El XXlV Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Montserrat Caballero Ramírez se defenderá del cobro de un crédito fiscal por 307 millones 743 mil 340.64 pesos, heredado desde el Ejercicio Fiscal 2017.

En sesión extraordinaria de Cabildo, los ediles aprobaron la contratación de servicios profesionales de asesoría legal para la defensa del Ayuntamiento de Tijuana referente a la determinación de un crédito fiscal por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Muchas gracias por su confianza para resolver una deuda de gobierno panista y que hoy este gobierno debe resolver como muchos otros temas que resolvemos de frente”, expresó la alcaldesa de Tijuana.

Agregó que “cuando alguien de un gobierno panista decidió estar en el 28 Batallón nadie dijo nada, lo señalaron como valiente y hoy, a su servidora la tildan de cobarde porque quieren que abandone el cargo y no lo voy a abandonar, voy a permanecer al frente de esta ciudad, trabajando y resolviendo deudas que atañen una razón diligente, responsabilidad, y agradezco al Cabildo porque la vamos a resolver juntos”. 

Con respecto al crédito, el aviso electrónico de notificación vía buzón tributario del Ayuntamiento derivó de diversas visitas domiciliarias en la actual administración, hasta recibir la del 23 de mayo de 2023, teniendo 30 días hábiles para dar respuesta ante la autoridad mediante algún medio de defensa debidamente acreditado, con fecha de término el día 4 de julio del 2023.

Para ello, es apremiante interponer en tiempo y forma los medios de defensa legal ante las autoridades competentes, por lo que el Ayuntamiento de Tijuana requiere servicios profesionales jurídicos, considerando la propuesta de contratación de externos con la experiencia necesaria para llevar a cabo las tareas requeridas. 

Por su naturaleza, este tipo de juicios fiscales pueden tomar años en resolverse, ya que se trata de dirimirlos en diversas instancias, desde un recurso de revocación ante la propia autoridad fiscal hasta una eventual demanda en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que puede llevar a un futuro juicio de amparo y podría resolverse en otra administración municipal. 

Por ello, se debe hacer énfasis en la conveniencia de que un despacho externo con especialidad y experiencia en juicios de esta naturaleza, se avoque a su atención desde el inicio de las acciones de defensa legal, hasta su consecución final. 

Una característica de la prestación del servicio que se requiere, es que incluye información de naturaleza fiscal que se encuentra clasificada como confidencial, Io que deberá tomarse en cuenta para la elección del profesional que preste el servicio, mismo que será de la localidad, confirmó la titular del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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El regidor con licencia, José Refugio Cañada García, tomó protesta como nuevo Secretario de Gobierno del XXlV Ayuntamiento de Tijuana. 

La terna presentada en la sesión extraordinaria número 43 para ocupar el cargo del titular de esta área, estuvo integrada por el regidor Oscar Montes de Oca Rodríguez, así como de la directora de Asuntos de Cabildo, Paula Julieta Perdomo Rojas. 

El nuevo integrante del gabinete informó que se sentará a dialogar con cada uno de los ediles y buscará la manera de terminar esta administración, lo mejor posible y en armonía. 

“Es una gran responsabilidad que me toca este día para seguir trabajando, sobre todo con los regidores, viendo los temas importantes para beneficio de los ciudadanos; es una tarea que me toca a mí en lo personal”, recalcó Cañada García.   

El licenciado en Derecho por la Universidad América del Norte, fungió como regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Gobierno Municipal en los Ayuntamientos XXlV y XXlll; regidor presidente de Desarrollo Social en el XXl Cabildo y dirigente de la Comisión Ejecutiva municipal del Partido del Trabajo.

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La Alcaldesa Monserrat Caballero incumple con su compromiso de convocar una sesión de Cabildo, lo que ha generado protestas por parte de los Regidores.

Los Regidores Alejandro Cabrera, Marisol Hernández, Erwin Areizaga, Claudia Casas, Mónica Vázquez, Miriam Echeverría y Edgar Montiel han emitido un comunicado en el que denuncian que la Presidenta Municipal no ha cancelado la convocatoria a la sesión número 43, lo que obliga a ellos a retirar los avisos de ejercicio presupuestal por 462 millones de pesos.

"Mañosamente, la Presidenta Municipal manifiesta que los avisos presupuestales ya fueron retirados, sin embargo esto no ha sido así debido a que en la convocatoria de origen sí vienen enlistados y los Regidores no estamos dispuestos a prestarnos a justificarle el destino de 462 millones de pesos que tomó unilateralmente sin pasarlos por la Comisión de Cabildo", afirman.

Los Regidores consideran que mientras no se brinde transparencia en la información y se retiren los avisos presupuestales, no hay condiciones para llevar a cabo una sesión de Cabildo. "Requerimos certeza y transparencia en la información que somete a nuestra validación en Cabildo, pero sobre todo, le pedimos el respeto que de nuestra parte nunca le hemos regateado hacia su persona", agregaron.

Además, lamentaron que durante la presente administración no se haya convocado a ninguna sesión ordinaria, sino solo a sesiones extraordinarias. "No hay condiciones para llevar a cabo una sesión de Cabildo hasta que no se retiren los avisos presupuestales y se brinde transparencia en la información", sentencian.

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