Desde que se detuvo el procedimiento que se inició la administración estatal pasada, en donde banca Afirme retendría las participaciones federales hacia la entidad para financiar la planta fotovoltaica que intentó instalarse en Mexicali, se ha podido evitar un desfalco de más de 900 millones de pesos, expresó el director de la Consejería Jurídica del Gobierno de Baja California, Juna José Pon Méndez. 

El funcionario explicó que, hasta este noviembre, se ha evitado que se le retiren al estado un total de 953 millones de pesos en participaciones federales. 

El proyecto nunca se concretó y aun así la institución bancaría buscaba retener las participaciones federales al estado, de hecho, se quedaron con 124 millones de pesos que aún no han regresado al estado.

En ese sentido, el entrevistado manifestó que sigue el procedimiento jurídico contra el banco para que restituya ese recurso a Baja California y en más de un año que lleva el proceso se ha sumado un total de 5 millones de pesos adicionales por cuestión de intereses. 

Actualmente, agregó el consejero jurídico, se mantienen once denuncias contra ex servidores públicos involucrados en el procedimiento que permitió el contrato con el banco Afirme; dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), dos ante la Fiscalía General del estado (FGE) y siete procedimientos iniciados ante la Secretaria de la Honestidad y la Función Pública en el estado.

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Al concluir el tiempo oficial de 45 días para determinar si hubo malos manejos en la Administración anterior, el Síndico Procurador, Rafael Leyva Pérez, aunque no dijo nombres, admitió que sí hubo malversación de recursos públicos por parte de funcionarios de primer nivel, por un monto de 542 millones 225 mil 166 pesos, señalando a Presidentes municipales, y funcionarios de Tesorería, Oficialía Mayor y Regidores.

En conferencia de prensa, el Síndico Procurador abundó que en otra área donde también se observó malversación de recursos públicos, fue en el Sistema Integral del Transporte de Tijuana (SITT) por la cantidad de 856 mil 989 pesos, instancia que cuenta con 9 denuncias por el daño patrimonial, misma que observa auditorías a la cuenta pública de los períodos 2014, 2016 y 2017.

Recordó que al asumir el cargo, recibió un rezago importante con más de 3 mil expedientes, mil corresponden a quejas y 2 mil a investigaciones y rezago, para lo cual se comprometió a dar celeridad para su resolución, incrementando personal para el 2022 en la dirección de investigación y determinación con 20 plazas nuevas, y así dar cumplimiento y legalidad a las denuncias ciudadanas.

Durante la entrega-recepción de 82 oficinas de gobierno centrales, 9 delegaciones, 9 paramunicipales, y una administración de regidores, y una vez cumplidos los 45 días por ley, se cuenta con un avance del 60% en la revisión de las actas de entrega-recepción, y donde ya se encuentran en proceso 34 requerimientos contra funcionarios del 23 Ayuntamiento, los cuales tendrán un tiempo de 30 días naturales para atenderlo, así como las observaciones a 20 dependencias del gobierno central, 4 delegaciones y 4 paramunicipales.

Leyva Pérez puntualizó que existen denuncias contra policías municipales por extorsiones, por lo que se efectuó un convenio de colaboración con el sector comercial, para atender sus señalamientos contra los oficiales de manera directa, con el propósito de acabar con estas malas prácticas y que consisten en solicitar ‘’dádivas’’ desde los 20 hasta los 700 dólares.

También mencionó que cuentan con 16 denuncias contra funcionarios públicos por extorsión a comercio ambulante y establecido, por solicitud de ‘’dádivas’’ de 2 mil 500 hasta 6 mil pesos, así como montos de hasta 40 mil pesos para emitir permisos a comercios que no pudieron obtener su licencia de manera legal.

Entre las 720 denuncias contra policías municipales que constan en la Sindicatura, 99 son de la presente administración y consisten principalmente por lesiones, extorsión y robo de pertenencias principalmente, de éstas, 47 ya están en proceso de determinación y se han aplicado 6 correctivos y 91 se han turnado al archivo, por diferentes situaciones como falta de interés del ciudadano para ratificar su denuncia.

‘’No venimos a echar culpas, sólo dejar en claro que los intereses políticos ya no serán un factor que atrase el trabajo de este órgano de control, ese es mi compromiso como Síndico Procurador’’, concluyó.

Durante una reunión entre la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila y el diputado Diego Echevarría se acordó dar seguimiento al tema del regreso de los recursos públicos a las asociaciones civiles y organismos de la sociedad. 

Estuvieron presentes representantes de las instituciones de asistencia social privadas, quienes remarcaron la necesidad de apoyos por ser los que atienden a grupos vulnerables como adultos mayores, niños y niñas, madres solteras, migrantes o personas en situación de calle, en adicciones y en orfanatos.

Estos grupos se han sostenido de donativos, rifas y ofrecen alojamiento, comida y en algunos casos hasta hospedaje a grupos sociales que dejo de atender la administración pasada, pues se eliminaron los apoyos, incluyendo a albergues y casas hogar, estancias infantiles.

Echeverría presentó una iniciativa de ley para que, en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado del año entrante, se generen de nuevo los estímulos fiscales, exenciones, subsidios y apoyos económicos que el gobierno ofrecía en conjunto con la Federación.

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