Después de la reforma constitucional de la Ley Anticorrupción del estado de Baja California, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) se encuentra totalmente detenido y sin posibilidades de poder operar en el corto plazo debido a estos cambios.

La presidenta de la actual Mesa Directiva en el Congreso del estado, Alejandra María Ang Hernández, informó que en el Poder Legislativo se encuentran a la espera de la terna que enviará la gobernadora para ocupar la titularidad del organismo.

Aseguró que no hay nombres aún de quienes podrían ser las opciones para el SEA, por lo que pidió no especular sobre el tema.

La diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sostuvo que el compromiso de la gobernadora del estado y del Congreso es que el Sistema se encuentre funcional antes de que concluya la actual Legislatura en Baja California, lo cual ocurrirá en 2024.

Durante la sesión del pasado 25 de agosto se aprobaron los cambios a la Ley Anticorrupción de Baja California, con los que se re define la conformación del Comité Seleccionador, pasando de partes iguales en los espacios para servidores públicos y representantes ciudadanos a una formación de trece espacios para servidores públicos y uno para un ciudadano.

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Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.