Cuando Irma Eréndira Sandoval Ballesteros dirigía la Secretaría de la Función Pública (SFP) intercambió oficios con el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Le pedía “congruencia con nuestras obligaciones legales y el deber ético que implica ser parte del gobierno de la Cuarta Transformación”.

El motivo: Cresencio Sandoval no había presentado su declaración patrimonial.

En el documento FP/100/262-11/2020, Sandoval Ballesteros le explica al general que si bien emitió un acuerdo para la ampliación de plazos para la presentación de la declaración patrimonial, éste sólo aplicaba a niveles jerárquicos medios, enlaces, operativos y de base sindicalizados.

“No corresponde a los mandos superiores del gobierno federal que necesitamos cerrar filas en la lucha contra la corrupción y a favor de la rendición de cuentas, porque la transparencia no se detiene, bajo ninguna circunstancia”, escribió el 22 de abril de 2020.

La declaración patrimonial hace pública el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un servidor público mientras desempeña un cargo.

Así, la ciudadanía puede conocer los ingresos, sus bienes muebles e inmuebles, vehículos, entre otros, y comprobar que sean congruentes con su labor en el servicio público.

La secretaria de la Función Pública le ofreció poner a su disposición al personal técnico del área de Registro Patrimonial para apoyarle, según consta en los registros de correo electrónico que filtró el grupo Guacamaya.

La iniciativa que nunca fue

El tema de la declaración patrimonial requirió un segundo oficio de Irma Eréndira Sandoval el 12 de junio de 2020. Ahora pedía la comprensión tanto del general Sandoval como del almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina, para impulsar la presentación de la declaración patrimonial y de interés de todos los integrantes de las dependencias castrenses.

Les dice que en la Secretaría de la Función Pública están conscientes de que, para el personal operativo, la presentación de la declaración patrimonial y de intereses burocratiza las tareas de prevención y detección del enriquecimiento ilícito.

“Esta disposición, aprobada en la pasada administración, fue parte de las medidas simuladoras que acompañaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y han generado un cúmulo de dificultades técnicas y operativas para que los servidores públicos de menores ingresos del gobierno [entre ellos marinos y soldados de tropa], cumplan con su obligación”, se lee.

Irma Eréndira Sandoval consideró que esto implicaba una reforma constitucional para evitar que la tropa presente esta declaración, “dado que poco o nada aporta al combate a la corrupción”.

En ese sentido, les informó que presentó al presidente Andrés Manuel López Obrador una iniciativa de reforma al artículo 108 de la Constitución y al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas (LRA).

Les adjuntó el documento con su propuesta y agregó: “será muy importante y valioso contar con su apoyo para respaldar ante nuestro Señor Presidente de la República dicha iniciativa”.

La iniciativa nunca prosperó. En la información pública de la Cámara de Diputados no se localizó la propuesta que redactó la exfuncionaria; hasta el momento, ni la Constitución ni la LRA presentan cambios.

Para el 30 de julio, desde la oficina de Sandoval se volvió a buscar al titular de la Sedena, ahora para informarle que aún había 162 funcionarios de alto nivel que no habían presentado su declaración y que sólo tenían un día más para enviarla.

“No omito mencionar que el incumplimiento en la presentación de la declaración patrimonial y de intereses constituye una falta administrativa en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, añadió lrma Eréndira Sandoval Ballesteros en el documento.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sustituirá a Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) por Roberto Salcedo Aquino, y aseguró que su gobierno "continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. Nunca le fallaremos al pueblo". 

 "A Irma Eréndira le agradecemos mucho por su apoyo. Ella es una mujer de lucha por la justicia, por la democracia, fue muy importante su colaboración en el inicio del gobierno, sobre todo, en lo que se le encargó: el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad", dijo en un video.

La funcionaria recordó que el mandatario la conoció como académica y directora del laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y Transparencia de la UNAM, lugar al que regresará tras dejar el cargo en la dependencia. 

 "No tengo más que palabras de agradecimiento por permitirme haber caminado a lado del primer gabinete paritario de la historia. Con la satisfacción de que usted siempre me respaldó", mencionó. 

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dio a conocer este jueves que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, queda exonerado porque no existe conflicto de interés ni obligación de reportar bienes de su familia, luego de una investigación de más de tres meses.

La funcionaria federal rechazó "categóricamente que en la nueva SFP se proteja o blinde a persona alguna". En total, la dependencia recibió 33 denuncias ciudadanas, de las cuales 14 fueron anónimas. También recabó 10 alertas ciudadanas sobre el caso. En estas quejas, el funcionario fue acusado de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Asimismo, detalló que la SFP solo tiene competencia para sancionar conductas reprochables desde que Bartlett ocupa la titularidad de la CFE y también comunicó que citó a comparecer al funcionario.

Irma Eréndira Sandoval mencionó que en la denuncia de conflicto de interés, no se desprende en el caso de Manuel Bartlett Díaz porque en la temporalidad denunciada, no tiene injerencia durante el tiempo que ha sido titular de la CFE. Las empresas señaladas pertenecen a sus hijos y a la persona con la que tiene una relación sentimental.

Por lo que, aseguró, "no se encontraron elementos o indicios de posible conflicto de interés, porque desde el inicio de su encargo no ha intervenido en la tramitación o resolución de algún conflicto".

De las propiedades de su pareja y su familia, se especificó que no se advierte que el servidor público haya tenido la obligación legal de reportarlas, ya que con ninguno de sus propietarios actuales mantiene una relación de matrimonio, concubinato o dependencia económica, puesto que cada uno de ellos tiene sus ingresos propios.

Julia Abdalá tiene con él una relación sentimental, pero "no hay vínculos legales de matrimonio", tienen domicilios diferentes y no tienen hijos en común, dijo Sandoval. El director general de la CFE no tenía obligación legal de manifestar los bienes patrimoniales de la señora Abdalá Lemus, siguió.

En cuanto a los bienes inmuebles de León y Alejandra, sus hijos, no tenía obligación de declararlos puesto que son mayores de edad.

Sandoval dijo también que el próximo año, los funcionarios públicos estarán obligados a declarar el patrimonio de personas de su círculo cercano entre ellas las "relaciones cercanas afectivas".

"Es cierto que la señora Julia Abdalá no es esposa ni cónyuge, pero a partir del próximo año los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con quienes tenemos vínculos sentimentales. Este será el caso del señor Manuel Bartlett", destacó.

En la sesión de preguntas y respuestas, Sandoval enfatizó: "no hay ninguna exoneración, sino una aplicación rigurosa y pulcra de la ley general de responsabilidades actual".

Por ello expresó que "los ingresos del director de la CFE con sus posesiones son absolutamente congruentes".

El contexto

Antes de conocerse los resultados, el funcionario se mostró tranquilo, pero evasivo a las preguntas de la prensa, a la salida de una reunión de gabinete de Palacio Nacional:

"¿De qué me están hablando?, ¿de la Función Pública?, ¡pues vayan a oírlo!, ¡vayan a oírlo!, no coman ansias", declaró Bartlett en tono serio.

En conferencia de prensa, Irma Eréndira Sandoval informó que se han realizado más de 50 diligencias para investigar las denuncias ciudadanas que se presentaron a raíz del reportaje de Arelí Quintero "Bartlett Bienes Raíces".

La investigación contra Bartlett surgió luego de que el periodista y columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola, revelara, en agosto, en su artículo de opinión y en su programa de radio "Así las cosas con Loret" que el funcionario, junto con su familia, ha construido un "imperio inmobiliario" con 23 casas de lujo, las cuales están ubicadas en las zonas más caras del valle de México.

La información fue difundida en el reportaje elaborado por la periodista Arelí Quintero. Según la investigación, Bartlett Díaz declaró ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) una fortuna de 51 millones de pesos e ingresos anuales por 11 millones de pesos; sin embargo, el reportaje advierte que su fortuna es 16 veces más grande -sólo en propiedades-.

Por ello, diversos partidos políticos presentaron sus denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por el presunto conflicto de interés. Irma Eréndira Sandoval especificó que hasta octubre iban 21 denuncias en contra del director general de la Comisión Federal de Electricidad.

A pesar de los señalamientos, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha respaldado al funcionario y dijo "tenerle confianza".

Irma Eréndira Sandoval, propuesta por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, como futura titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), afirma que en el combate a la corrupción el nuevo gobierno no actuará por "venganzas políticas".

En entrevista con EL UNIVERSAL, la investigadora universitaria considera que la lucha eficaz contra la corrupción "es la deuda histórica en la transición política", por ello la próxima administración no andará con "retórica bravucona", sino que enfrentará ese flagelo con acciones y se pondrá "orden en la casa", advirtió.

"Este gobierno tiene que cumplir... estamos comprometidos a no frenar el asunto del combate a la impunidad. Pero sí somos muy responsables en señalar que, como Andrés Manuel López Obrador ha dicho desde siempre, no venimos por venganza política, sino para la aplicación de la norma. Pero eso sí, se van a revisar todos y cada uno de los contratos, y aquellos que tengan términos leoninos que afecten los recursos del país, van para atrás".