Por instrucciones de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, las distintas áreas del Ayuntamiento de Tijuana se encuentran trabajando en el deslizamiento de tierra registrado en Colinas del Rey, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias afectadas por este incidente. 

El secretario de Gobierno Municipal, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, informó que desde ayer jueves por la noche se reportó la caída de material sobre algunas viviendas de dicho fraccionamiento, por lo que de inmediato se trasladaron hasta la zona.

“Estamos atendiendo este reporte por indicaciones de la alcaldesa Montserrat Caballero, donde se está trabajando en conjunto Protección Civil, Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, para la realización del dictamen…, la instrucción es salvaguardar las vidas de la primera línea de casas y estar pendientes las 24 horas”, manifestó.

El encargado de despacho de Protección Civil Municipal, Bernardo Villegas Ramírez, precisó que quince viviendas han sido etiquetadas con engomado rojo, a cuyos residentes se les extendió la recomendación de evacuar el inmueble por tratarse de una zona de alto riesgo.

En el área afectada, sobre calle Privada Camino del Sol, acudió personal de Protección Civil Municipal, la SDTUA, delegaciones correspondientes, así como del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, quienes colaborarán con el Ayuntamiento para la elaboración del dictamen, monitoreo y atención del deslizamiento de tierra.

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El Gobierno Municipal de Tijuana mantiene un operativo preventivo en la colonia 3 de Octubre, donde los deslizamientos de tierra y la inestabilidad de un talud en la calle Punta Arenas representan un riesgo para las familias.

La Dirección Municipal de Protección Civil colocó engomados rojos en 15 viviendas, al determinar que presentan condiciones de alto riesgo por los movimientos de tierra registrados en la zona.

Las autoridades pidieron a los residentes abandonar temporalmente sus hogares y trasladarse a refugios o viviendas de familiares, debido a que hasta el momento se han negado a evacuar.

De acuerdo con las autoridades, 21 familias han resultado afectadas, con un registro preliminar de 90 personas: 33 menores de edad, 50 adultos y siete adultos mayores.

Durante la intervención, personal de emergencia detectó una fuga activa de agua, que fue controlada mediante el cierre de un tanque de la CESPT. También se restringió el acceso a las calles afectadas y se habilitó una ruta alterna por el Cañón del Sainz.

Las labores de atención continúan con la participación de Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, Cruz Roja y otras dependencias, mientras se mantiene la vigilancia ante posibles nuevos deslizamientos.

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Actualmente, se registran un total de 25 deslaves activos que están siendo monitoreados por Protección Civil Municipal. Así lo informó su titular, José Luis Jiménez, quien destacó la importancia de mantener un seguimiento constante en estas zonas vulnerables.

Jiménez aclaró que hasta el momento no se han reportado nuevos deslaves; los casos que están bajo observación son los mismos que se encuentran en las mesas de deslaves estatales. Entre ellos, destaca el Conjunto Lomas Residencial, que ha sido objeto de atención mediática y es el sitio que recibe el monitoreo más constante debido a su situación delicada.

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Los residentes del fraccionamiento Lomas del Río han alzado la voz en defensa de su seguridad ante una construcción que avanza en la ladera de la colonia Alfonso Ballesteros. Los vecinos sostienen que esta obra se realiza sin los permisos necesarios, está edificada sobre relleno y no cuenta con los estudios de impacto recomendados.

El grupo afectado incluye tres viviendas y un edificio de aproximadamente 60 departamentos, todos ellos en riesgo. Pilar de la Vega, una de las vecinas, ha intentado contactar a las autoridades municipales, y ha reportado la situación a Protección Civil, pero hasta el momento no han recibido respuesta ni han visto presencia de funcionarios en el lugar.

Fernanda García Estrada, quien ha residido en el área durante quince años, expresó su inquietud al notar que durante el fin de semana se trasladaron casas tipo tráiler con grúas, lo que incrementa el peligro para las estructuras vecinas.

La preocupación ha crecido entre los vecinos, quienes solicitan al Ayuntamiento de Tijuana, liderado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz, que actúe de inmediato para salvaguardar su seguridad y asegurar que la construcción cumpla con las normativas necesarias.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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