Fermín Kim King, Presidente de la APIT, reconoció que fraccionamientos como Santa Fe, han incrementado los precios de las rentas, alcanzando costos de 500 dólares, debido a la cercanía con la línea, mientras que viviendas en el Este de la ciudad oscilan entre los 6 y 8 mil pesos, ratos en dólares, provocando que la vivienda sea cada vez menos accesible para las personas de escasos recursos.

La renta de viviendas y departamentos se encuentra rebasada ante la alta demanda de norteamericanos que prefieren vivir en Tijuana por los costos más bajos. La Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana, reconoció que no es legal realizar los contratos en dólares, pero al acordar las condiciones entre ambas partes se realizan de esta manera, aunque llegan a afectar a los tijuanenses que no tienen los mismos ingresos.

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El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Tijuana, Xavier Fernando Ibarra Quintana, manifestó su firme rechazo a la reciente iniciativa presentada en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la cual busca establecer un tope en las rentas de inmuebles de uso habitacional.

Durante una rueda de prensa, Ibarra Quintana calificó la propuesta como “una ocurrencia y una irresponsabilidad” considerando el delicado momento que atraviesa la economía del estado. La iniciativa, que fue aprobada en el Pleno del Congreso a través del Dictamen número 20, busca modificar el Código Civil de Baja California con el fin de regular y limitar los incrementos en las rentas de viviendas.

El dirigente empresarial señaló que en el sector de vivienda se ha registrado una contracción en las ventas de más del 30 por ciento en los últimos meses. Además, resaltó que los diputados no están considerando un factor clave: de cada cinco unidades vendidas, tres corresponden a inversionistas públicos y privados que buscan generar patrimonio y desarrollo.

Ibarra Quintana advirtió que, en los últimos setenta años, el costo de vida en Baja California ha aumentado en un 300 por ciento, mientras que los ingresos o percepciones económicas de las familias se han mantenido relativamente estables. Por ello, consideró que la iniciativa afectará no solo a los empresarios y grandes inversionistas, sino también a cualquier ciudadano que aspire a construir un patrimonio.

El representante de Canadevi reiteró que esta medida podría generar un impacto negativo en el mercado inmobiliario y en la economía en general.

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