A casi 50 años de que se fundó en la ciudad de TIjuana la escuela de Derecho del Instituto Cuautlahtóhuac, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se reunieron integrantes de lo que fue la primera generación de licenciados en Derecho, en Baja California, con el objetivo de compartir experiencias y reconocer la trayectoria de este grupo de abogados en favor de sociedad tijuanense y bajacaliforniana. 

Al participar como orador oficial de este evento, el licenciado José Román Leyva Mortera, Notario número 5 y quien fungiera como Director fundador de esta primera escuela de derecho en Baja California, destacó la gran contribución que los egresados de esta primera generación, han puesto en servicio de la sociedad bajacaliforniana, tanto en el sector público como en el ámbito privado.

Recordó que en una época en que los jóvenes de Tijuana y de Baja California, tenían que salir a estudiar derecho a la capital del país, o bien a otras entidades, surgió esta primera escuela de Derecho en la entidad, incorporada a la UNAM, misma que dio la oportunidad de formación para estos jóvenes, que hoy en día tanto han destacado como abogados.

Por su parte, el licenciado Carlos Murguía Mejía, integrante de esta primera generación de licenciados en derecho, recordó lo mucho que significó para ellos como jóvenes tener la oportunidad de poder estudiar Derecho y obtener este grado académico avalado por la UNAM; “y cumplir nuestro propósito de ser abogados para defender los derechos de los ciudadanos”. 

“Cómo olvidar a Don Romeo Jiménez Cabral, que insistió en su visión como maestro de crear una escuela de Derecho en Baja California y además que orgullo el haber tenido una extraordinaria plantilla de maestros, a quienes desde este espacio les rendimos un sincero reconocimiento”, puntualizó.

En el mismo evento hicieron uso de la voz el licenciado Guillermo Mayén Gónzalez, así como la licenciada Guadalupe Gómez Estrada, a quien le correspondió dar lectura y hacer entrega de un reconocimiento a nombre del licenciado Rodolfo Castro Ruiz, quien fue el primer titulado de esta generación, y el primer egresado de una escuela de derecho en Baja California en acreditar sus estudios.

La primera generación de la escuela de Derecho del instituto Cuauhtlatóhuac, incorporada a la UNAM, inició sus estudios en el año de 1973, para culminar con su carrera profesional en el año de 1978, habiéndose formado profesionistas que han fungido como notarios, funcionarios públicos, investigadores, docentes, legisladores y ediles, entre otros cargos.

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La Federación de Colegios de Abogados de Baja California (FEDABO) exige justicia a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Regional, tras el asesinato de la abogada Dra. Emilia Ortega Aceves. Además, solicitan la renuncia de la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez.

El presidente de FEDABO, el Mtro. David Jesús Rincón Rey, lamentó que otros homicidios de abogados ocurridos en el pasado en la entidad aún no hayan sido resueltos. Informó que en lo que va de este sexenio en Baja California se han registrado 13 casos de abogados ultimados a balazos, de los cuales ninguna investigación ha arrojado resultados satisfactorios. 

Por ello, pidió a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto y actúen con mayor eficacia.

FEDABO también exige la renuncia del Secretario de Seguridad de Tijuana, José Alejandro Avilés Amezcua, por la percepción de ineficacia en la resolución de estos casos y la inseguridad que vive la ciudadanía.

¨Ante la ineptitud de nuestra fiscal general estamos pidiendo su destitución, ante la ineptitud de la Secretaría de Seguridad y que gente que sí sepa estar al frente de estas instituciones tome las riendas porque no solo los abogados, la ciudadanía en general estamos hartos de vivir en esta sociedad tan insegura¨, expresó Rincón Rey.

La organización también hizo un llamado respetuoso a los medios de comunicación para que no omitan publicar la imagen de la abogada, ante la gravedad del hecho y la importancia de mantener viva su memoria.

La víctima Emilia Ortega Aceves, abogada y catedrática de la Universidad Autónoma de Baja California fue asesinada la mañana de este martes sobre la calle Mulegé de la colonia Altamira Sur.

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Con la finalidad de fomentar la vinculación por parte de la Consejería Jurídica del Estado con el gremio organizado de los profesionales del Derecho del puerto de San Felipe; el Consejero Jurídico de BajaCalifornia, Juan José Pon Méndez, asistió a la toma de protesta de la Primer Mesa Directiva del Colegio de Abogados de San Felipe A.C.

Ésta organización representa el Primer Colegio, no sólo de abogados, sino de profesionistas del puerto.

Pon Méndez destacó que la creación de este colegio permitirá impulsar la coordinación de sus miembros con la Consejería Jurídica del Estado; toda vez que a través de la participación de toda la comunidad en las distintas actividades, trabajos, estudios y comisiones que convoque la misma Consejería, se logrará impulsar la mejora de la administración pública en beneficio de la sociedad.

"Esto es sumamente importante cuando hablamos de un naciente municipio como lo es San Felipe y es primordial que cuente con bases legales e instituciones fuertes", resaltó Juan José Pon

La Barra de Abogadas Laboralistas "8 de marzo A.C." realizo de la mano de sus agremiados como abogados laboralistas de la ciudad, un ejercicio en donde se ponen aprueba mediante un simulacro ante el nuevo Sistema de Justicia Laboral.

“La intención de este simulacro ante nuestros colegas es generar inquietudes, proponer soluciones ante los planteamientos realizados, a la fecha no se ha dado la oportunidad de participar como público en alguna audiencia de los nuevos tribunales del trabajo tanto en el ámbito estatal como federal”, detalló Héctor Ricardo Canales, abogado laboralista.

Los cambios principales ante el cambio de Sistema de Justicia Laboral queda en manos del poder judicial, anteriormente se atendía por parte de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y ahora en esta reforma a la fracción 20 del apartado 123 provocó una reforma a la Ley del Trabajo donde se establece este nuevo sistema, en donde las juntas antes mencionadas dejan de recibir nuevos asuntos y ahora deberán de concluir las que tienen, y el poder judicial se encargara de administrar la Justicia Laboral.

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Incrementa de 3 a 5 años los años de ejercicio profesional y que el examen de conocimientos este avalado por las Barras  

 El Colegio de Abogados de Tijuana A.C. en conjunto con la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval De Zarco A.C., trabajan de manera coordinada para reformar la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado.

Buscan que quien no puede pagar un abogado privado igualmente tenga un servicio de calidad.

Hassan Franco Ruiz, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana señaló que los defensores públicos son aquellos que representan los intereses de los ciudadanos que carecen de los medios necesarios para contratar a un abogado particular, de ahí la importancia que cuenten con los conocimientos necesarios para poder brindar las asesorías que se demandan. 

“Esta propuesta que plantea el Colegio de Abogados de Tijuana A.C. en conjunto con la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval de Zarco A.C. y que se ha venido trabajando de la mano con el Lic. Sergio Moctezuma, presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, es que la comunidad jurídica que integran los Colegios de Abogados debidamente certificados en la entidad, deberán intervenir activamente en el proceso de selección y validación de los candidatos a ocupar tan importante cargo” 

“La reforma propuesta incrementa de 3 a 5 años los años de ejercicio profesional con los que deberán de contar los candidatos a defensores públicos al momento del nombramiento, de igual forma se planea que el examen general de conocimientos y de habilidades que presenten los aspirantes, deberá de ser respaldado por los colegios de abogados debidamente constituidos” 

Franco Ruiz indicó que dicha reforma conlleva un beneficio directo a toda la población, ya que tendrá más oportunidades para que se le reconozcan sus derechos y reciba una justica, esto en virtud que lo que buscan los colegios de abogados que plantean esta reforma, es que el abogado que los representa se encuentre plenamente capacitado a fin de no poner en riesgo los derechos del ciudadano y no se comprometan derechos invaluables como lo son el patrimonio, la libertad, la familia.

“Y es que estamos hablando de cuidar los derechos del ciudadano que no cuenta con los recursos económicos para poder pagar un abogado particular que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dicta como derecho humano que todo ciudadano tendrá derecho a un defensor público y que mejor que este esté bien capacitado”.

El nuevo fiscal del estado, Ricardo Iván Carpio tuvo una reunión de acercamiento con barras, asociaciones y colegios de abogados.

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