La recién aprobada Ley de Amnistía en Baja California va contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues con ésta legislación se liberaría a cerca del 70 por ciento de las personas legalmente privadas de la libertad en los centros de readaptación social del estado. 

La presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guadalupe Gutiérrez Fregoso, sostuvo que haber aprobado esta Ley en medio del clima de violencia e inseguridad que existe en todo el país ha provocado gran temor en buena parte de la población de la entidad. Y no es para menos, recalcó. 

La aprobación de esta Ley, indicó la dirigente tricolor, es parte de una tendencia nacional de los gobiernos emanados de Morena, quienes no “quieren tener gente detenida. Puesta, pues”. 

La Ley de Amnistía del estado de Baja California fue aprobada el jueves pasado dentro del dictamen número 27 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. La votación resultó con 19 votos a favor, cuatro en contra y una abstención, además de una reserva presentada por el diputado Sergio Moctezuma.

Un estimado de menos de 200 personas privadas de la libertad son las que saldrían libres bajo el esquema de la Ley de Amnistía, estimó la titular de la Comisión del Sistema Estatal Penitenciario de Baja California, María Elena Andrade Ramírez.

Aseguró que se creó una idea errónea alrededor de la Ley y hubo gente que llego a pensar en una puerta giratorio en los centros penitenciarios en el estado, lo cual esta lejos de ser realidad. 

Aclaró que incluso estos estas 200 personas que pudieran salir, aún no están en condiciones de hacerlo ya que la Ley, aprobada en el Congreso del estado, aún no ha publicado en el Diario Oficial de Baja California ni pasado el periodo requerido para que entre en vigor.

Además, indicó la funcionaria estatal, antes de comenzar a liberar personas bajo los parámetros de la Ley de Amnistía, se necesita de la conformación de un comité que evaluará cada caso en particular y éste decidirá si cada persona que busque beneficiarse con la nueva legislación es candidato a recuperar la libertad.

En entrevista exclusiva para CADENA NOTICIAS, la regidora panista y coordinadora de todos los regidores de su partido en Baja California, Brenda Valenzuela Tortoledo, explicó que la estrategia utilizada por Morena en Ensenada para asegurar el voto que necesitan en el Congreso para crear la Ley de Amnistía que liberará a delincuentes antes de terminar de cumplir sus culpas, es una vergüenza y pone en riesgo la vida de muchas familias.

Indicó que lo que -aparentemente- están buscando en Ensenada, es darle visto bueno positivo a través de la figura jurídica de Positiva Fícta, que establece que cualquier reforma constitucional que sea enviada para análisis y votación a los cabildos, de no tener respuesta a los 30 días de notificación, será tomada como positiva, así no tendrá que someterse a votación y no encontrará problemas jurídicos para pasar, pero sí morales y éticos, afirmó. 

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Cuestionada sobre la metodología para la selección de delincuentes a liberar, sobre el derecho que tienen las víctimas a saber del victimario que les cambio la vida, sobre el número aproximado de liberados que se tienen visualizados, la regidora refirió que el Congreso no dio información y que no ha encontrado respuesta a esas preguntas.

Valenzuela Tortoledo acordó generar una mesa redonda virtual la próxima semana, con sus homólogos en todo el estado y Cadena Noticias, para compartir lo que sucede en cada municipio.

Sin embargo, el plazo para que se cumpla la Positiva Fícta y pueda crearse la Ley de Amnistía que dejará en libertad a no se sabe cuántos delincuentes, es el día 29 de septiembre.

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Baja California está en la indefensión y con la Ley de Amnistía, están convirtiendo al delincuente en víctima, se les está privilegiando a malhechores que deberían cumplir su condena, refirió la regidora Brenda Valenzuela Tortoledo.

“Al no ser convocados los regidores a sesión de comisión para su análisis, aprobación o rechazo, en el transcurso de un mes después de que se compruebe que se ha recibido el proyecto de que se trata, sin que los ayuntamientos remitieran al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la adición o reforma”, explicó.

Por lo tanto, reiteró, se da lugar a la figura de la “afirmativa ficta” que, en términos precisos, se da cuando el silencio de la autoridad da pie a una respuesta afirmativa de la petición, que remite el Congreso del Estado.

Recordó que el pasado 29 de agosto, se sometió al Congreso del Estado una iniciativa que reforma el artículo 27 de la Constitución de Baja California, y se crea la Ley de Amnistía para el Estado de Baja California. 

Valenzuela Tortoledo informó, que el pasado 14 de septiembre en Sesión de Cabildo el Presidente Municipal Armando Ayala Robles, turnó a Comisión de Gobernación y Legislación del XXIV Ayuntamiento de Ensenada el dictamen 27 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California.

La regidora calificó como absurdas las prioridades de la agenda legislativa, que ponen a los delincuentes por encima de las víctimas; que en lugar de legislar para fortalecer la procuración de justicia estén más interesados en brindar impunidad, dejando a las víctimas sin justicia y sin reparación del daño, sobre todo en los siguientes delitos:

• Por el delito de robo simple y sin violencia, siempre que no amerite pena privativa de la libertad superior a cinco años. 
• Por los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, en términos del artículo 474 de la Ley General de Salud. 
• Por sedición, o por que hayan invitado, instigado o incitado a la comisión de otros delitos formando parte de grupos impulsados por razones políticas con el propósito de alterar la vida institucional, siempre que no se trate de terrorismo y que en los hechos no se haya producido la privación de la vida o la libertad, lesiones graves a otras personas que comprometan su integridad corporal o se hayan empleado armas de fuego. 

La edil de representación panista, declaró, que los regidores no han sido convocados para analizar las reformas constitucionales que dan origen a la Ley de Amnistía en Baja California.

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De aprobarse tal cual viene en la iniciativa, la Ley de Amnistía para Baja California provocaría la liberación de hasta mil personas actualmente privadas de la libertad en centros de internamiento en la entidad. La coordinadora del Partido Acción Nacional (PAN), Victoria Guerrero, lo denunció.

La edil recriminó que la iniciativa, ya presentada ante el Ayuntamiento de Mexicali, dejaría libre a personas acusadas de delitos como robo simple, robo sin violencia y narcomenudeo, delitos que son los de más alta incidencia en la capital del estado. 

La cantidad es según el estudio del Sistema Estatal Penitenciario que se encuentra dentro de la propuesta. 

“¿Qué es lo que va pasar cuando esas personas que están compurgando penas y que se les aplicará una ley de beneficio si no se ha hecho nada para que éste terrible mal que es la inseguridad, sobre todo en estos dos delitos, no se ha hecho nada pasara sacarlo adelante? Yo quiero ver los estudios de readaptación de los internos ¿Dónde están los resultados de la rehabilitación para el caso de los adictos?” señaló la coordinadora. 

Por su parte, el regidor, Manuel Rudecindo García, apuntó que la iniciativa enviada la Comisión de Gobernación del Cabildo de Mexicali se quiso aprobar en menos de 48 horas después de que el documento llegará al Ayuntamiento, pues la convocatoria para la sesión de Comisión se hizo al día siguiente.

Señaló que cuando los gobiernos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quieren ciudadanizar un tema que impulsan, convocan a consultas ciudadanas, plebiscitos u otros ejercicios parecidos. Pero cuando quieren imponer temas, como es él caso de la Ley de Amnistía, ignoran cualquier voz opositora.

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Para la primera sesión del nuevo periodo ordinario en el Congreso del estado, programada para el próximo 16 de agosto, se espera que se presente y se discuta la iniciativa de Ley de Amnistía para Baja California, la cual se emparejará con la legislación federal en la materia que ya existe.

La intención no es generar la liberación de autores de crímenes como secuestro o asesinato, sino la de brindar oportunidad de defensa legal a personas que en su momento no la tuvieron, o la tuvieron de forma deficiente, y terminaron presas, explicó el inicialista de la propuesta, Juan Manuel Molina García. 

“No vamos hablar aquí de secuestros ni de homicidios, obviamente, sino de cuestiones en las que se hayan cometido injusticias en la persona que este privada, mas que nada por cuestiones políticas”, sostuvo el legislador. 

Puso como ejemplo los casos de miembros de comunidades indígenas que terminan detenidos, juzgados y encarcelados sin tener una persona que hable el lenguaje que manejan. O agricultores que defienden sus tierras contra grandes corporaciones y que también terminaron presos por no contar con defensa legal que los apoyará.

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