Tras las recientes denuncias presentadas por la Síndica Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, Teresita Balderas Beltrán, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz ha expresado su compromiso con la transparencia y la legalidad en la administración pública. En respuesta a las 70 denuncias dirigidas al gobierno saliente de la ex alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, Burgueño Ruiz aseguró que la revisión de cuentas es un procedimiento habitual entre administraciones entrantes y salientes.

"Di la instrucción para que se llevara a cabo la revisión de manera exhaustiva, eso nos permite asegurarnos de que, en caso de alguna irregularidad, no se nos pueda hacer responsables. Es un proceso natural en la transición gubernamental", destacó el alcalde durante la conferencia mañanera.

Burgueño Ruiz enfatizó la importancia de la labor de la Sindicatura, que se posiciona como un ente encargado de supervisar el correcto uso de los recursos públicos.

Al ser cuestionado sobre la magnitud de las denuncias contra su predecesora, el alcalde manifestó: "El que nada debe, nada teme".

Además, agradeció al gabinete por sus esfuerzos en "blindar" la administración actual, visibilizando la intención de llevar a cabo un gobierno claro y responsable.

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Teresita Balderas Beltrán, Síndica Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana, informó que el pasado 29 de noviembre se vinculó a proceso al ex Director General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del XXIV Ayuntamiento, Conrado ¨N¨. Este proceso se originó durante la administración encabezada por Montserrat Caballero Ramírez, por su presunta responsabilidad en la compra irregular de un software por más de 92 millones de pesos.

La sindica también señaló que están involucrados en este caso otros exfuncionarios, como el ex oficial mayor Marcelo de Jesús Machain Servín, el ex director de Tecnologías de la Información, Gabino Orrostieta Soto; el exconsejero jurídico del Ayuntamiento, Rodolfo Epifanio Adame Alba; y el ex Tesorero Municipal del XXIV Ayuntamiento, Raymundo Vega Andrade, quien dejó su cargo dos meses antes de que finalizara la administración de Caballero Ramírez.

Balderas Beltrán precisó que en la audiencia de imputación, celebrada este martes, se determinará, según los resultados, si se les fincará el proceso penal a cada uno de los involucrados. 

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Ismael Burgueño Ruiz expresó que el tema está siendo revisado por la Sindicatura, y que en este momento no puede emitir un posicionamiento oficial para respetar el esquema de las investigaciones en curso.

Cabe mencionar que el exfuncionario vinculado, Conrado ¨N¨, es sobrino del ex fiscal general del estado, Guillermo Ruiz Hernández. Además, fungió como Secretario Particular de la Presidencia Municipal en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana y coordinador de Gabinete en la administración del ex alcalde Arturo González Cruz.

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El presidente de La Federación de Colegios de Abogados de Baja California (FEDABO), el Mtro. David Jesús Rincón Rey, aclaró que cuando la Fiscalía General de la República (FGR) cita a una persona, lo hace con el propósito de investigar, y no necesariamente de acusarla. 

Explicó que en estos casos, la autoridad realiza una investigación preliminar y, si se obtienen elementos que indiquen la posible comisión de un delito, la fiscalía procederá ante un juez de control para iniciar el proceso legal correspondiente.

Rincón Rey lamentó que en los últimos tiempos se hayan presentado diversas acusaciones contra distintos funcionarios públicos, las cuales generan desconfianza en la ciudadanía hacia sus autoridades. “

Cuando el río suena, agua lleva”, comentó, sugiriendo que sería conveniente que el alcalde Ismael Burgueño Ruiz aclare la situación para que los ciudadanos no pierdan la confianza en su gestión.

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El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, afirmó que en Tijuana se logra detener aproximadamente al 95% de las personas que cometen un delito, gracias a un esquema de coordinación y trabajo en equipo entre distintas corporaciones. Destacó que, ha logrado reducir en un 40% los homicidios en su primer año de gestión, gracias a esfuerzos conjuntos con Sedena, Guardia Nacional y Policía Federal.

Burgueño Ruiz resaltó que han detenido a muchos generadores de violencia, incluyendo a personas dedicadas al sicariato y homicidio, evidenciando la efectividad de la estrategia. También elogió la importancia de las mesas de seguridad convocadas por la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que permiten plasmar estrategias y analizar datos para fortalecer las acciones preventivas.

El alcalde subrayó la capacidad de reacción de la policía municipal en operativos, señalando que en desplazamientos relacionados con homicidios o situaciones de inseguridad, logran detener a los responsables en un promedio de 13 minutos o al día siguiente. Finalmente, aseguró que es muy raro que actualmente quienes cometen delitos no sean detenidos, reafirmando que la efectividad en las detenciones ha sido fundamental para reducir la delincuencia en la ciudad.

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Durante la conferencia matutina de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, expresó que la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a la exalcaldesa de Tijuana Montserrat Caballero, por presuntos vínculos con crimen organizado, es un proceso que lleva varios meses y que la institución encargada es la autoridad federal, no la Fiscalía General del Estado (FGE). 

La mandataria afirmó que "aquí no es cacería de brujas", y destacó que la investigación que se sigue en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA) responde a una denuncia formal recibida por la Fiscalía Federal.

Avila Olmeda puntualizó que la investigación está en una etapa inicial y que, dependiendo de los hallazgos que vaya arrojando, se determinarán los siguientes pasos. Aseguró que la FGR es una institución seria en materia de delincuencia organizada y que se respeta el proceso legal en curso.

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