Ante los niveles de inseguridad que enfrentan diariamente en el transporte público millones de usuarios, el diputado petista Brígido Ramiro Moreno Hernández presentó una iniciativa para establecer como medida mínima de tránsito que toda unidad que preste el servicio de transporte de pasajeros, ya sea público o privado, deberá contar de manera obligatoria con un sistema de videograbación.
Dicho sistema deberá permitir ver y escuchar todo lo que sucede dentro de la unidad, atender y salvaguardar la seguridad, además proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos.
La propuesta agrega que los concesionarios se coordinarán con las autoridades con la finalidad de rendir un informe periódico del funcionamiento de su sistema de videograbación que permita conocer su correcta implementación y corroborar que la unidad es un lugar seguro para todas las personas usuarias.
En la exposición de motivos de la iniciativa, turnada a la Comisión de Movilidad, el diputado señala que para los concesionarios sería totalmente posible cumplir con dicha obligación, ya que actualmente el acceso a productos tecnológicos es cada vez más fácil y económico, y en el mercado se pueden adquirir, por un precio muy bajo, cámaras de videograbación.
Esto, señala, no sólo traería beneficios para las y los pasajeros, sino para el conductor del transporte y los mismos concesionarios, ya que les permitiría protegerse ante diversas eventualidades que pudieran presentarse.
Argumenta que las unidades de transporte de pasajeros son lugares cada vez más inseguros y aún más para las mujeres, donde el acoso, secuestros, violaciones e incluso feminicidios se han vuelto cada vez más constantes, y a pesar de la suma de esfuerzos de sociedad y gobierno, la situación se ha intensificado en los últimos meses.
Indica que son verdaderamente alarmantes los niveles de violencia e inseguridad que se enfrentan, y además se han normalizado cada vez más tanto en el transporte público como en el privado.
La propuesta, refiere, busca hacer obligatoria la instalación de dichos sistemas como parte de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial implementada a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno.
Agrega que el marco legal protege a las personas usuarias del transporte, especialmente a quienes pertenecen a un grupo vulnerable como las mujeres y establece principios para garantizar traslados seguros, así como la obligación de autoridades de los tres órdenes de gobierno de salvaguardar la seguridad, la vida e integridad de los pasajeros.
Sin embargo, subraya, los hechos y las cifras muestran que las mujeres corren mayor peligro al hacer uso de esos servicios, por lo que “no debemos ser omisos ante esa situación”.
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