Fruto de recorrer el país y recolectar experiencias de familias monoparentales y testimonios de procesos legales en torno a pensiones, surgió este 2022 la propuesta de reforma a los códigos penales y civiles del país para sancionar a deudores alimentarios. La propuesta es conocida “Ley Sabina” y fue presentada a diputadas del Congreso de Baja California. 

Diana Luz Vázquez, activista e impulsora de la propuesta, explicó que el planteamiento consiste en 40 modificaciones a los códigos penales y civiles y garantizar que mientras dure un juicio de pensión alimentaria, la persona acusada de ésta omisión pueda ser sometida a:

- Retiro del pasaporte para que no pueda abandonar el país.

- Incluirla en el Buró de Crédito 

- Que sea parte de un Registro Nacional de Deudores Alimentarios

- Que sus cuentas sean revisadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México

- Que toda prueba de ADN para confirmar o descartar paternidad sea solventada por esa persona.

Al ser expuesta ante diputadas del Congreso local, Baja California se vuelve la sexta entidad en donde se promueve la propuesta, pues ya ha sido difundida en Michoacán, Jalisco. Veracruz, Guerrero y en Ciudad de México ya se encuentra a punto de discutirse en su Legislatura local. 

La entrevistada sostuvo que una parte importante de esta iniciativa es el Registro de Deudores Alimentarios (ya planteado por la diputada Michelle Sánchez), pero no es suficiente si no viene acompañado de reformas penales que obligan a las personas omisas a cumplir. Por ejemplo, en Ciudad de México tiene desde 2011 aprobado y no ha cambiado el escenario al que se enfrentan jefas de familia que buscan que su contraparte masculina cumpla con sus obligaciones. 

En Oaxaca, otro ejemplo, el año pasado comenzó a funcionar su Registro local. Desde entonces ha habido 800 denuncias en el tema, pero se han quedado hasta ahí. Incluso algunos de los señalados en el listado fueron candidatos, y ganadores, en las pasadas elecciones en esa entidad. 

Se requiere, como primer paso, el hacer público y accesible éste Registro para dar paso al resto de la iniciativa de la “Ley Sabina”.

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Ocultar su salario real, cambiar de nombre bienes de su propiedad para no presentarlos ante juez o vaciar cuentas bancarias, son prácticas que padres y madres que se encuentran en juicios de pensión o manutención alimentaria siguen realizando para entorpecer el saber cuales son sus ingresos reales en el proceso legal. 

Sergio Ibarra Macedo, juez segundo familiar del Poder Judicial del estado, explicó la situación y aseguro que éstas acciones son comunes en la práctica laboral de los abogados y jueces familiares. El mismo se ha enfrentado a la situación en su trabajo, admitió.

Sostuvo que las leyes en la entidad no son flexibles en estos casos, pero ante el ocultamiento de la información sobre ingresos de las partes involucradas en un juicio alimentario, no se puede hacer mucho. 

Reconoció que se requieren de cambios en la ley para evitar que se sigan dando este tipo de prácticas.

Ibarra Macedo participó en la presentación de la iniciativa de la Ley Sabina ante diputadas del Congreso de Baja California.

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