El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado ha solicitado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que emita un posicionamiento claro y detallado sobre la reciente revocación de su visa por parte del gobierno estadounidense.

Los senadores del PAN consideran que, tratándose de una autoridad estatal, es fundamental que la mandataria ofrezca una explicación precisa y transparente sobre las causas que llevaron a esta decisión, la cual ha generado inquietudes en la ciudadanía y en la comunidad internacional. La acción, que involucra también a su esposo, ha suscitado serias dudas acerca de la ética y la integridad en el ejercicio del poder, y cómo esto podría afectar la imagen y el desempeño de la mandataria en un momento crítico para la relación bilateral.

"Es imperativo que la gobernadora de Baja California dé una postura clara sobre esta situación, especialmente considerando la estrecha relación comercial, cultural y de inversión que existe entre su estado y Estados Unidos", señalaron los legisladores. 

El PAN enfatizó que esta situación requiere transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades, advirtiendo que una falta de explicación podría sentar un mal precedente en la dinámica diplomática y en la confianza entre ambos países.

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Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, denunció que el gobierno de Estados Unidos canceló su visa de ingreso por instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, y del subsecretario Christopher Landau.

En una carta dirigida al presidente estadounidense Donald Trump, fechada este 13 de agosto en Teapa, Tabasco, López Beltrán sostuvo que la medida tiene motivaciones políticas y cuestionó directamente al mandatario sobre si estaba enterado de la decisión.

“Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, autodenominado ‘el quita visa’, han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos de América”, afirmó.

Califica la decisión como “politiquera”

López Beltrán calificó la presunta cancelación como una decisión “politiquera y propagandística” y aseguró que, desde su perspectiva, no existe una razón que justifique la medida.

También sostuvo que los funcionarios estadounidenses no cuentan con pruebas de algún acto “inmoral o delictivo” en su contra y defendió que ha conducido su vida pública y privada conforme a los principios inculcados por sus padres.

El hijo del expresidente mexicano elevó sus críticas contra Rubio y Landau, a quienes acusó de actuar como “jefes de pandillas” y de utilizar temas como la seguridad nacional y el narcoterrorismo para justificar acciones contra gobiernos y políticos que, según su postura, son considerados una amenaza para los intereses estadounidenses.

Cuestiona directamente a Donald Trump

López Beltrán aseguró que perder la posibilidad de ingresar a Estados Unidos no representa un problema para él, pues afirmó que no tiene interés en visitar ese país “en estos tiempos decadentes y lamentables”.

Sin embargo, dirigió una pregunta al presidente estadounidense para conocer si tenía conocimiento de la decisión.

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”, cuestionó.

En caso de que Trump desconociera lo ocurrido, López Beltrán preguntó por qué no destituye a Rubio, Landau y otros funcionarios que, desde su perspectiva, mantienen una posición adversa hacia México y Morena.

En su carta también hizo referencia a la relación que Andrés Manuel López Obrador mantuvo con Trump durante sus respectivas administraciones y sostuvo que su padre consideraba que el mandatario estadounidense había cambiado respecto al político con quien trató cuando ambos encabezaban sus respectivos gobiernos.

Hasta el momento, las afirmaciones sobre las razones de la cancelación corresponden a lo señalado por López Beltrán en su carta, sin que en la información difundida se detalle una respuesta oficial del gobierno estadounidense a sus acusaciones.

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La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, Lizbeth Mata Lozano, calificó la detención del ex gobernador Ernesto Ruffo Appel como "el acto más ruin y cobarde que ha hecho el gobierno de Morena". 

Mata Lozano criticó las políticas del gobierno estatal y federal, señalando que "estamos en la peor crisis de estado gracias a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y sus actos delictivos". 

"¿Saben quién sí debe estar en la cárcel? Rocha Moya por sus vínculos con el crimen organizado, así como la gobernadora del estado por colaborar con Estados Unidos y entregar información confidencial de seguridad", expresó la líder panista en un video en las redes sociales. 

Enfatizó que "ellos son los responsables de esta crisis y hoy hay hartazgo, hay indignación y encabronamiento".

"Hoy con más fuerza exigiremos la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar y vamos a defender la justicia y el estado de derecho del ex gobernador Ernesto Ruffo", concluyó Lizbeth Mata Lozano.

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Tras la detención del ex gobernador, Ernesto Ruffo Appel, el Partido Acción Nacional (PAN) resalta que sucede en medio de la atención pública en torno al caso de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. 

En un comunicado, el partido reafirma su compromiso con la legalidad, el debido proceso y la presunción de inocencia. La organización política expresó su confianza en que las investigaciones avanzarán conforme a los señalamientos y que las instituciones deben actuar con imparcialidad, sin prejuicios políticos ni juicios de valor.

El PAN subrayó que la justicia debe aplicarse de manera igualitaria para todos los ciudadanos, independientemente de su cargo o afiliación política. Asimismo, reiteró que la ley no debe tener criterios distintos dependiendo de quién sea el involucrado, haciendo referencia a otros casos con graves señalamientos públicos, como los de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar, en los cuales, indicó, aún no se han presentado pruebas concluyentes.

El PAN concluyó señalando que siempre defenderá a México y a sus instituciones, manteniendo su compromiso con la justicia y la igualdad ante la ley, independientemente de los desafíos o controversias que puedan presentarse en el escenario político nacional.

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El periodista Héctor de Mauleón dio a conocer este jueves, en su columna publicada en El Universal, dos nuevos audios en los que presuntamente participa la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, relacionados con supuestas gestiones para recuperar su visa estadounidense y atender posibles señalamientos en su contra.

De acuerdo con la publicación, en el primer audio un supuesto intermediario explica a la mandataria que una reunión serviría para corroborar la información que pudiera proporcionar con la que ya tendrían las autoridades estadounidenses. Además, le recomienda ser "abierta y honesta", al señalar que ello podría ayudar en temas relacionados con su visa e incluso con eventuales acusaciones.

En la misma conversación, el interlocutor le pregunta si preferiría realizar el encuentro en Tijuana o Miami. Tras responder que optaría por Tijuana, el supuesto intermediario le informa que la reunión sería directamente con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y le pregunta si desea continuar con el proceso o consultar previamente a su abogado.

El segundo audio, según la columna, corresponde a una llamada telefónica en la que el mismo intermediario le comunica que la primera reunión habría sido autorizada para celebrarse en Panamá, a finales de agosto, al tratarse de un "territorio neutral".

Durante esa conversación, la gobernadora pregunta si sus abogados podrían acompañarla y manifiesta su interés en que el procedimiento se lleve con la formalidad correspondiente. El interlocutor responde que consultará con sus superiores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre esa posibilidad y explica que la sede en Panamá fue definida para evitar riesgos relacionados con una reunión en Estados Unidos o México.

La publicación también recuerda que Marina del Pilar ha sostenido públicamente que personas le hicieron planteamientos sin sustento y que, al desconocer el tema, solicitó que cualquier gestión se realizara por conducto de un abogado, quien, según su versión, nunca fue contactado.

Asimismo, la mandataria ha asegurado que los audios difundidos fueron manipulados y sacados de contexto. Además, responsabilizó al exgobernador Jaime Bonilla Valdez de estar detrás de la filtración, al afirmar que él le recomendó reunirse con personas vinculadas con autoridades estadounidenses para abordar el tema de su visa y que posteriormente le tendieron una trampa.

En su columna, Héctor de Mauleón sostiene que, más allá del origen de las grabaciones, el contenido de las conversaciones plantea cuestionamientos sobre las declaraciones atribuidas a la gobernadora, entre ellas su disposición a compartir información derivada de las mesas de seguridad, referencias a cuentas bancarias en Estados Unidos y reuniones previas con agencias estadounidenses.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento adicional de la gobernadora sobre estos nuevos audios más allá de las declaraciones previas en las que ha negado irregularidades y ha sostenido que el material fue editado y descontextualizado.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó esta mañana durante la conferencia matutina que la empresa Toyota solo migrará una línea de producción de su planta en el estado, y que este proceso se extenderá hasta el año 2030. 

La mandataria aclaró que no se trata de un cambio abrupto, sino de un proceso planificado y gradual, respaldado por información recibida de la Secretaría de Economía y de la propia compañía automotriz.

Ávila Olmeda resaltó que Baja California continúa siendo uno de los estados con mayor inversión extranjera directa en el país, con empresas que deciden ampliar sus operaciones y crear más empleos, lo que refleja un entorno económico favorable y en crecimiento.

Por su parte, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alejandro Arregui, explicó que los aproximadamente 2,800 empleos en la planta de producción no están en riesgo, ya que solo la línea de producción "Tacoma" migrará de manera gradual hacia 2030. "Lo más importante es salvaguardar la integridad y los derechos de los trabajadores", expresó Arregui, quien añadió que se trata de un proceso que se irá materializando en los próximos años y que Baja California cuenta con mano de obra calificada para adaptarse a estos cambios.

El funcionario aseguró que los trabajadores que salgan de la línea de Tacoma podrán ser reorientados hacia las nuevas inversiones que están llegando al estado, garantizando así la estabilidad laboral y el crecimiento económico en la región.

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