El Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, clausuró el estacionamiento del Aeropuerto de Tijuana “Abelardo L. Rodríguez” por carecer de la documentación municipal propia para su operatividad. 

Por instrucciones de la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez y bajo la supervisión del secretario de Gobierno Municipal, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, inspectores atendieron el viernes una denuncia ciudadana en la que referían que dicho establecimiento no contaba con aseguranza para los usuarios.

Durante la revisión del estacionamiento, personal del Ayuntamiento detectó que los responsables no tenían ninguna documentación municipal que acreditara su regular operación y carecían de póliza de seguro para los usuarios en caso de algún percance dentro de sus instalaciones.

Por tal motivo se procedió a la clausura del establecimiento y colocación de sellos, además de que se levantaron las plumas en los accesos de entrada y salida, evitando así la afectación a terceros. 

El XXIV Ayuntamiento de Tijuana exhorta a la comunidad a seguir denunciando irregularidades en los distintos giros comerciales al número de WhatsApp (664) 616-3339, además de que hace un llamado a los permisionarios a cumplir con la normatividad, garantizando así la seguridad de las y los tijuanenses y su patrimonio.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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Desde la noche del martes, la carretera Aeropuerto en Tijuana se encuentra bloqueada en ambos sentidos por miembros de la comunidad de Maclovio Rojas Márquez, quienes exigen justicia y certidumbre jurídica respecto a sus hogares. Con 36 años de lucha, esta comunidad reclama la regularización de sus predios que, hasta la fecha, aún no han sido formalizados.

Los manifestantes han decidido alzar su voz tras la última mesa de trabajo realizada el 28 de mayo en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), donde, a pesar de la presencia de representantes del gobierno federal y estatal, no se cumplieron los acuerdos establecidos. La reunión, que fue pública y transmitida a través de Zoom, contó con la participación de integrantes de la Unión de Posesionarios del Poblado Maclovio Rojas Márquez, así como de figuras de la SEGOB y otras autoridades locales. Sin embargo, la falta de acción ha llevado a la comunidad a ejercer su derecho a la protesta.

Las demandas de los pobladores son la interlocución directa con la nueva Secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez; la entrega de los primeros títulos de propiedad el 7 de octubre de 2024, a través de una asamblea del Ejido General Francisco Villa; la realización de un análisis histórico jurídico completo sobre la problemática de Maclovio Rojas Márquez; la devolución del dinero que CORETE y el Ejido cobraron a los Posesionarios en 2011; la asignación de seguridad a los líderes del movimiento debido a amenazas de muerte; una tregua con el Ejido General Francisco Villa para desestimar las denuncias en su contra; y un acuerdo sobre la regularización del resto de predios, que suman aproximadamente 4,000 hectáreas, sin costo alguno para los posesionarios.

“¡No mentir, no robar, no traicionar! Primero los pobres,” resuena entre los manifestantes, quienes exigen una respuesta inmediata del gobierno de la Cuarta Transformación a sus justas demandas. 

Debido al bloqueo se ha registrado caos en la carretera Aeropuerto debido a que es una zona en la que transitan cientos de automovilistas y camiones de carga hacia la garita de Otay; así como al Aeropuerto Internacional de Tijuana.

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El regidor con licencia, José Refugio Cañada García, tomó protesta como nuevo Secretario de Gobierno del XXlV Ayuntamiento de Tijuana. 

La terna presentada en la sesión extraordinaria número 43 para ocupar el cargo del titular de esta área, estuvo integrada por el regidor Oscar Montes de Oca Rodríguez, así como de la directora de Asuntos de Cabildo, Paula Julieta Perdomo Rojas. 

El nuevo integrante del gabinete informó que se sentará a dialogar con cada uno de los ediles y buscará la manera de terminar esta administración, lo mejor posible y en armonía. 

“Es una gran responsabilidad que me toca este día para seguir trabajando, sobre todo con los regidores, viendo los temas importantes para beneficio de los ciudadanos; es una tarea que me toca a mí en lo personal”, recalcó Cañada García.   

El licenciado en Derecho por la Universidad América del Norte, fungió como regidor presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Gobierno Municipal en los Ayuntamientos XXlV y XXlll; regidor presidente de Desarrollo Social en el XXl Cabildo y dirigente de la Comisión Ejecutiva municipal del Partido del Trabajo.

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