Ante la carta en la que las gobernadoras y gobernadores del noroeste de México solicitan a los miembros del Senado de la República analizar con “responsabilidad y patriotismo” la iniciativa de la permanencia del Ejercito hasta el 2028 manejando la Guardia Nacional, la senadora por Baja California, Ginna Cruz, se dijo extrañada del documento y de la solicitud de los mandatarios estatales. 

La extrañeza expresada por la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) se sostiene en que mandatarias y mandatarios saben que el trasladar funciones civiles a las fuerzas armadas le retiran esa responsabilidad a estados y municipios, dejándolos también sin recursos en la materia.

La senadora sostuvo que los grupos parlamentarios de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) se mantiene firmes en su oposición a la medida. Por ello es que la votación en la Cámara alta se encuentra en un impasse en estos momentos, pues a pesar de que en Comisiones se aprobó la semana pasada se retiró de la orden del día de la próxima sesión ordinaria al no tener los votos suficientes para su aprobación.

A falta de que se confirme, se volvería a presentar en Comisiones el próximo miércoles. 

En la antesala de la discusión y la votación, explicó la senadora, está la presión que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Morena hace al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que se una a la propuesta del presidente sobre el Ejército y la Guardia Nacional.

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El Diputado Federal César I. Damián Retes ha expresado su profunda preocupación por la creciente militarización del país, señalando que las fuerzas armadas están asumiendo funciones que no les corresponden y que debilitan su rol fundamental en la defensa nacional. Durante una reunión con abogados y miembros de la sociedad civil en Tijuana, destacó que el Ejército no debería estar involucrado en tareas como la distribución de vacunas o la vigilancia policial, las cuales distraen su atención de las operaciones de seguridad y estrategia que realmente les competen, especialmente en la lucha contra el narcotráfico. Damián Retes critica la transformación de la relación cívico-militar, advirtiendo que esta tendencia podría tener repercusiones serias para la democracia y la estabilidad del país a largo plazo.

Además, el legislador tijuanense informó que planea presentar iniciativas en el Congreso para reclamar el verdadero lugar que las fuerzas armadas deben ocupar en la sociedad y la defensa nacional. También comentó sobre su descontento con el manejo que el partido oficial ha hecho con las reformas al poder judicial, denunciando un proceso que considera antidemocrático por no permitir la participación efectiva de las minorías. Invitó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre futuras reformas constitucionales y a participar en las protestas que se están organizando para defender los derechos del poder judicial, insistiendo en la necesidad de escuchar diferentes voces en un entorno democrático y justo.

El Washington Post, en un reciente editorial titulado “El ejército invade la democracia mexicana”, ha expresado su preocupación por el creciente poder del ejército en México bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El diario estadounidense advierte que este incremento de poder militar está socavando la democracia mexicana y podría llevar al país hacia el militarismo.

Desde que López Obrador asumió la presidencia, ha transferido enormes recursos a las fuerzas armadas y les ha asignado múltiples tareas que anteriormente eran desempeñadas por civiles. Según estimaciones, en 2021, las fuerzas armadas mexicanas, que incluyen más de 325 mil efectivos, realizaban 246 funciones más que hace 15 años. Estas funciones abarcan desde la gestión de empresas estatales hasta la construcción y operación de infraestructura, como los aeropuertos de la capital, una nueva aerolínea y el proyecto del Tren Maya.

El presupuesto de las Secretarías de Defensa y Marina se ha incrementado significativamente, superando los 316 mil millones de pesos desde 2019, una cifra que triplica el presupuesto de la Secretaría de Salud. Además, la Guardia Nacional ha recibido 67 mil millones de pesos adicionales.

López Obrador justifica este empoderamiento militar argumentando que el ejército es un "baluarte" en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, el Washington Post cuestiona esta afirmación, señalando que durante su mandato se han registrado más de 170 mil homicidios, superando los números de las tres administraciones anteriores.

El diario también destaca los esfuerzos de López Obrador por debilitar las instituciones civiles, incluyendo el Poder Judicial y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la agencia de libertad de información. El ejército, asegura el editorial, se ha convertido en una herramienta esencial para que el presidente centralice el poder y eluda a los gobiernos estatales y municipales.

El Washington Post advierte sobre los riesgos que esta militarización podría acarrear para el próximo gobierno que asumirá en octubre, tras las elecciones del 2 de junio. La lealtad incuestionable de los militares hacia López Obrador podría no transferirse al próximo presidente, ya sea su sucesora Claudia Sheinbaum o la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez.

A pesar de que México ha estado "libre de golpes y juntas militares", el editorial subraya que una militarización se produce gradualmente. En este contexto, el Washington Post insta a Estados Unidos a influir para evitar que el militarismo se arraigue en México, dada la cercanía geográfica y las implicaciones para la región.

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Ante las discusiones de las propuestas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos a nivel federal para 2023, los diputados federales con los que cuenta Baja California en el Congreso de la Unión deberían estar buscando recursos para temas prioritarios para la entidad, pero hasta el momento no se les ha visto haciendo dicha acción.

La senadora por el Partido acción Nacional (PAN), Gina Cruz, recriminó la ausencia actividad de los legisladores federales de Morena por el estado, once aproximadamente, en las discusiones sobre la Ley de Ingresos ya que era la oportunidad de hacer llegar recursos a la entidad para atender problemas como seguridad pública e infraestructura. 

¿Dónde están los diputados federales? Sostuvo la senadora y recriminó que “le aprueben todo” lo que propone al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

En su gira de medios por motivo de su cuarto informe de labores, la ex cónsul de México en Calexico, California, indicó que en un reciente encuentro con empresarios de Playas de Rosarito, estos le expusieron desconocer al legislador federal que le corresponde a ese municipio.

Explicó que el hecho de ser del mismo partido que el Jefe del Ejecutivo Federal no es pretexto para no sacar adelante temas propios. Se puso a ella misma como ejemplo, pues en 2001 fue diputada federal por el PAN, siendo Vicente Fox presidente de la República, y Felipe Calderón, coordinador del grupo parlamentario.

Aún con resistencia de ambos, apoyó a grupos ciudadanos que buscaban incluir a Mexicali en la nueva tarifa 1F en consumos de energía eléctrica en usuarios domésticos. Al final se consiguió este beneficio que sigue actualmente.

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El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos

El CCSPBC se manifiesta en contra de la propuesta nacional de mantener la presencia del ejército en las calles. Exhorta a los diputados locales a votar en contra de la reforma constitucional que mantendría al ejército en las calles hasta el 2024.

El Ejército y la Guardia Nacional deben ser un apoyo pero estos deben eventualmente retirarse para que las policías municipales y estatales se encarguen de la seguridad de los bajacalifornianos. Urge fortalecer y capacitar a nuestros policías, los ciudadanos lo merecemos.

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El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, solicitó a legisladores locales de oposición, votar en contra de la reforma constitucional para ampliar la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública impuesta por el gobierno federal, "ya que en los hechos le abre el camino a la implantación de una dictadura".

Zambrano Grijalva expresó que con la revisión en los estados de la reforma constitucional, en se está definiendo una parte muy importante de la vida del país y es necesaria la participación de los legisladores en sus respectivos congresos estatales para la defensa de la democracia y de los derechos y libertades de la gente.

El líder del PRD insistió en que no hay una estrategia de combate a la inseguridad sino más bien una complicidad del gobierno federal con grupos criminales con los que "hasta se hacen aliados para ganar elecciones de los candidatos de Morena, lo cual hace más peligroso el proceso de militarización".

Finalmente habló de la importancia de alianzas en las entidades de la República rumbo al 2024 y expuso que éstas deberán construirse desde abajo, con las propuestas que vengan de los estados, liderazgos locales y especialmente de la propia sociedad civil para acabar con esta pesadilla nacional que nos está llevando al abismo.

La reforma al artículo Quinto Transitorio de la Ley de la Guardia Nacional fue remitida a los 31 estados de la República y a la Ciudad de México para su aprobación. Requiere que en 17 entidades sea aprobada para que sea promulgada por el Gobierno Federal como constitucional.

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