El Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero fue reconocido en el Foro de Infraestructura Abierta: Datos Abiertos para Transparentar la Obra Pública en México.

Con cinco obras postuladas, Tijuana fue en el municipio que más proyectos de obra colocó, recibiendo así el primer lugar en materia de infraestructura abierta.

Este evento es parte de una iniciativa promovida por el INAI, México Evalúa, Infraestruture Transparency Initiative, Open Contracting Partnership, Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva, el cual busca contribuir a la generación, administración y divulgación de datos y documentos sobre los proyectos de infraestructura y las contrataciones que se llevan a cabo durante su desarrollo.

Durante su ponencia en el panel “De la teoría a la práctica”, la alcaldesa Montserrat Caballero destacó la importancia de la apertura de datos a la ciudadanía y la rendición de cuentas en cualquier obra de infraestructura. 

“En Tijuana no había transparencia por los gobiernos anteriores y hoy vemos las consecuencias: edificios que se caen, puentes que colapsan, pero ahora (con infraestructura abierta) mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos”, expresó.

Apuntó también que con la rendición de cuentas, a los ciudadanos se les brinda certeza jurídica de qué es lo que se hace con su dinero y quiénes y cómo serán los responsables de trabajar las obras que les brindarán dignidad y seguridad en materia de infraestructura.

El XXlV Ayuntamiento participa desde febrero 2022 en la iniciativa Infraestructura Abierta, que a lo largo de más de un año constó de siete etapas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el objetivo de ampliar la información pública disponible, actualizar mensualmente los contratos gubernamentales y hacer más accesibles los datos relacionados con las filiales de Pemex y CFE, auditorías y procesos de fiscalización.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones actuales de la Ley General de Transparencia y consolidar el principio de máxima publicidad en la administración pública.

La funcionaria informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia fue estabilizada y contará con nuevas herramientas para facilitar la consulta, descarga y análisis de la información. Además, anunció que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporarán nuevos contenidos de interés público.

Buenrostro detalló que el decreto se estructura en cuatro ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a los demás poderes y órdenes de gobierno para adoptar el principio de máxima publicidad.

Entre las principales medidas destaca que todos los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse de forma trimestral y estarán disponibles cada mes, con el propósito de mantener actualizada la información sobre adquisiciones y obras públicas.

Asimismo, las empresas filiales de Pemex y CFE deberán transparentar información adicional, incluyendo estados financieros, informes presentados ante autoridades extranjeras, reglas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En materia de fiscalización, el Gobierno también difundirá datos sobre los programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.

La administración federal adelantó además que propondrá reformas a la Ley General de Transparencia para limitar las causales de reserva de información únicamente a asuntos de interés público y seguridad nacional, privilegiando la publicación de versiones públicas cuando sea posible.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que el nuevo esquema permitirá garantizar el acceso a la información sin los costos que representaba el Inai, organismo que, según señaló, implicaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales.

"Es transparencia total del Gobierno de México", afirmó la mandataria, al señalar que con el decreto ya no quedará a criterio de los servidores públicos decidir qué información puede hacerse pública, sino que existirán lineamientos claros para definir cuándo procede una reserva por razones de seguridad nacional o por la existencia de procedimientos administrativos o judiciales en curso.

Finalmente, Sheinbaum anunció que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará una iniciativa para incorporar el contenido del decreto a la Ley General de Transparencia, con el fin de convertir estas disposiciones en obligaciones permanentes para el Gobierno federal.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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El regidor con licencia, José Refugio Cañada García, tomó protesta como nuevo Secretario de Gobierno del XXlV Ayuntamiento de Tijuana. 

La terna presentada en la sesión extraordinaria número 43 para ocupar el cargo del titular de esta área, estuvo integrada por el regidor Oscar Montes de Oca Rodríguez, así como de la directora de Asuntos de Cabildo, Paula Julieta Perdomo Rojas. 

El nuevo integrante del gabinete informó que se sentará a dialogar con cada uno de los ediles y buscará la manera de terminar esta administración, lo mejor posible y en armonía. 

“Es una gran responsabilidad que me toca este día para seguir trabajando, sobre todo con los regidores, viendo los temas importantes para beneficio de los ciudadanos; es una tarea que me toca a mí en lo personal”, recalcó Cañada García.   

El licenciado en Derecho por la Universidad América del Norte, fungió como regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Gobierno Municipal en los Ayuntamientos XXlV y XXlll; regidor presidente de Desarrollo Social en el XXl Cabildo y dirigente de la Comisión Ejecutiva municipal del Partido del Trabajo.

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