Autoridades estatales informaron que la forma de operación de estos delincuentes, es hacerse pasar por personal que labora en la Secretaría de Salud del Estado y valiéndose de argumentos falsos, solicitan el pago de una cantidad de dinero para la entrega de un certificado COVID-19.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, recomienda que para no permitir caer en el engaño, es necesario colgar la llamada telefónica en la que se hace el ofrecimiento y de manera inmediata se debe marcar al número de denuncia anónima 089, para que se realice el reporte correspondiente de la llamada falsa.

Llamaron también a todos los bajacalifornianos para que descarguen la aplicación 089móvilBC, en donde podrán realizar denuncias de manera anónima sobre este delito o cualquier otra situación que requiera ser investigada.

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Jesús Armando “N” ha sido vinculado a proceso por un juez tras ser acusado de fraude específico relacionado con la venta de un terreno en la colonia Lázaro Cárdenas. La Fiscalía General del Estado presentó pruebas que revelaron inconsistencias en el contrato de compra-venta, incluyendo la obligación incorrecta de pago de impuestos que debía asumir el vendedor.

Los hechos ocurrieron el 9 de septiembre de 2022, cuando la víctima entregó un enganche y se formalizó un acuerdo que resultó ser fraudulentamente elaborado, ya que el imputado no era el propietario del inmueble. Tras una revisión judicial, el tribunal determinó proceder con el caso y le otorgó un mes adicional para la investigación complementaria.

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El Gobierno Municipal de Rosarito alerta a la ciudadanía sobre una nueva modalidad de fraude en la que personas se hacen pasar por notificadores de la Dirección de Recaudación de Rentas.

El titular de la dependencia, Juan Alamillo Cárdenas, informó que este día se presentó un ciudadano quien fue visitado por individuos que, haciéndose pasar por inspectores municipales, le solicitaron pagos indebidos y amenazaron con multas, dichos sujetos presentan documentos falsos con el logotipo del Ayuntamiento y la leyenda ‘Mandamiento Ejecutivo’.

Agregó que los verdaderos inspectores municipales, portan gafete oficial visible con fotografía, nombre, número de empleado y el logotipo del Ayuntamiento, además utilizan vehículos oficiales identificados con logos y placas del Gobierno Municipal, expresó Alamillo Cárdenas. 

Ante cualquier duda, los comerciantes pueden comunicarse directamente con la Dirección de Recaudación de Rentas al (661) 614-9697, extensiones 1057 y 1023 e hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar y a denunciar cualquier intento de fraude.

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La Fiscalía Regional de Tecate obtuvo la vinculación a proceso de Maribel “N”, por un hecho delictivo ocurrido el 2 de marzo de 2019.

Ese día, la víctima, después de estar cinco días fuera de la ciudad, acudió a su predio ubicado en avenida Jiquilpan de la colonia Lázaro Cárdenas en este municipio, el cual adquirió mediante contrato de compraventa de fecha 16 de septiembre de 2006.

Al llegar y querer acceder a dicho predio, se dio cuenta de que su casa estaba habitada. En ese momento, la imputada salió de la vivienda y la ofendida la cuestionó por haberse metido a su vivienda. La imputada señaló que era su domicilio y que le pertenecía a su padre.

Tras estos hechos, la ofendida se percató de que Maribel “N” se encontraba promoviendo un juicio en el juzgado civil de esta ciudad con un contrato de compraventa respecto a dicho predio.

Sin embargo, derivado de actos de investigación, se pudo comprobar mediante un dictamen pericial en materia de grafoscopía que la firma del vendedor era apócrifa. Por lo tanto, la imputada simuló un acto jurídico alterando dicho documento, ocasionándole un perjuicio a la víctima.

El 16 de mayo del presente año, el Juez de Control determinó vincular a proceso a Maribel “N” por el delito de fraude procesal, y otorgó a esta institución un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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Liliana “N”, fue recientemente capturada en el estado de Guanajuato, donde se ocultaba tras ser acusada por delito de fraude en Tijuana. 

Agentes estatales se trasladaron a dicho estado para cumplimentar una orden de aprehensión y trasladarla a Tijuana. 

Liliana “N”, en complicidad con otro imputado, estuvo presuntamente involucrada en un hecho fraudulento ocurrido el 21 de mayo de 2021. Durante este incidente, recibieron la suma de 581 mil dólares estadounidenses bajo la promesa de invertirlos en la bolsa de valores, sin poseer los permisos o autorizaciones necesarias por parte de las autoridades competentes. 

En la audiencia de vinculación, celebrada el 22 de marzo de 2024, se decidió sujetar a Liliana “N” a proceso y medida cautelar prisión preventiva justificada, la cual ya estaba establecida, y se fijó un periodo de tres meses para llevar a cabo la investigación complementaria.

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La Fiscalía Regional de Tijuana, informó que Rodrigo "N" fue sujeto a prisión preventiva durante la audiencia en la que se decidió que enfrentaría un proceso judicial por el delito de fraude. De esta manera, el acusado deberá permanecer privado de su libertad mientras se lleva a cabo el procedimiento legal.

Fue en el año 2022 cuando Rodrigo "N" se hizo pasar pasar por promotor de espectáculos, engañando a la víctima y obteniendo un beneficio económico indebido de 566 mil 779.62 pesos.

El dinero fue entregado por la víctima entre el 3 de marzo y el 13 de mayo de 2022, bajo la creencia de que el acusado era promotor del evento "90s Pop Tour", programado para el 21 de mayo de 2022 en el Centro de Ferias, Eventos y Exposiciones (FEX) de Mexicali, Baja California. Rodrigo "N" convenció a la víctima de que, al realizar estas contribuciones económicas, se convertiría en socia del evento y obtendría ganancias significativas.

Sin embargo, el evento nunca se llevó a cabo y el acusado no resultó ser el promotor legítimo. A pesar de esto, no devolvió el dinero a la víctima ni generó ganancias como prometió, ocasionando un perjuicio económico significativo.

Como resultado de la investigación, Rodrigo "N" fue vinculado a proceso penal durante la audiencia de complementación de orden de aprehensión, estableciéndose la prisión preventiva justificada como medida cautelar, junto con un plazo de investigación complementaria de tres meses.

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