Nuevamente, el titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Baja California, Alejandro Arregui Ibarra, destacó la efectiva colaboración entre el gobierno municipal, estatal y federal durante el operativo que culminó en la clausura de la empresa Prime Wheel. 

La acción se llevó a cabo en la planta 1 de la compañía, donde laboran 2,289 trabajadores, así como en la planta 2, que emplea a 1,310 personas, de las cuales se suspendieron temporalmente sus actividades debido a diversas irregularidades que fueron detectadas en el lugar.

A pesar de la clausura de las dos plantas, el secretario aseguró que han llegado a un acuerdo con el área administrativa de Prime Wheel para que gestionen el pago puntual y las prestaciones de los más de 7,600 trabajadores afectados. 

Es importante señalar que la planta 3 de Prime Wheel no fue clausurada, dado que las autoridades pertinentes determinaron que las operaciones que allí se realizan no suponen un riesgo para los empleados. Agregó que continuará la operatividad con el personal administrativo y ciertos operativos críticos, asegurando además que el personal especializado de protección civil supervisa la seguridad de las instalaciones.

A cuatro meses de la desaparición de Servando Salazar Cano, un empleado de la empresa Prime Wheel, su familia continúa enfrentando un silencio tanto de la empresa como de la Fiscalía General del Estado de Baja California, a cargo de la fiscal María Elena Andrade. La situación se ha vuelto desesperante y la familia ha decidido hacer escuchar su voz a través de plantones y movilizaciones en los medios. Sin embargo, las respuestas siguen siendo escasas.

Servando Salazar, quien ingresó a trabajar en Prime Wheel el 23 de agosto de 2024, jamás volvió a salir de la empresa. Esta desaparición se da en un contexto donde la seguridad laboral y la salud deben estar garantizadas, un deber que la empresa parece haber ignorado. "Lo que sucedió con Servando es un hecho inédito y es inaceptable que Prime Wheel no asuma su responsabilidad. La seguridad de los trabajadores debería ser la prioridad”, declaró la familia en un comunicado.

Dos meses después de la desaparición de Salazar, otro empleado, Eduardo Ortiz Franco, perdió la vida tras un accidente laboral cuando una máquina le aplastó la cabeza. Este trágico evento ha llevado a la familia de Servando a mantener su lucha, denunciando que la falta de protocolos de seguridad y la omisión de los responsables de la empresa son evidentes.

La familia argumenta que la empresa cuenta con un sistema de seguridad completo, que incluye más de 80 cámaras y personal de vigilancia, lo que contradice su afirmación de ignorancia respecto a lo sucedido. "La responsabilidad directa recae en los más altos ejecutivos de Prime; el presidente Henry Chen y el contralor Jaime Carreón deben rendir cuentas", aseguran.

Los familiares han enfatizado que la falta de acción inmediata por parte de la empresa tras la desaparición de Salazar y la serie de incidentes laborales apuntan a una cultura organizacional que prioriza la producción sobre la vida de sus empleados. “No se activaron los protocolos necesarios, y la empresa solo se preocupa por generar ingresos, desestimando las vidas de quienes laboran para ellos”, denunciaron.

Además, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) ha sido señalada por no haber intervenido adecuadamente ante la situación. La familia sostiene que las condiciones laborales en Prime Wheel revelan un contexto alarmante, donde la falta de medidas de seguridad ha llevado a incidentes que van más allá de simples accidentes, calificados como "crímenes industriales".

El desdén ante la salud y seguridad laboral en Tijuana se refleja en las estadísticas: en 2023, se reportaron 8,811 accidentes laborales en Baja California, siendo la ciudad de Tijuana un referente en incidentes de esta naturaleza. “Aunque la maquila es considerada importante para la economía, el costo no debería ser la vida y la salud de los trabajadores", critican los familiares.

Ante la falta de respuestas, la familia de Servando ha hecho un llamado a la comunidad y a los trabajadores para organizarse en busca de mejores condiciones laborales y exigir justicia. “Es momento de perder el miedo y luchar juntos. La salud y la vida de todos los trabajadores debe ser la prioridad”, concluyeron.

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Luego de que las observaciones realizadas durante la pasada inspección del XXV Ayuntamiento fueran favorablemente solventadas, se autorizó la reapertura de la Planta Uno de la empresa Prime Wheel.

El Presidente Municipal, Ismael Burgueño Ruiz, instruyó al Secretario General de Gobierno, Arnulfo Guerrero León para que se revisaran todas y cada una de las observaciones hechas el día de la clausura, así como la aplicación de las sanciones ejemplares correspondientes para que este tipo de irregularidades no se vuelvan a repetir. 

La decisión se tomó tras una revisión minuciosa realizada por los inspectores de diversas áreas del gobierno municipal, quienes acudieron a la planta para verificar que se cumpliera con las observaciones hechas el pasado 21 de octubre.

Cabe destacar que, la empresa Prime Wheel fue sancionada con un monto de 10 millones 58 mil pesos debido a la falta de permisos municipales y falta de protocolos adecuados de seguridad e higiene.

Asimismo, se le notificó que, en caso de reincidir en alguna de las faltas observadas, las sanciones podrían incrementarse e incluso incluir la prohibición total para operar en la ciudad.

Dichas sanciones ya fueron cubiertas a la autoridad municipal, además de que fue presentada la documentación actualizada de todos los permisos municipales.

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Tras el trágico accidente y subsecuente clausura de la empresa Prime Wheel, el alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, se pronunció sobre la situación, señalando que este tipo de problemas son consecuencia de una gestión anterior. 

Durante su conferencia mañanera, Burgueño Ruiz comentó que “esto que está sucediendo viene de la administración anterior. No me dedico a aventar la bolita, pero nosotros vamos comenzando la administración y creo que el resultado que se dio ese día con la coordinación entre los tres niveles de gobierno habla también de la forma de trabajo que vamos a llevar a cabo en el futuro”.

El alcalde subrayó la importancia de la coordinación en la respuesta a este lamentable incidente y advirtió que “quienes no están en regla comiencen a realizar lo propio para estar en regla porque nosotros haremos una supervisión en todas las empresas”. 

Burgueño Ruiz enfatizó que su administración tiene el firme propósito de restablecer el orden en las operaciones laborales de la ciudad. “Y estaremos estableciendo esa dinámica en el futuro para organizar todo lo que lamentablemente encontramos desorganizado de la pasada administración”, concluyó, reiterando el compromiso de su gobierno para garantizar condiciones laborales seguras y justas para todos los trabajadores de Tijuana.

El titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Baja California, Alejandro Arregui Ibarra, se reunió este jueves con los familiares de Eduardo Ortiz Franco, quien falleció recientemente. Durante el encuentro, se abordaron los detalles del proceso para cubrir los gastos funerarios y el traslado del difunto a su lugar de origen, Pachuca, Hidalgo.

Arregui Ibarra explicó que, siguiendo las instrucciones de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la Secretaría está brindando toda la asistencia necesaria a la familia en este difícil momento.

Además, se informó que la familia de Ortiz Franco será beneficiada con una indemnización de 2 millones de pesos, que se está gestionando a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que la víctima estaba dado de alta y había estado cotizando semanas en el sistema.

Ortiz Franco perdió la vida al quedar prensado en una de las máquinas de la empresa Prime Wheel la noche del lunes.

Durante la conferencia matutina del gobierno del estado, Alejandro Arregui, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Baja California, informó sobre las medidas tomadas tras la clausura de la empresa Prime Wheel, luego del trágico accidente que resultó en la muerte del trabajador Eduardo Ortiz Franco.

El primer operativo de inspección se llevó a cabo el 21 de octubre, poco después del trágico suceso, y se complementó con una segunda revisión el 22 de octubre. Arregui destacó que las inspecciones revelaron serias irregularidades, lo que llevó a solicitar la intervención de diferentes dependencias tanto del gobierno federal como del estatal. Entre las entidades involucradas se encuentran la Secretaría del Trabajo, Protección Civil del Estado y el Ayuntamiento de Tijuana.

“Afortunadamente, hoy hay condiciones de coordinación con el gobierno municipal que no existía con la pasada administración, y eso nos permitió llevar a cabo un operativo efectivo”, enfatizó Arregui.

La clausura de las instalaciones se enfocó específicamente en la planta 1, donde Servando Salazar fue visto por última vez, y en la planta 2, donde se produjo el lamentable accidente que cobró la vida de Ortiz Franco. 

Por su parte, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales de los empleados afectados. “Mi instrucción es que se atienda el derecho laboral de cada uno de los empleados”, manifestó la gobernadora, resaltando la importancia de mantener una comunicación efectiva con el Ayuntamiento de Tijuana durante el proceso de clausura.

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