, y que en su momento, aceptó dialogar con ellos confiando en una colaboración institucional.

Ávila Olmeda precisó que la interacción se dio en un marco de cooperación contra el crimen organizado y en intercambio de información, dado que Baja California es un estado fronterizo. 

La gobernadora aclaró que en las reuniones nunca le mostraron identificaciones oficiales, y que los encuentros se realizaron en una oficina en Tijuana, bajo la impresión de tratar con autoridades legítimas de Estados Unidos, en torno a temas de visa y asuntos binacionales.

Asimismo, la mandataria señaló que en la grabación filtrada se muestra sorprendida por algunas insinuaciones, por lo que solicitó que estos temas fueran revisados con su abogado. También reveló que el exgobernador Jaime Bonilla la llamó por WhatsApp para solicitarle recibir a esas personas, en un intento por apoyarla, y que accedió a recibirlos en diciembre de 2025.

Por último, Ávila Olmeda anunció que evalúa acciones legales en contra de Bonilla, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

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El exgobernador de Baja California y actual comisionado político del Partido del Trabajo (PT) en la entidad, Jaime Bonilla Valdez, negó haber participado en la entrevista de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda con agencias estadounidenses, así como en cualquier maniobra para grabar o filtrar conversaciones.

A través de un comunicado emitido por el PT, Bonilla sostuvo que resulta “ilógico” que se le vincule con un encuentro que, por su naturaleza, habría sido sensible y confidencial, especialmente por la confrontación política que ha mantenido con la mandataria estatal.

“Es ilógico que a quien se ha señalado como su peor enemigo, a quien ha perseguido política y penalmente, pueda participar en eventos tan sensibles y confidenciales de la gobernadora Marina del Pilar”, expuso.

El exmandatario también cuestionó que se pretenda responsabilizarlo de facilitar recursos o contactos a la gobernadora, cuando, afirmó, desde los primeros días de su administración la ha señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Bonilla consideró que Ávila Olmeda atraviesa una “crisis de pánico” y acusó un cambio en su postura frente a las filtraciones. Según señaló, ante el primer material difundido la gobernadora negó los hechos, mientras que después de una segunda filtración lo colocó como responsable.

Finalmente, el comisionado político del PT exigió que la gobernadora explique quiénes intervinieron y de qué manera habría cruzado a Estados Unidos sin visa para sostener reuniones con agencias de ese país.

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La titular de la Secretaría de Honestidad Pública, Gabriela Monje Pérez, anunció que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) emitió una resolución que sanciona por un período de tres años a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California, para ocupar cargos públicos.

Monje Pérez explicó que ayer fueron notificados oficialmente de esta resolución, la cual implica una sanción grave. La funcionaria recordó que este asunto se inició desde el inicio de la actual administración, en relación con una denuncia por un contrato con la empresa Next Energy, cuyo objetivo era construir una planta de energía fotovoltaica sin contar con los permisos necesarios.

Asimismo, la funcionaria estatal informó que exservidores públicos, tanto del sector salud como del educativo, vinculados a la anterior administración, también han sido vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de facultades y atribuciones.

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El senador Jaime Bonilla Valdez mencionó que nuevamente la libertad de expresión y el derecho a manifestarse ha sido reprimido por las autoridades de gobierno de Baja California, tal y como ocurrio en días pasados tras el bloqueo de taxistas de la ruta rojo y negro en la ciudad de Tijuana.

¨Es la falta de empatía por parte de este gobierno, los taxistas fueron violentamente reprimidos por las autoridades estatales y municipales sin dar espacio al diálogo¨, dijo Bonilla

El ex gobernador indicó que la reacción del gobierno es como actuaba el gobierno panista y utilizaban la fuerza para callar opiniones o las exigencias de la ciudadanía.

El ex mandatario recordó que en el año 2017, los ciudadanos se unieron en defensa del agua y en contra del saqueo de empresas en la capital del estado, Mexicali, por lo que fueron retirados de un espacio público a la fuerza por las autoridades. Además en el año 2015 cuando 7 mil jornaleros se manifestaron en San Quintín para exigir un digno salario que pudiera solventar las necesidades de sus familias y elementos de seguridad los violentaron para retirarlos a la fuerza.

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También mencionó que el diputado Sergio Moctezuma y colonos de Tijuana fueron desalojados a la fuerza de las instalaciones de Palacio Municipal tras exigir necesidades a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez.

El ex gobernador lamentó que dichas acciones violentas tambien han afectado a periodistas, reporteros, comunicadores y fotógrafos que han resultado heridos por llevar a cabo su labor de informar.

¨Dicen que donde no existe el derecho a manifestarse no existe la democracia y Baja California se ha vuelto a convertir en un estado de quienes sustentan el poder de pasar por encima de los derechos de millones de ciudadanos¨, apuntó

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