La presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Núñez, informó que sostuvo una reunión con la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, con el objetivo de encontrar mecanismos de conciliación entre el magisterio y el gobierno estatal ante los recientes bloqueos en la carretera Transpeninsular.

Cano Núñez explicó que el primer ayuntamiento de San Quintín ha mantenido como prioridad el impulso al diálogo, considerando la educación como eje de desarrollo y los derechos de niñas y niños como un compromiso institucional permanente.

Indicó que, desde su administración, se gestiona y se gestionará siempre para que existan condiciones adecuadas que permitan la continuidad de las actividades escolares sin que se vulneren los derechos laborales del magisterio.

Sostuvo que las manifestaciones no deben afectar a terceros ni al funcionamiento de sectores estratégicos, como el productivo, que dependen del libre tránsito por la Transpeninsular para el desarrollo económico de la región.

Enfatizó que los esfuerzos del gobierno municipal están enfocados en evitar afectaciones a las familias, tanto en su derecho a la educación como en su sustento económico.

Detalló que el gobierno local ha mantenido comunicación abierta con autoridades estatales y federales para generar una solución que garantice condiciones de justicia para los docentes sin comprometer la funcionalidad del municipio.

Finalmente, reiteró que el papel del ayuntamiento es ser un puente entre las partes, propiciando acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores de la educación como a los estudiantes y a la comunidad en general.

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El Primer Ayuntamiento de San Quintín acudió nuevamente a la Fiscalía General del Estado de Baja California para intentar presentar una denuncia por el impedimento de acceso a instalaciones públicas, daños materiales y afectaciones operativas derivadas de las manifestaciones.

En el lugar, autoridades municipales expresaron gran preocupación, al confirmar que es la segunda ocasión en que la Fiscalía se niega a recibir la denuncia, situación que —advirtieron— vulnera el estado de derecho y coloca al Ayuntamiento en una posición de riesgo legal al impedirle cumplir con sus obligaciones formales.

Carlos Andrés Sánchez Luna, Director de Asuntos Jurídicos del municipio, informó que la querella se presenta “contra quien resulte responsable”, para que sea la autoridad ministerial quien realice los actos de investigación correspondientes, mientras el Ayuntamiento cumple con el debido proceso y evita incurrir en omisiones.

El funcionario explicó que los hechos incluyen el bloqueo del ingreso del personal a laborar, cambios de chapas, daños en oficinas y restricciones para que ciudadanos realicen trámites y pagos, lo que ha generado afectaciones administrativas y financieras al gobierno municipal.

Precisó que ya existen impactos directos en áreas como Seguridad Pública, Servicios Públicos y Administración Urbana, además de procesos relacionados con permisos, liberación de vehículos y atención a contribuyentes.

Indicó que la falta de recaudación puede derivar en dificultades para cubrir compromisos operativos, pagos a proveedores y obligaciones laborales, escenario que ya fue advertido públicamente por la alcaldía.

Sánchez Luna sostuvo que la instrucción institucional es documentar los hechos y respetar el debido proceso, ya que no actuar podría configurar responsabilidades legales para los servidores públicos, motivo por el cual se insiste en formalizar las denuncias.

Agregó que existen reportes sobre accesos abiertos durante la noche, posibles pérdidas de documentación y material audiovisual difundido en redes sociales, información que también está siendo canalizada a sindicatura como parte de los reportes internos.

Recordó que, durante una visita reciente a la región, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda señaló que no habría acciones contra manifestantes; sin embargo, el Ayuntamiento aclaró que su comparecencia ante la Fiscalía responde exclusivamente al cumplimiento de sus responsabilidades legales.

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José Plascencia Galindo, presidente de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción, hizo un llamado a que las manifestaciones en San Quintín, dejen de bloquear la carretera Transpeninsular, al señalar impactos directos en la competitividad de Baja California.

El dirigente expuso que el cierre intermitente o prolongado de la principal vía de comunicación trastoca el libre tránsito de personas y mercancías, con efectos inmediatos en la operación de empresas, cadenas de suministro y servicios esenciales.

Indicó que la competitividad estatal depende, entre otros factores, de la conectividad logística y la certeza operativa. Refirió que indicadores nacionales de competitividad consideran la infraestructura, la movilidad y el estado de derecho como variables que influyen en la atracción y permanencia de proyectos productivos.

Añadió que cuando se afecta la movilidad, la evaluación de riesgo para invertir se incrementa. Esto, dijo, se refleja en decisiones de posposición o cancelación de inversiones, así como en mayores costos para la actividad económica regional.

Plascencia Galindo sostuvo que Baja California debe ser un estado donde la ley se cumpla y se salvaguarden los derechos de todas las personas, incluido el derecho al libre tránsito, al trabajo y al acceso a bienes y servicios.

Subrayó que no es viable proteger los derechos de un grupo cuando, con ello, se vulneran los derechos de cientos de miles de ciudadanos que dependen de la carretera para trasladarse, producir, comerciar o recibir atención.

Desde el sector construcción, explicó, los bloqueos impactan obras públicas y privadas, tiempos de entrega, suministro de materiales y empleo, con efectos acumulativos en la productividad estatal.

Finalmente, el presidente de Comice llamó a la paz, la reconciliación y al desarrollo productivo de Baja California, al considerar que la base para avanzar es garantizar los derechos de todos mediante el respeto a la legalidad y el restablecimiento del tránsito en la entidad.

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En un video difundido en medios de comunicación y redes sociales, el empresario agrícola de San Quintín, Carlos Hafen López, solicitó la intervención inmediata del gobierno federal ante los bloqueos que desde hace una semana mantienen cerrado el único acceso carretero de la península, al advertir que la situación podría escalar a un conflicto social similar al registrado en 2015.

Señaló que miles de jornaleros y sus familias se han visto afectados en su derecho al trabajo, al libre tránsito y al ingreso diario, y que existe un creciente nivel de inconformidad entre este sector, cuyos integrantes han expresado su disposición a movilizarse para liberar las vías de comunicación si no hay una respuesta institucional.

En un mensaje dirigido a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a senadores y diputados federales, Hafen López afirmó que los cierres son realizados por un grupo reducido de personas que mantiene interrumpida una vía estratégica para la movilidad de toda la península.

Indicó que el cierre carretero afecta no solo al municipio de San Quintín, sino también a Baja California Sur, al impedir el paso de mercancías, transporte público y suministros esenciales, con impacto directo en la actividad agrícola y comercial.

El empresario explicó que trabajadores jornaleros han perdido jornadas laborales completas, han sido regresados de sus centros de trabajo o han tenido que caminar varios kilómetros para regresar a sus hogares, al no permitírseles el paso vehicular.

Añadió que los productores agrícolas enfrentan incumplimientos contractuales y pérdidas económicas por cosechas que permanecen detenidas en el campo, en cuartos fríos o en unidades de transporte, debido a la falta de circulación.

Hafen López recordó que en 2015 un conflicto social en la región derivó en enfrentamientos y personas lesionadas, y señaló que la repetición de un escenario similar representa un riesgo si no se restablece la gobernabilidad.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades federales para atender de manera inmediata la problemática, restablecer el tránsito y evitar que el conflicto escale a un escenario de confrontación social en San Quintín.

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El Consejo Agrícola de Baja California informó que el bloqueo carretero iniciado desde la noche del lunes en la carretera Transpeninsular mantiene detenida la movilidad en ambos sentidos, lo que ha paralizado la actividad productiva y comercial en el municipio de San Quintín.

Walberto Solorio Meza, presidente del organismo, señaló que tras varias horas de cierre continuo, las afectaciones económicas y sociales se han intensificado, particularmente para el sector agrícola, que enfrenta problemas para movilizar sus productos fuera de la región.

De acuerdo con el posicionamiento del Consejo, algunas empresas se han visto obligadas a desechar fruta debido a la imposibilidad de transportarla, lo que ha generado pérdidas económicas directas y desperdicio de alimentos destinados al consumo.

El dirigente explicó que, de no resolverse la situación de manera inmediata, las cosechas podrían detenerse, ya que no existen rutas alternas en condiciones adecuadas para el tránsito de camiones de carga ni opciones logísticas viables.

Indicó que actualmente toda la cadena agrícola y comercial permanece detenida, lo que afecta no solo a las empresas, sino también a los trabajadores, sus familias y las comunidades que dependen de la actividad productiva y del flujo regular de bienes y servicios.

Solorio Meza afirmó que el sector reconoce el derecho a la manifestación y las inconformidades sociales; sin embargo, sostuvo que el bloqueo de una vía federal vulnera el derecho al libre tránsito y afecta a una región completa.

Señaló que, hasta el momento, el sector productivo no ha contado con el acompañamiento de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de movilidad, gobernabilidad y respeto al estado de derecho.

El Consejo Agrícola de Baja California hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que atiendan la situación de manera inmediata, restablezcan el tránsito en la carretera Transpeninsular y eviten mayores afectaciones a la economía regional y a la vida social de San Quintín.

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Laura Luisa Mendoza Corpus, jefa de la Oficina de la Presidencia Municipal de San Quintín, afirmó que durante la comparecencia del 5 de noviembre se presentó información sin sustento y se omitió el procedimiento previsto en el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

Durante la sesión, la regidora Ashley Giselle Casillas Gómez exhibió un documento que fue señalado como una factura por $674,209.50 correspondiente a flores de temporada. Mendoza Corpus sostuvo que el documento no corresponde a una factura ni a un pago realizado, sino a una solicitud interna dirigida a Oficialía Mayor para trámite administrativo, sin que exista erogación.

La funcionaria indicó que, conforme al Artículo 95 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, los titulares de dependencias cuentan con un plazo de tres a diez días hábiles a partir de la notificación para remitir la información solicitada a los integrantes del Ayuntamiento para su análisis. 

Señaló que dicho plazo no fue otorgado previo a la exhibición pública del documento, lo que constituyó una violación al procedimiento legal aplicable.

Mendoza Corpus expuso que la difusión de documentos sin verificación previa impide el desarrollo adecuado de la glosa del informe y provoca conclusiones anticipadas sin los elementos establecidos por la norma.

Sostuvo que la falta de observancia del procedimiento establecido limita el derecho de los funcionarios a entregar la información en los tiempos legales y genera distorsiones en el análisis de los asuntos públicos.

El Gobierno Municipal de San Quintín reiteró que la información exhibida es incorrecta y que no existe registro de gasto derivado del documento presentado.

La administración municipal afirmó que continuará proporcionando información oficial conforme a los mecanismos previstos en el reglamento y que los procesos de revisión deberán mantenerse dentro de los plazos y formalidades establecidos.

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