El XXIV Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez aprobó por unanimidad la condonación del 100 por ciento en multas y recargos municipales del ejercicio 2023 en el pago del Impuesto Predial y 50 por ciento en otros conceptos.  

El beneficio para los contribuyentes será aplicable a partir del 5 de agosto hasta el 30 de septiembre de este 2023, punto de acuerdo aprobado en la Sesión extraordinaria de Cabildo número 33, una acción relevante a mitad del año, impulsada por la alcaldesa Montserrat Caballero para apoyar a las familias vulnerables. 

“Este beneficio brinda una nueva oportunidad a los contribuyentes que por alguna causa no han cumplido con sus obligaciones fiscales, una política pública y un acuerdo común entre los regidores de todas las fracciones para continuar con unas finanzas sanas que permitan el desarrollo de una Tijuana para todos”, recalcó la alcaldesa. 

El primer acuerdo planteado por este XXlV Ayuntamiento de Tijuana para los contribuyentes cumplidos fue durante enero con el 12, febrero con el 10 y marzo con el 5 por ciento, donde se aplicaron descuentos por pronto pago, además de un tres por ciento extra en línea. 

El segundo acuerdo planteado por este Gobierno Municipal para condonar el 100 por ciento de descuento en multas y recargos municipales derivados del impuesto predial y descuentos del 50 por ciento por otros pagos y derechos, fue aprobado el 16 de marzo con vigencia al 30 de mayo de este 2023. 

En la administración municipal encabezada por la alcaldesa Montserrat Caballero se sumó un acuerdo más autorizado por unanimidad para que a partir del 5 de agosto de este 2023, los ciudadanos accedan a los descuentos nuevamente del impuesto predial y otros pagos.  

Además del 100 por ciento en multas y recargos, los contribuyentes que realicen el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) podrán acceder al 50 por ciento de descuento en multas y recargos generadas por el incumplimiento en su pago del ejercicio fiscal 2023 y anteriores. 

El Ayuntamiento acordó que los ciudadanos que realicen el pago de Derechos Municipales durante la vigencia del presente acuerdo, accederán a la condonación del 50 por ciento de las multas y recargos, de igual manera, aquellos por incumplimiento a los Reglamentos Municipales podrán acceder al 50 por ciento de descuento en multas, siempre y cuando sean liquidados en su totalidad y cumplan con las demás disposiciones establecidas en el acuerdo a más tardar el 30 de septiembre de 2023. 

Sigue sin condonarse aquellas personas que se estacionaron frente a rampas y accesos exclusivos para personas con discapacidad o en zonas de estacionamiento reservadas para ellos y las infracciones establecidas en el artículo 119 del Reglamento de Tránsito y Control Vehicular del Municipio.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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El regidor con licencia, José Refugio Cañada García, tomó protesta como nuevo Secretario de Gobierno del XXlV Ayuntamiento de Tijuana. 

La terna presentada en la sesión extraordinaria número 43 para ocupar el cargo del titular de esta área, estuvo integrada por el regidor Oscar Montes de Oca Rodríguez, así como de la directora de Asuntos de Cabildo, Paula Julieta Perdomo Rojas. 

El nuevo integrante del gabinete informó que se sentará a dialogar con cada uno de los ediles y buscará la manera de terminar esta administración, lo mejor posible y en armonía. 

“Es una gran responsabilidad que me toca este día para seguir trabajando, sobre todo con los regidores, viendo los temas importantes para beneficio de los ciudadanos; es una tarea que me toca a mí en lo personal”, recalcó Cañada García.   

El licenciado en Derecho por la Universidad América del Norte, fungió como regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Gobierno Municipal en los Ayuntamientos XXlV y XXlll; regidor presidente de Desarrollo Social en el XXl Cabildo y dirigente de la Comisión Ejecutiva municipal del Partido del Trabajo.

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Regidores del Cabildo de Tijuana han interpuesto una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado contra la Alcaldesa Monserrat Caballero, acusándola de abuso de autoridad, agresiones verbales y desvío de recursos públicos. Los ediles señalan que la Alcaldesa ha gastado 462 millones de pesos sin la autorización correspondiente y que ha utilizado recursos públicos para impactar negativamente la imagen de aquellos que se niegan a encubrir sus acciones.

En su declaración, los regidores que representan a diferentes partidos políticos, expresaron su deseo de que se realice una investigación formal y exhaustiva para determinar si las acciones de la Alcaldesa constituyen delitos, enfatizando que nadie está por encima de la ley en Baja California. 

Los regidores también denunciaron que la Alcaldesa ha construido su discurso en torno a insultos públicos y descalificaciones, utilizando diversas plataformas, incluidas redes sociales y medios de comunicación, para deslegitimar a sus oponentes.

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