La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de Baja California contra Jaime Bonilla Valdez, exgobernador del estado, y otros cinco individuos. La denuncia alega violencia política de género, incluyendo calumnias y violencia mediática.

La alcaldesa acusa a los implicados de llevar a cabo una campaña mediática para desacreditar y perjudicar su imagen pública. Esta campaña, según la denuncia, incluye desacreditaciones, calumnias, descalificaciones e invisibilización del trabajo de Montserrat Caballero, todo basado en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su reputación ante la ciudadanía.

Los imputados en la denuncia son el actual senador por el PT, Jaime Bonilla, así como otros políticos y figuras públicas relacionadas con él. La denuncia también menciona una presunta intención de poner en duda las capacidades de la alcaldesa para la política y el gobierno, con el claro propósito de limitar y anular sus derechos políticos electorales.

Las otras personas involucradas en la denuncia son las siguientes:

• Sergio “M” y Marco Antonio “B”, diputados de la XXlV Legislatura de Baja California.
• Vicenta “E”, ex secretaria de la Honestidad y la Función Pública en el gobierno de Jaime Bonilla.
• Odilar “M” del programa de tv y radio de análisis político, económico y social “Odilar por la mañana” en PSN.
• María del Carmen “E”, ex Síndica Procuradora en la administración del ex alcalde Arturo González.

Montserrat Caballero solicita medidas cautelares, incluyendo que los denunciados se abstengan de realizar campañas mediáticas que limiten sus derechos políticos electorales y el retiro de las publicaciones y videos en redes sociales que ejercen violencia política de género. La denuncia busca tutela preventiva y de no repetición para prevenir futuros actos de violencia política contra la mujer en razón de género.

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Montserrat Caballero Ramírez, ex alcaldesa de Tijuana, emitió una declaración en sus redes sociales, en la que expresó su preocupación por lo que considera una serie de irregularidades en el proceso de entrega-recepción del gobierno municipal. 

Caballero Ramírez, quien asegura que este proceso podría estar vinculado a un posible abuso de autoridad, señala varios puntos de irregularidad que levantan cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.

Entre los principales puntos que la ex funcionaria menciona, destaca que aún faltan 30 días para la culminación del proceso de entrega-recepción, en el que la ley establece un plazo de 45 días para realizar aclaraciones. 

Además, denuncia que el señor Marcelo Machaín no recibió la debida notificación de su situación y que no se cumplió con la garantía de audiencia correspondiente, lo que, según ella, viola claramente los principios del debido proceso.

"El tiempo nos dará la razón", afirma Caballero Ramírez, dejando entrever que confía en que, a medida que el proceso avance, se evidenciarán las irregularidades que denuncia. 

Acompañando su declaración, la ex alcaldesa compartió el documento que pretenden respaldar sus afirmaciones, invitando a la ciudadanía a prestar atención al tema en lugar de burlarse de "la ignorancia".

Por otro lado, la ex alcaldesa también se refiere de manera irónica al poder de la impunidad, sugiriendo que, a pesar de las circunstancias desfavorables, podría “trabajar honorariamente en algún lugar” dado el contexto actual.

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La ex alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, negó las acusaciones de desvío de 400 millones de pesos y respondió a las críticas de políticos como Jorge Ramos, asegurando que no ha sido notificada legalmente.

Caballero Ramírez, utilizó sus redes sociales para responder a las recientes acusaciones que la señalan por un presunto desvío de 400 millones de pesos. En su publicación, Caballero cuestionó la veracidad de estos señalamientos y defendió su gestión al frente del municipio.

Caballero subrayó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna notificación legal respecto a las acusaciones, lo que, según ella, indica que dichas afirmaciones carecen de fundamento. "Estamos en un Estado de Derecho y no somos artistas ni influencers como para comunicarnos solo a través de redes sociales. Representamos al pueblo y debe de ser de una manera correcta y legal", manifestó la exfuncionaria.

En su mensaje, Caballero también hizo referencia a Jorge Ramos, exalcalde de Tijuana, y a ciertos comunicadores que la han señalado públicamente, expresando que las acusaciones parecen carecer de lógica al no involucrar a otros actores políticos, como los regidores. "Curiosamente no mencionan a ningún regidor, cosa extraña, porque ningún acto de la Presidenta Municipal es autónomo", afirmó.

La exalcaldesa también ironizó sobre la cantidad de dinero mencionada, sugiriendo que sería imposible que una cifra de tal magnitud pudiera ser desviada sin que las autoridades o los regidores lo notaran. Asimismo, recordó que, durante su administración, se liquidaron deudas municipales por más de 2,600 millones de pesos, lo que, según ella, hace aún más improbable el presunto desvío de recursos.

Finalmente, Caballero concluyó su publicación con un fuerte mensaje dirigido a Jorge Ramos, a quien responsabilizó de la deuda histórica que arrastra el municipio de Tijuana: "Tantita madre, Señor Ramos, pague su deuda, la misma que nos llevó a ser el municipio más endeudado de todo el país".

La exalcaldesa reiteró su compromiso con la ciudad y aseguró que continuará en Tijuana, lista para aclarar cualquier acusación y defender su administración ante los señalamientos.

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El Congreso del Estado de Baja California no aprobó la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana correspondiente al ejercicio fiscal 2022, durante la discusión del Dictamen número 21 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público celebrada esta tarde.

El Diputado Jorge Ramos destacó el trabajo realizado por los técnicos del Órgano Superior de Fiscalización, y propuso que se notifique a la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre posibles irregularidades que van más allá de faltas administrativas, sugiriendo que podrían constituir delitos que afecten gravemente el patrimonio del Ayuntamiento tijuanense.

“Se trata de un monto aproximado de 400 millones de pesos en contratos relacionados con la prestación de servicios, los cuales corresponden a funciones que ya están siendo ejecutadas por servidores públicos. Nos estamos acostumbrando a escuchar cifras exorbitantes, pero 400 millones de pesos equivale al 70% de la recaudación total del impuesto predial de Tijuana”, expresó el legislador.

Ramos mencionó que, solo para el cobro de la cartera vencida del impuesto predial, se adjudicó un contrato de 47 millones de pesos. Sin embargo, el resultado final fue un incremento en la cartera vencida, que ahora supera los 600 millones de pesos.

Los contratos para "Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar" suman 55 millones 630 mil 706 pesos, distribuidos entre seis proveedores para el cobro del impuesto predial. Se observó incumplimiento en tres de estos contratos, que representan erogaciones por más de 27 millones de pesos.

Entre los hallazgos, destaca un contrato por más de 13 millones de pesos, del cual no se ha encontrado evidencia del servicio prestado ni de evaluaciones, además de actividades no justificadas que ascienden a más de 8 millones 487 mil 486 pesos en cobranza prejudicial, extrajudicial y judicial, así como otro por 5 millones 876 mil 363 pesos relacionados con embargos y remates.

Respecto al "pase médico y turístico", que recaudó más de 100 millones de pesos, ya está bajo investigación de la Fiscalía Anticorrupción, pero no se ha encontrado información sobre el destino de los fondos otorgados a asociaciones civiles y fundaciones, ni sobre sus beneficios para la población.

Las irregularidades mencionadas provienen de una auditoría realizada por el Órgano Superior de Fiscalización, compuesto por expertos en la materia, lo que respalda el carácter objetivo del dictamen que se presentó a los diputados y fue aprobado por unanimidad por legisladores de todas las fuerzas políticas en el estado.

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La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, habló abiertamente sobre sus preocupaciones ante lo que considera una posible persecución política hacia su persona y otros funcionarios. Según sus declaraciones, "miedo no tengo", enfatizando que "el que nada debe, nada teme".

Caballero Ramírez abordó las tensiones políticas actuales y la necesidad de mantener la transparencia en la gestión pública. "Yo no tengo temor porque el que nada debe, nada teme", reiteró, defendiendo su compromiso de dejar cuentas claras al final de su mandato.

La edil hizo hincapié en que, aunque puede que no pueda limpiar su nombre en este momento, “quedan muchos años por delante para poder hacerlo”.

"Nosotros esperaremos y trabajaremos", afirmó, y agregó que en caso de que su gestión resulte en acusaciones infundadas, ella se defenderá: "si yo entrego mi gestión y entrego cuentas, me voy tranquilamente, porque tampoco te vas a aferrar. Pero si hay una persecución, me defiendo y a ver de cuánto nos toca", expresó Caballero.

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La presidenta municipal, Montserrat Caballero Ramírez, declaró que a los seis regidores no les interesa discutir los temas que se tratan en el Cabildo y ya estaba segura de que no asistirán a la sesión. Esto después de que la regidora Claudia Casas asegurara que la edil tenía un negocio en la compra de la estación de bomberos, un tema que consideró absurdo.

"Esto es lo que pasa cuando ya quieren hacerle la barba al próximo presidente municipal", agregó la alcaldesa, refiriéndose a la situación actual política en la ciudad.

Además, la presidenta municipal también hizo un llamado aclaratorio sobre el futuro del alcalde electo, Ismael Burgueño Ruiz. "El alcalde tendrá la libertad de contratar a quien quiera", pero advirtió "de una vez te digo y te aviso que no sirven para nada estos regidores", enfatizó Caballero.

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