La Presidenta Municipal de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), implementó la apertura de más casetas en la garita de San Ysidro con el fin de reducir el tráfico en la Vía Rápida Oriente. 

"No sé si han notado que ha habido menos tráfico en los últimos en relación a la garita porque CBP abrió más casetas para los cruces" 

Señaló que autoridades estadounidenses pidió al gobierno municipal de Tijuana colocar vallas en la garita y CBP colocó más personal. 

"Nosotros respetamos su manera de trabajar, siempre hay pláticas y en esas platicas vemos pequeños avances porque consideramos que es preferible hacer pequeños avances y ahí vamos midiendo", puntualizó la edil.

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Los filtros de seguridad instalados en las garitas de San Ysidro y Otay notifican a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal sobre cualquier eventualidad, informó Pedro Montejo Peterson, secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tijuana.

Como ejemplo, mencionó el cierre de los cruces en la garita de San Ysidro la noche del miércoles, luego de una persecución que comenzó en Riverside y terminó en el cruce hacia México.

Montejo Peterson señaló que los filtros operan las 24 horas y brindan asistencia vial, médica y de seguridad en la zona. También indicó que se realizan mejoras en la iluminación y que continúa la capacitación del personal asignado a estos puntos.

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A partir de hoy, 8 de septiembre, CBP (Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza) aperturó un nuevo acceso exclusivo para motocicletas en la garita de San Ysidro, ubicada cerca del carril 15. Este nuevo paso estará abierto de lunes a viernes, en horario de 4 a.m. a 10 a.m., con el fin de agilizar el ingreso de motociclistas y reducir los tiempos de espera en la frontera.  

El acceso está diseñado para facilitar la entrada de motocicletas, permitiendo un paso más rápido y eficiente, especialmente durante las horas pico. Los motociclistas deben seguir las instrucciones y señales de los agentes en todo momento para garantizar la seguridad y un flujo ordenado.  

Este cambio forma parte de los esfuerzos de CBP para modernizar y mejorar la experiencia de tránsito en la frontera, atendiendo a las necesidades de los usuarios y promoviendo un proceso más seguro y eficiente para todos los viajeros en motocicleta.

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El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), Olivaldo Paz, hizo un llamado a la Policía Federal para que reconsideren los filtros de revisión que están implementando en las garitas de San Ysidro y Otay. Paz afirmó que estos operativos, en los que se revisan automovilistas y mercancías, están afectando negativamente el flujo turístico y comercial en la región.

El dirigente empresarial propuso que los filtros sean retirados de esas zonas y colocados en puntos donde realmente exista mayor problemática, ya que los conductores ya son revisados exhaustivamente por los filtros de aduana al ingresar de Estados Unidos a Tijuana. 

Recordó que en varias ocasiones han denunciado que en estos operativos revisan autos, mercancías y preguntan detalles sobre si el vehículo es importado o el nombre del propietario, lo cual genera incomodidad y desincentiva la visita a Tijuana. Paz destacó que, siendo Tijuana y San Diego una misma comunidad, estos filtros afectan la movilidad de personas y negocios, además de disminuir la afluencia a restaurantes y otros sectores económicos.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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