La agricultura en Baja California atraviesa uno de sus momentos más delicados. Una combinación de factores climáticos, económicos, migratorios, binacionales, sociales y regulatorios ha relentizado temporalmente la contratación de personal en distintos valles agrícolas del estado, situación que pone en riesgo miles de empleos formales.

Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, confirmó que existe una contracción operativa en el sector que ha obligado a productores a frenar el ingreso de nuevos trabajadores ante la falta de condiciones para sostener los costos actuales.

La agricultura representa el 25% del empleo formal en zonas rurales del estado, con un registro superior a los 120 mil trabajadores agrícolas al año, de los cuales más del 90% están afiliados al IMSS, lo que convierte a este sector en uno de los principales empleadores de Baja California.

Durante el ciclo agrícola 2023, el estado produjo más de 2.4 millones de toneladas de alimentos, con un valor comercial superior a los 12 mil millones de pesos. De esa producción, el 85% se destinó a exportación, principalmente a Estados Unidos, Canadá y mercados asiáticos.

La reducción de la contratación impacta directamente en comunidades enteras de los valles de San Quintín, Ensenada, Maneadero y Mexicali, donde miles de familias dependen del ingreso agrícola para su sustento cotidiano.

Solorio Meza explicó que entre los factores que han detonado esta crisis se encuentran el aumento en los costos de insumos, la incertidumbre en el suministro de agua, el encarecimiento del transporte y la inestabilidad en el precio de exportación de algunos productos.

El presidente del Consejo Agrícola señaló que esta contracción también afecta a toda la cadena de valor asociada a la actividad primaria, como transporte, empaque, refrigeración, mantenimiento, comercialización y servicios auxiliares.

Tan solo en los últimos cinco años, la inversión privada en agricultura en el estado ha superado los 5 mil millones de pesos, especialmente en infraestructura de riego, energías limpias y expansión de cultivos orgánicos. Esa dinámica está en riesgo si no se estabilizan las condiciones del entorno.

En los valles agrícolas, la ausencia de contratación ya se refleja en el cierre temporal de cuadrillas, en la cancelación de traslados y en la reducción de actividad en centros de acopio y empaque.

Solorio Meza advirtió que si no se implementan medidas inmediatas para contener la contracción, Baja California podría enfrentar una crisis laboral rural sin precedentes, con efectos directos sobre la seguridad social, el ingreso familiar y la movilidad laboral.

La situación también puede derivar en un aumento del desempleo informal y en presiones migratorias internas, con impactos colaterales en servicios públicos, educación y seguridad.

“El sector agrícola necesita ser entendido como un motor económico y social. Cuando se detiene, las consecuencias se sienten en todos los niveles”, concluyó el presidente del Consejo Agrícola.

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Walberto Solorio Meza, presidente del Consejo Agrícola de Baja California, declaró que la cancelación del uso agrícola de 35 moléculas de plaguicidas anunciada por la Secretaría de Agricultura no generará afectaciones a la producción del sector, en particular a los cultivos de exportación.

El dirigente señaló que las sustancias prohibidas han dejado de utilizarse desde hace décadas y precisó que el segmento exportador ya opera con estándares internacionales que no contemplan estas moléculas.

De acuerdo con Solorio Meza, el proceso inició en el sexenio anterior con una propuesta de prohibición sobre 210 moléculas, que tras negociaciones se redujo a 35. Explicó que este avance es resultado de un año de trabajo coordinado con la Secretaría de Agricultura, así como con las dependencias de Economía, Salud y Medio Ambiente.

El Consejo Agrícola detalló que el siguiente paquete de sustancias sujetas a negociación incluiría alrededor de 25 moléculas adicionales, cuyo análisis se prevé para 2026. Posteriormente, se abordaría otro grupo en 2027, bajo criterios que el sector insiste deben ser científicos y no ideológicos.

El decreto publicado contempla la prohibición de plaguicidas como el DDT, el carbofurán, el paratión etílico y el lindano, entre otros. La lista fue definida en conjunto con la industria y el gobierno federal, en respuesta a compromisos de transición hacia una agricultura más limpia.

Solorio Meza subrayó que el acuerdo representa un precedente de diálogo entre el sector productivo y las autoridades, al reconocer que la eliminación gradual de plaguicidas debe equilibrar la productividad y la seguridad alimentaria.

Según información de la Secretaría de Agricultura, en México se habían identificado más de 148 moléculas en uso histórico, pero actualmente el 76 por ciento ya no tiene aplicación práctica en la agricultura comercial.

El Consejo Agrícola reiteró que la prioridad es mantener la competitividad de las exportaciones, que generan más de 40 mil empleos en Baja California, y al mismo tiempo avanzar en las metas ambientales planteadas en la estrategia federal.

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El Consejo Agrícola de Baja California advirtió que sin un acuerdo social que proteja al sector primario, incentive la contratación y garantice la continuidad de la seguridad social en las zonas rurales, el estado enfrentará una escalada de consecuencias económicas, sociales y políticas de gran magnitud.

Walberto Solorio Meza, presidente del organismo, llamó a establecer compromisos interinstitucionales urgentes para detener la contracción operativa del campo, la cual ya ha generado una reducción drástica en la contratación de jornaleros y técnicos agrícolas.

“Si no hay condiciones para sostener el empleo agrícola, la seguridad social colapsará, se debilitará el ingreso familiar, aumentará la deserción escolar y se incrementarán los niveles de tensión comunitaria en los valles agrícolas de Baja California”, declaró.

Actualmente, la agricultura genera más de 120 mil empleos formales en el estado, de los cuales el 90% están registrados ante el IMSS, lo que representa una fuente masiva de aportaciones a la seguridad social y un sustento económico para miles de hogares.

La paralización parcial de actividades, motivada por el aumento de insumos, la presión hídrica, la volatilidad de precios internacionales y la incertidumbre fiscal, ha puesto en riesgo ese entramado social y productivo.

Solorio Meza alertó que ya se observan efectos colaterales: pérdida de acceso a servicios médicos, suspensión de pagos al Infonavit, cierre de rutas de transporte laboral y disminución del consumo en comunidades enteras.

En los últimos cinco años, el sector agrícola había consolidado una base sólida de inversión privada y formalización del empleo. Sin embargo, el deterioro de las condiciones ha comenzado a revertir ese proceso, según reportes del Consejo.

El dirigente explicó que cada 10 mil empleos agrícolas representan, en promedio, 250 millones de pesos anuales en contribuciones fiscales directas e indirectas. La pérdida de esa base no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la recaudación y al sistema de protección del estado.

También destacó que las consecuencias sociales se están intensificando: aumento de la violencia intrafamiliar, mayor vulnerabilidad juvenil, estrés económico en hogares y crecimiento de la informalidad en comunidades rurales.

“Esto no es solo un problema productivo. Es un tema de gobernabilidad. Si el campo colapsa, lo que sigue es una cadena de desestabilización que alcanzará a las zonas urbanas, a las instituciones públicas y al tejido político”, sostuvo Solorio Meza.

El Consejo Agrícola plantea un acuerdo estatal que contemple incentivos fiscales, garantías de operación, acceso a financiamiento emergente, gestión hídrica efectiva y mecanismos de protección laboral para sostener la actividad agrícola formal.

Solorio Meza concluyó que Baja California no puede ignorar la dimensión de lo que está en juego. “El campo no puede ser invisible para las decisiones de gobierno. Si no se actúa ahora, la bola de nieve será imparable”, puntualizó.

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El diálogo con los líderes responsables de la toma de decisiones y la puesta en marcha de políticas públicas en el sector agroalimentario han fortalecido las relaciones comerciales de México con la región de Centroamérica y el Caribe, las cuales se han reflejado con la puesta en marcha de 32 proyectos de cooperación y alrededor de 393 beneficiarios de diferentes naciones, informaron autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

A través de capacitaciones, talleres presenciales y virtuales en aspectos sanitarios, identificación y mejoramiento genético de frutales, producción de miel, coco y guanábana, desarrollo de capacidades a emprendedores rurales, tecnologías de riego y agroecología en la producción agropecuaria, entre otros, la dependencia federal fortalece el sector primario en la región y, a su vez, garantiza el abasto y suministro de alimentos al país.

Las naciones con las que se establecieron proyectos de cooperación fueron: Belice (cinco proyectos, 55 beneficiarios), Costa Rica (un proyecto, 43 beneficiarios), El Salvador (dos proyectos, 20 beneficiarios), Guatemala (tres proyectos, 50 beneficiarios), Honduras (tres proyectos, 60 beneficiarios), Jamaica (dos proyectos, 40 beneficiarios), Nicaragua (cuatro proyectos, 70 beneficiarios), Panamá (cuatro proyectos, 40 beneficiarios) y República Dominicana (un proyecto, 15 beneficiarios). 

Señalaron que las economías del mundo han experimentado cambios drásticos en sus procesos productivos y en sus cadenas de distribución de productos agroalimentarios en los últimos dos años a consecuencia de la crisis sanitaria y el conflicto en Europa del Este. 

Las rupturas en las cadenas de suministro y las políticas de restricción de las exportaciones de alimentos de diversos proveedores de mercados internacionales han generado el incremento de precios de productos de primera necesidad a nivel global, puntualizaron.

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Aplicarán a partir del 1 de enero de 2023 y bajo este esquema, el empleo de mecanismos de evaluación de resultados, transparencia y rendición de cuentas.

En materia de evaluación de programas se deberán someter a una evaluación externa, de acuerdo con los términos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Con esta publicación, la dependencia federal busca fortalecer las acciones del servicio público y agilizar y facilitar a los productores el acceso directo y oportuno a los recursos asignados a los programas productivos de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entre las obligaciones de las disposiciones generales están el observar el estricto cumplimiento de las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión de personas con discapacidad y el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, con perspectiva de género desde un enfoque institucional.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó las disposiciones generales aplicables a las Reglas de Operación del 2023, que consideran la utilización de esquemas de supervisión, revisión y evaluación de los programas prioritarios, adicionales y emergentes, con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia, difusión y rendición de cuentas, así como avanzar en una agricultura productiva, sostenible e inclusiva para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y reducir la pobreza en el sector rural del país.

Bajo estos términos, Agricultura subrayó que para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, las acciones de disciplina presupuestaria y la modernización de la Administración Pública Federal continuará el pago a las y los beneficiarios directamente y en forma electrónica, mediante depósito en cuentas bancarias, órdenes de pago o giros telegráficos y, en ningún caso, podrá autorizarse el pago en dinero líquido o en efectivo.

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Al cierre de 2022 suman tres mil 560 las escuelas de campo establecidas por la Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT) en 36 regiones que involucran a 600 municipios de 26 estados de la República, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Durante el año, la EAT realizó 10 mil 438 asambleas que sirvieron para promover la transición agroecológica en el campo e impulsar acciones para la autosuficiencia alimentaria de las familias campesinas.

La Estrategia de Acompañamiento Técnico (EAT) del programa Producción para el Bienestar (PpB) cerró 2022 con presencia en 600 municipios de 26 estados de la República y con actividad constante de capacitación e intercambio de experiencias agroecológicas, sin uso de glifosato ni transgénicos, mediante tres mil 560 escuelas de campo, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como parte de PpB, un programa prioritario del Gobierno de México que opera la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría, la EAT se enfoca en productores de pequeña y mediana escala y su objetivo es inducir o fortalecer la transición de los productores a sistemas agroecológicos, agregó.

La EAT se desarrolla sobre 35 regiones donde se insertan los 600 municipios y aplica sobre maíz, frijol, café, caña de azúcar, cacao, miel, amaranto, chía y leche, y participan mil 165 técnicos agroecológicos y sociales, detalló Agricultura.

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