Los tres niveles de gobierno continuarán trabajando en unidad y de manera coordinada por la seguridad de las familias tijuanenses, manifestó la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez en el arranque de la Semana de Seguridad y Paz que en esta ocasión se lleva a cabo en la delegación Otay Centenario.

Durante el acto protocolario celebrado en los terrenos donde se construye la Garita de Otay II y en presencia de autoridades militares y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la titular del XXIV Ayuntamiento reconoció el esfuerzo de quienes están comprometidos con la seguridad de Tijuana de manera permanente.

Enfatizó las contribuciones del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, con quienes en conjunto con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal “seguiremos trabajando juntos, para que nuestras familias vivan en paz”. 

Caballero Ramírez refirió que el objetivo común entre los tres órdenes de gobierno es precisamente disminuir la ola delictiva heredada por pasadas administraciones y por ese motivo hoy dan un mensaje de unidad, buscando la paz para todo Baja California y en particular, para Tijuana. 

“Es necesario reconocer que existe este problema y entonces, desde ahí, podremos iniciar una estrategia sólida, contundente y sobre todo, inteligente para combatir la delincuencia”, aseguró la alcaldesa, destacando que en lo que va de la administración y en conjunto con las demás fuerzas, se ha logrado un decomiso histórico en armamento y enervantes.

La Semana de Seguridad y Paz se realizará desde este lunes y hasta el próximo 30 de junio, con el reforzamiento de la seguridad en la demarcación Otay Centenario, efectuando patrullajes coordinados entre los tres niveles de gobierno para la reducción de incidencia delictiva en colonias como Las Torres, Nido de las Águilas y 10 de Mayo.

También se acercarán todos los servicios en materia de bienestar por parte del Ayuntamiento de Tijuana, Gobierno del Estado y Federación, así como recuperación de espacios públicos y eventos deportivos para el reforzamiento del tejido social en esta zona.

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Tras las recientes denuncias presentadas por la Síndica Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz ha expresado su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración pública. En respuesta a las 70 denuncias dirigidas al gobierno saliente de la ex alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, Burgueño Ruiz aseguró que la revisión de cuentas es un procedimiento habitual entre administraciones entrantes y salientes.

"Di la instrucción para que se llevara a cabo la revisión de manera exhaustiva, eso nos permite asegurarnos de que, en caso de alguna irregularidad, no se nos pueda hacer responsables. Es un proceso natural en la transición gubernamental", destacó el alcalde durante la conferencia mañanera.

Burgueño Ruiz enfatizó la importancia de la labor de la Sindicatura, que se posiciona como un ente encargado de supervisar el correcto uso de los recursos públicos.

Al ser cuestionado sobre la magnitud de las denuncias contra su predecesora, el alcalde manifestó: "El que nada debe, nada teme".

Además, agradeció al gabinete por sus esfuerzos en "blindar" la administración actual, visibilizando la intención de llevar a cabo un gobierno claro y responsable.

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La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la instalación de la primera universidad en la zona este de Tijuana. Este proyecto, que lleva el nombre de Universidad Rosario Castellanos, fue presentado en su conferencia mañanera, por lo que, la gobernadora de Baja California, Marina del Pía Ávila Olmeda expresó su entusiasmo, subrayando la importancia de contar con una institución educativa en una zona que ha enfrentado altos índices de criminalidad. 

Por su parte, Alfredo Álvarez Cárdenas, secretario general de Gobierno, detalló que este proyecto es parte de una serie de iniciativas enmarcadas en un enfoque de prevención del delito, impulsadas por la mandataria federal. Álvarez Cárdenas mencionó que se han llevado a cabo reuniones estratégicas para asegurar la implementación de tres preparatorias federales adicionales en el municipio de Tijuana, que complementarán la oferta educativa de la nueva universidad.

La presidenta Sheinbaum Pardo anunció que la convocatoria para el ingreso a la Universidad Rosario Castellanos se abrirá en noviembre, y se espera que esta nueva institución ofrezca una variedad de programas académicos que respondan a las necesidades del entorno local.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, negó las acusaciones de desvío de 400 millones de pesos y respondió a las críticas de políticos como Jorge Ramos, asegurando que no ha sido notificada legalmente.

Caballero Ramírez, utilizó sus redes sociales para responder a las recientes acusaciones que la señalan por un presunto desvío de 400 millones de pesos. En su publicación, Caballero cuestionó la veracidad de estos señalamientos y defendió su gestión al frente del municipio.

Caballero subrayó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación legal respecto a las acusaciones, lo que, según ella, indica que dichas afirmaciones carecen de fundamento. "Estamos en un Estado de Derecho y no somos artistas ni influencers como para comunicarnos solo a través de redes sociales. Representamos al pueblo y debe de ser de una manera correcta y legal", manifestó la exfuncionaria.

En su mensaje, Caballero también hizo referencia a Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, y a ciertos comunicadores que la han señalado públicamente, expresando que las acusaciones parecen carecer de lógica al no involucrar a otros actores políticos, como los regidores. "Curiosamente no mencionan a ningún regidor, cosa extraña, porque ningún acto de la Presidenta Municipal es autónomo", afirmó.

La exalcaldesa también ironizó sobre la cantidad de dinero mencionada, sugiriendo que sería imposible que una cifra de tal magnitud pudiera ser desviada sin que las autoridades o los regidores lo notaran. Asimismo, recordó que, durante su administración, se liquidaron deudas municipales por más de 2,600 millones de pesos, lo que, según ella, hace aún más improbable el presunto desvío de recursos.

Finalmente, Caballero concluyó su publicación con un fuerte mensaje dirigido a Jorge Ramos, a quien responsabilizó de la deuda histórica que arrastra el municipio de Tijuana: "Tantita madre, Señor Ramos, pague su deuda, la misma que nos llevó a ser el municipio más endeudado de todo el país".

La exalcaldesa reiteró su compromiso con la ciudad y aseguró que continuará en Tijuana, lista para aclarar cualquier acusación y defender su administración ante los señalamientos.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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