Las empresas armamentísticas de Estados Unidos acusadas por el gobierno mexicano de negligencias que facilitan el tráfico ilegal de armas pidieron a una corte de Boston que se desestime el caso y no se tome en consideración, alegando que ninguna de ellas promueve ni facilita el acceso de grupos del crimen organizado a las armas que ellos fabrican, así como que México se equivocó en presentar la demanda en una corte que no tiene jurisdicción para el caso que presenta.
Este lunes era la fecha límite para que la decena de empresas armamentísticas, que se calcula que son productores de al menos el 68% de las más de medio millón de armas que se introducen ilegalmente a México cada año, presentaran sus argumentos sobre su posición en el caso, y todas coincidieron de que los supuestos defectos y falta de concreción en sus acusaciones como para que el caso pueda ser tomado en cuenta en una corte federal de Massachusetts.
Cada fabricante de armas, así como el distribuidor Witmer, presentó su propio argumento ante la corte: decenas de páginas que se regían por las mismas razones por las cuales la demanda mexicana no tiene razón de ser: falta de jurisdicción y fundamento en el reclamo, según pudo comprobar tras revisar todos los documentos presentados ante la justicia.
Entre otras justificaciones, tal y como se plantea en el documento presentado por Witmer, “el demandante (el gobierno de México) hace reclamos vagos, demasiado amplios y que abarcan contra todos los demandados; es imposible determinar qué causas o acciones se dirigen realmente a Witmer”, así como carece de “acusaciones específicas directas” contra la empresa, una afirmación que repiten varias de las empresas fabricantes de armas.
“La queja del demandante tiene más de 130 páginas e incluye más de 560 párrafos. Sin embargo, a pesar de toda esa verborrea, la demanda no proporciona afirmaciones fácticas que demuestren de manera plausible un derecho a cualquier reparación del demandante contra Barrett”, apuntó en su declaración la empresa Barrett Firearms Manufacturing, Inc., con sede en Tennessee y fabricante de rifles de gran calibre.
“Es razonable suponer que el Demandante incluiría alegatos fácticos para respaldar su reclamo en su voluminosa queja de 135 páginas si pudiera hacerlo. No hay ninguno. Por lo tanto, la única inferencia razonable es que el demandante no incluyó tales alegaciones porque no podía hacerlo sin entrar en conflicto con los requisitos de alegato de buena fe del tribunal”, respaldó Witmer.
Es más, añadió Barrett, “la demanda […] en marcado contraste, menciona repetidamente la conducta lesiva de ‘terceros no ante este tribunal’, es decir, los traficantes y contrabandistas independientes que traen armas de fuego ilegalmente a través de la frontera hacia México”.
El mismo razonamiento empleó Sturm, Ruger & Co., que vende más de 8 mil variaciones de armas en 40 líneas de producto, al criticar que “el gobierno mexicano se basa en la cadena de eventos vaga, sin respaldo y altamente atenuada […] que involucra a presuntos múltiples actores no relacionados con Ruger, algunos de los cuales supuestamente actuaron de manera criminal, para conectar las actividades legales de Ruger en Massachusetts con la violencia criminal en México”.
Es esa, la falta de concreción y pruebas de México contra los fabricantes en la supuesta conexión entre las armas que manufacturan y su llegada a manos del crimen organizado, una de las quejas más reiteradas en contra de la demanda presentada por México. “No se hace referencia ni siquiera a una sola arma vendida en Massachusetts que luego fuera recuperada en la escena del crimen o en cualquier otro lugar de México”, se quejó Barret, una ausencia de datos que considera “notable” y que, además, presenta una serie de eventos y casuísticas que atenúan la implicación de las empresas armamentísticas en los crímenes en territorio mexicano, ya que “no tienen control” de qué pasa con ellas una vez son vendidas legalmente dentro de territorio estadounidense.
“La queja del demandante debe contener más que simples etiquetas y conclusiones legales. Para ser viable, debe recitar alegaciones fácticas específicas suficientes para elevar el derecho reclamado a la reparación más allá del nivel de mera especulación. El demandante no hace eso”, apuntó por su parte la distribuidora Witmer.
Ese mismo argumento es base para demostrar, según los acusados, de que la corte de Boston no es el lugar en el que se debería dirimir el caso, de todos modos. “Los contactos de Ruger con Massachusetts no están relacionados con las causas de acción del gobierno mexicano que alegan que Ruger es legalmente responsable del tráfico y uso criminal de armas de fuego por terceros remotos en México”, añadió por su parte Sturm, Ruger and Co, sumándose a la justificación de la falta de jurisdicción de la corte para tomar este caso ya que “no se logra establecer el vínculo necesario entre Massachussetts y los reclamos del gobierno mexicano”.
“La demanda no contiene ninguna acusación de venta ilegal por parte de Glock o Witmer en Massachussets”, apuntó por su parte Glock, una de las empresas más antiguas en el sector, con lo que daba por cerrado el argumentario que el caso no tiene cabida en esa corte.
“El Gobierno mexicano ha presentado esta acción ante un juzgado de distrito ubicado a más de 2,000 millas de distancia, por daños “procesables” que admite que ocurrieron íntegramente dentro de sus propias fronteras. Si bien [el gobierno mexicano] reconoce que las armas de fuego traficadas ilegalmente que se encuentran en México fueron originalmente fabricadas y vendidas en otros estados, el demandante hace la afirmación sin fundamento de que Massachusetts es la ‘fuente' del ‘flujo de armas hacia México’”, reflexionó Glock en su argumentario.
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