El XXIV Ayuntamiento de Tijuana encabezado por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, gestiona la reunificación familiar de Moisés, de nacionalidad salvadoreña, separado de sus tres hijos, dos de ellos mexicanos, al ingresar a Estados Unidos con su cita programada de CBP One.

El titular de la Dirección Municipal de Atención al Migrante (DMAM), Enrique Lucero Vázquez, explicó que la razón por la que no se le permitió a Moisés el ingreso al vecino país, fue porque tenía una suspensión por 20 años para ingresar a Estados Unidos, ya que vivió en aquel país y fue repatriado a El Salvador.

El funcionario informó que a los hijos de la persona en contexto de movilidad se les permitió el acceso con cita CBP One y actualmente se encuentran bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Los Ángeles, California (DCFS, por sus siglas en inglés), quienes determinarán ante una corte de Estados Unidos, el destino de los menores.

Lucero Vázquez precisó que la DMAM canalizó el caso tanto al Instituto Nacional de Migración (INM) como al Consulado de México en San Diego, California, para trabajar coordinados sobre las vías legales conducentes a fin de que el señor Moisés pueda reintegrarse con sus hijos.

El titular de la DMAM mencionó que la paramunicipal atiende diversos casos en los que se requiere la intervención de alguna autoridad, como los trámites de registro de menores, atenciones médicas, matrimonios, atención consular y ante asociaciones civiles y organismos internacionales para gestionar temas migratorios o en materia legal de los solicitantes.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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El regidor con licencia, José Refugio Cañada García, tomó protesta como nuevo Secretario de Gobierno del XXlV Ayuntamiento de Tijuana. 

La terna presentada en la sesión extraordinaria número 43 para ocupar el cargo del titular de esta área, estuvo integrada por el regidor Oscar Montes de Oca Rodríguez, así como de la directora de Asuntos de Cabildo, Paula Julieta Perdomo Rojas. 

El nuevo integrante del gabinete informó que se sentará a dialogar con cada uno de los ediles y buscará la manera de terminar esta administración, lo mejor posible y en armonía. 

“Es una gran responsabilidad que me toca este día para seguir trabajando, sobre todo con los regidores, viendo los temas importantes para beneficio de los ciudadanos; es una tarea que me toca a mí en lo personal”, recalcó Cañada García.   

El licenciado en Derecho por la Universidad América del Norte, fungió como regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Gobierno Municipal en los Ayuntamientos XXlV y XXlll; regidor presidente de Desarrollo Social en el XXl Cabildo y dirigente de la Comisión Ejecutiva municipal del Partido del Trabajo.

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La Alcaldesa Monserrat Caballero incumple con su compromiso de convocar una sesión de Cabildo, lo que ha generado protestas por parte de los Regidores.

Los Regidores Alejandro Cabrera, Marisol Hernández, Erwin Areizaga, Claudia Casas, Mónica Vázquez, Miriam Echeverría y Edgar Montiel han emitido un comunicado en el que denuncian que la Presidenta Municipal no ha cancelado la convocatoria a la sesión número 43, lo que obliga a ellos a retirar los avisos de ejercicio presupuestal por 462 millones de pesos.

"Mañosamente, la Presidenta Municipal manifiesta que los avisos presupuestales ya fueron retirados, sin embargo esto no ha sido así debido a que en la convocatoria de origen sí vienen enlistados y los Regidores no estamos dispuestos a prestarnos a justificarle el destino de 462 millones de pesos que tomó unilateralmente sin pasarlos por la Comisión de Cabildo", afirman.

Los Regidores consideran que mientras no se brinde transparencia en la información y se retiren los avisos presupuestales, no hay condiciones para llevar a cabo una sesión de Cabildo. "Requerimos certeza y transparencia en la información que somete a nuestra validación en Cabildo, pero sobre todo, le pedimos el respeto que de nuestra parte nunca le hemos regateado hacia su persona", agregaron.

Además, lamentaron que durante la presente administración no se haya convocado a ninguna sesión ordinaria, sino solo a sesiones extraordinarias. "No hay condiciones para llevar a cabo una sesión de Cabildo hasta que no se retiren los avisos presupuestales y se brinde transparencia en la información", sentencian.

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