Se trata de tres proyectos concretos: desaladoras en Ensenada y Tijuana, y la ampliación de capacidad de abasto en la planta desaladora de Ensenada.

Informaron que autoridades de diversos órdenes de gobierno trabajan en tres nuevas fuentes de abastecimiento para no heredar los problemas de agua que actualmente tiene esta administración.

Autoridades estatales trabajan en la administración del abasto de agua para que no haya usuarios afectados durante esta crisis hídrica que se registra debido a la temporada de calor. Tanto el sector doméstico como el empresarial, tendrán el abasto del vital líquido durante los meses que restan del año.

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La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en colaboración con instituciones vinculadas con el sector agroalimentario, conformados en un Grupo de Trabajo sobre Huella Hídrica (GTHH) llevan a cabo una estrategia piloto para estimar la huella hídrica en cultivos agrícolas en siete Distritos de Riego en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, la Región Lagunera y Sonora, así como en zonas de temporal y riego en Zacatecas.

Con los resultados de la prueba piloto se podrá determinar un sistema viable de estimación, tanto de huella hídrica en cultivos como la disponibilidad de agua a nivel de unidad territorial, y con ello mejorar el uso de este recurso en la agricultura del país, detalló la dependencia federal.

Con el objetivo de eficientar el uso del agua, incrementar su disponibilidad y contribuir a la reducción de la huella hídrica en los procesos productivos agrícolas, el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 tiene previsto promover planes de uso de suelo con base en criterios de huella hídrica y recursos disponibles en territorios y regiones del país.

La huella hídrica es un indicador de sostenibilidad que mide o estima el volumen de agua utilizado directa e indirectamente para la producción de un bien o servicio, sumados los consumos de todas las etapas de la cadena productiva.

Para este propósito, la Dirección de Políticas, Prospección y Cambio Climático (DPPyCC) de Agricultura y el Grupo de Trabajo sobre Huella Hídrica (GTHH) llevaron a cabo talleres en los que se analizaron los instrumentos viables para la estimación de huella hídrica, demanda de agua y disponibilidad a nivel de cuenca hidrológica o unidades territoriales y por cultivos con ayuda de software como CROPWAT, el sistema IRRINET, así como los modelos SWAT y APEX.

En las entidades donde se implementa la estrategia piloto se estimará la huella hídrica en cultivos como el maíz, trigo, frijol, cebada, aguacate, nogal y alfalfa, entre otros.

Además de Agricultura, participan en el GTHH el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), el Colegio de Postgraduados (Colpos), la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), la Universidad de Guadalajara (UDG), el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) y la Cooperación Alemana del Desarrollo Sustentable en México (GIZ).

El agua es un recurso limitado que, en los últimos años, ha sufrido una gran presión debido a la demanda para el uso doméstico, industrial y del sector agroalimentario; en México, este último es el de mayor demanda del líquido, ya que el riego agrícola utiliza el 77 por ciento del agua dulce disponible. Además de los 653 cuerpos de agua subterránea en el país, 157 están sobre explotados.

A través del Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024, la dependencia fomenta procesos de producción sostenible y medidas de adaptación al cambio climático que incluyen, entre otros puntos, instrumentar acciones para del uso eficiente del agua y la contribución a la rehabilitación de cuencas.

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La Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), informó a través de un comunicado que el día 30 de noviembre del presente celebró una reunión con su contraparte estadounidense y autoridades de ambos países, En dicha reunión se informó que las condiciones del sistema de la cuenca del Río Colorado se siguen deteriorando, poniendo en riesgo la operación de las presas del sistema y con ello el abastecimiento de todos los usos en ambos países.

El almacenamiento combinado del sistema es de apenas el 28%. En agosto pasado dicho almacenamiento era del 34%. De los últimos cinco años, cuatro han sido los de más bajo registro en cuanto a ingresos a las presas.

Por primera vez, desde la firma del Tratado de Aguas de 1944, se enfrenta una situación de esta naturaleza en el Río Colorado, lo que nos pone frente a situaciones inéditas y a buscar soluciones innovadoras que nos permitan transitar por esta coyuntura hasta en tanto las condiciones de escurrimiento y almacenamiento mejoren.

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A partir del martes 6 de diciembre, inicia el Programa Contingente de Administración del Agua para las ciudades de Tijuana y Playas de Rosarito durante el mes de diciembre.

De acuerdo a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el programa responde a trabajos de mantenimiento preventivo que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y que pondrán en pausa la operación del Acueducto Rio Colorado – Tijuana.

Son 403 colonias las involucradas en este programa y con la finalidad de no afectar a la población durante las festividades decembrinas, los cierres fueron establecidos fuera de las fechas de celebración, quedando de la siguiente manera:

SECTOR 1

martes 6 y lunes 12, 19 y 26 de diciembre.

SECTOR 2

jueves 8 y miércoles 14, 21 y 28 de diciembre. 

Los cierres tendrán una duración de 24 horas, iniciando a las 9 de la mañana y la recuperación estimada será menor a 12 horas.

La gran mayoría de la población en Baja California está contenta con la tarifa del agua, a pesar del incremento del costo en consumos mayores a 15 metros cúbicos mensuales, que se aprobó el mes pasado en el Congreso de Baja California. Esto es porque este aumento no le afecta a la mayoría de la población.

De ésta forma lo aseguró el presidente del Comité Estatal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Baja California, Ismael Burgueño, durante la conferencia de prensa con la que inicia la actividad la nueva dirigencia morenista en la entidad. 

“La ciudadanía no puede apoyar un incremento, pero este no le afecta. Entonces, como no les afecta, están contentos. Entonces no hay ningún problema con eso. Ellos (los ciudadanos) no van a decir ‘no estamos de acuerdo’ cuando su recibo sigue llegando igual” sostuvo el dirigente partidista. Aseguró que los diputados locales de Morena, que fueron los impulsores y defensores de la medida en el Poder Legislativo se encargaron de difundir la medida lo suficiente como para no crear pánico entre la ciudadanía, la cual se encuentra tranquila y sin aspavientos 

Con una votación de 16 diputados a favor y ocho en contra, el pasado 26 de octubre fue aprobada en el Congreso la iniciativa para incrementar la tarifa del agua potable en usuarios cuyo consumo mensual sea mayor a los 15 metros cúbicos.

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Tras la decisión de los diputados del congreso del estado a propuesta de la Gobernadora del Estado de aumentar las tarifas de nómina y del agua, colectivos estatales se manifiestan en contra.

De acuerdo a Carlos Atilano, presidente del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), los abogados realizarán un amparo colectivo en el que quedará de manifiesto la inconstitucionalidad de esta acción que rompe con el principio de proporcionalidad y de accesibilidad al derecho humano del agua tal y como lo marca la constitución. 

Además este domingo se manifestaron en el monumento al libro y recorrieron el boulevard Agua Caliente hacia la Zona Río.

Atilano Peña dijo que la iniciativa aprobada afectará a la mayoría de la población y no solo al 28% como lo dice la autoridad, además el consumo que se tiene en promedio en Baja California y el mal servicio que da por los cortes y la falta por el suministro generan que los recibos no vayan acorde a los consumos, siendo que la ONU ha establecido que para que sea accesible el vital líquido como un derecho humano no debe de afectar más del 3% de los ingresos de los ciudadanos y en la entidad podría ser el 30%.